El PDC pidió más tiempo para buscar restricciones que eviten decisiones discrecionales
Escrito por León Eduardo López. Sabado 5 de Septiembre. Tomado de El Diario de Hoy.
La Ley de Ordenamiento Territorial, que ya contaba con el compromiso de ser votada por todos los partidos políticos en la sesión plenaria de ayer, fue devuelta a la comisión de Asuntos Municipales a petición del PDC, que hizo "observaciones de orden jurídico" relativas a la posibilidad de abrir las puertas a eventuales expropiaciones de tierras a partir de decisiones discrecionales de una autoridad administrativa creada por la misma ley.
La decisión de retirar el dictamen fue apoyada además por el PCN y ARENA, quienes consideran que una mayor consulta y un estudio más amplio podrían derivar en un producto final más acorde a las necesidades del país en materia de ordenamiento territorial.
Esta es la segunda ocasión que la ley regresa desde el pleno, una decisión aplaudida por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que cree que este tipo de leyes son una "alerta roja" (ver nota aparte).
Las dudas de los diputados se ciernen sobre todo en dos artículos en específico.
El proyecto de ley, en su Artículo 3, declara "de utilidad pública y de interés social el ordenamiento y desarrollo territorial y los instrumentos derivados de la presente ley".
Además, en el Artículo 6, al hablar del interés social, se lee: "La actuación de la administración pública debe asegurar la función social de la propiedad privada; en consecuencia, el uso del territorio estará sujeto a regulaciones en esta materia a fin de garantizar el bien común".
Los diputados creen que esto podría reñir con el Artículo 103 de la Constitución de la República, según el cual "Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social".
El problema, según Parker, es que los anteriores artículos dejan abierto a la discrecionalidad de un organismo el uso que se le pueda dar a una porción de terreno.
"Las facultades discrecionales de los funcionarios públicos no tienen que ser ilimitadas, es un tema de estado de derecho", esgrimió el pedecista.
El también abogado explicó que el problema viene porque el Consejo de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (CODT), entidad creada por esta misma ley, "tendría la facultad de decidir si una propiedad cualquiera está cumpliendo, a su criterio, la función social o no, y partiendo de su propio criterio decidir y determinar la expropiación de ese bien, con el agravante que tendría la misma autoridad la facultad de mandar a inscribir con su sola petición administrativa ese nuevo título de propiedad por encima de títulos de propiedad a favor de terceros".
La idea de devolver a la comisión esta normativa parte de proponer límites y restringir esas facultades discrecionales de la autoridad, para definir en qué casos procederán las expropiaciones a partir de la utilidad pública y el interés social de las propiedades.
Los diputados aclararon que no se trata de un asunto de darle o negarle facultades políticas al CODT, que según la ley será un ente colegiado conformado por representantes del Ejecutivo, alcaldes y profesionales de diversas áreas, sino que la negativa de aprobarlo ayer se debe a que deben normarse los criterios que este ente utilizará para definir el carácter social de un terreno para ser utilizado para una determinada actividad productiva.
Respaldos
El resto de partidos de oposición respaldó la propuesta del PDC, bajo el argumento que con un mayor estudio podría obtener un mejor resultado.
El diputado de ARENA Roberto d'Aubuisson dijo que sí hay dudas sobre algunos apartados específicos de la ley: "De forma responsable debemos hacer las consultas pertinentes", dijo el legislador opositor.
El anteproyecto de ley de ayer era el borrador número 31 que se presentaba y ha sido discutido en la comisión por más de dos años.
D'Aubuisson se basó en las explicaciones de su colega Parker para decir que "hay situaciones que pueden reñir con la Constitución y podrían ser confiscatorias", para luego aclarar que "puede ser que se equivoquen", pero que eso se sabrá hasta que se hagan las consultas respectivas.
El arenero hizo un parangón con la Ley General de los Deportes, que durante el proceso de discusión fue devuelta desde el pleno en cuatro ocasiones "y yo no me clavé por eso ni agarré llave", dijo el diputado.
Por su parte, el presidente de la comisión, el pecenista Mario Ponce, criticó la decisión porque considera que ha habido tiempo suficiente para estudiarla. Sin embargo, aclaró que "cualquier criterio que determine el plan no va ser un criterio sacado de la manga de la camisa", sino más bien basado en análisis de expertos en el área.
Ponce dijo que habrá que esperar los 15 días otorgados al PDC para que presenten sus observaciones.
El FMLN, por intermedio del diputado Carlos Cortez, criticó que a pesar del consenso no se llevara a votación el proyecto de ley, que servirá como herramienta para que los 262 municipios puedan tener planes de desarrollo que les permitan crecer de una manera ordenada. El partido oficial no apoyó el retiro de la ley.
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