Las cifras de muertos se está acercando peligrosamente a las de la guerra civil. Las autoridades aún no dan el el clavo para detener el auge criminal en El Salvador, el más peligroso de los países latinoamericanos
Escrito por Juan José Dalton. Miercoles 16 de Septiembre. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR - La sociedad salvadoreña sufre un trauma que no parece tener freno: la ola de homicidios que día a día está cobrando la vida de entre 12 y 14 personas. Las cifras están peligrosamente acercándose a las que hubo en la guerra civil, cuando los enfrentamientos entre soldados y guerrilleros en la década de 1980 dejaban entre 15 y 17 muertos diarios.
El gobierno de Mauricio Funes es bien visto nacional e internacionalmente: las encuestas lo reflejan. Sin embargo, la criminalidad puede llegar a frustrar planes sociales y económicos, de inversiones y generación de empleos. Hasta el momento las autoridades de seguridad no han dado en el clavo para detener la ola criminal. Varios sectores exigen la veda total de armas e incluso una emergencia nacional antidelincuencial.
Reportes de última hora dados oficialmente por la Fiscalía y la Policía, indican que entre el 1 de enero y el 13 de septiembre de 2009, se han cometido 2 mil 992 homicidios. Las cifra asombra a las autoridades dado que el año pasado en ese mismo período se habían cometido 2 mil 203 homicidios, que ya era un nivel altísimo. Atentados, secuestros y desaparecimientos, son cada vez más frecuentes.
En este mes de septiembre, entre los asesinados se cuentan a dos ciudadanos españoles: el periodista Christian Poveda, asesinado el 2 del presente mes presuntamente por un grupo de pandilleros de la “Mara 18”, y el empresario fabricante de muebles, Antonio Blanco Rodríguez, quien fue asesinado el sábado 12 en un asalto para robarle un dinero que había cobrado por su trabajo.
Los presuntos asesinos de Poveda han sido puestos en prisión y están ya en procesos judiciales. Analistas de diferentes signos contrastan la eficiencia mostrada en el caso de un extranjero, en comparación con los asesinados connacionales, cuyos casos quedan en la total impunidad. No obstante, la diligencia mostrada en el caso Poveda da esperanzas de un nuevo rumbo en el sistema de investigaciones.
La crónica roja
El día a día es una suerte de crónica roja. El lunes 14 de septiembre, por ejemplo, la policía fue avisada por vecinos del barrio San Luis, de San Salvador, ubicado en los alrededores del Hospital Militar, sobre un intenso hedor que se sentía en un vehículo que llevaba dos días abandonado. La policía llegó encontró en el interior del auto un panorama de horror. Un hombre y tres mujeres asesinadas a golpes. No tenían heridas de bala ni de cortopunzantes, sino señas de que fueron golpeadas y estranguladas.
El móvil de este hecho no se conoce. La policía estima que la mayoría de homicidios están relacionadas con la actividad pandilleril de las llamadas “maras”, quienes no sólo se enfrentan a muerte por rivalidades territorial, sino que ejecutan a gran cantidad de víctimas porque no pagan “impuestos o rentas” de las extorsiones que imponen al transporte público urbano y a los negocios ubicados en las barridas pobres. El año pasado varias escuelas en zonas “peligrosas” cerraron sus puertas porque las “maras” estaban cobrando “rentas” por cada profesor que impartía clases.
“Estamos en presencia de una actividad mayor no sólo de los delitos contra la vida, de rencillas personales, sino que ahora aparecen delitos de la actividad delictiva patrimonial, de tal manera de que en conjunto el accionar de las pandillas, de las bandas delincuenciales y de los problemas de la violencia social es que tenemos este tipo de hechos delincuenciales que lamentablemente no son nuevos en el país”, reconoció Hugo Ramírez, subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), para la seguridad pública.
Las venganzas entre los narcotraficantes parecen estar llegando con más frecuencia a El Salvador. Es peligroso que estos casos lleguen a hacerse similares a lo que ocurre en algunos estados mexicanos, donde impera la ley de los carteles.
Causas y herencias
Las causas de esta criminalidad están en problemáticas desatendidas y métodos policiales deficientes en el pasado. “Desde mi punto de vista”, explica Oscar Fernández, un fundador de la policía después de la Guerra Civil (1980-1992), “lo que existe en El Salvador es una enorme exclusión social, que la sufre principalmente la niñez y juventud. Ellos ingresan a las pandillas y comienzan a cometer una especia de violencia contestataria. El remedio que se le puso al mal fue las políticas de manos duras que generaron más violencia”.
“Sumemos las deficiencias investigativas de la policía y de la fiscalía, así como la impunidad judicial. De cada 100 crímenes, casi 90 quedan en la impunidad... Otra elemento: el crimen organizado y el narcotráfico ya está en todas estas esferas”, apuntó Fernández, recalcando que es la herencia dejada por “desgobiernos” que respondieron a intereses ajenos a los de toda la sociedad.
El Salvador, sin embargo, es un país de contrastes. El crimen sumerge en el agobio a la sociedad, pero la gente en la calle expresa su esperanza en que el actual gobierno le ponga fin a la debacle que heredó.
Las encuestas, como la mexicana Mitovsky o la costarricense CID-Gallup, aseveran que entre un 75 y un 85 por ciento la población apoya al gobierno de izquierda moderada que encabeza Mauricio Funes, quien ha reclamado unidad de todos los sectores para terminar con el flagelo de la violencia generada por la corrupción, la exclusión y el crimen organizado.
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