Analicen milimétricamente cada proyecto que se presente

Lo peor que le puede suceder a un país necesitado de crear empleo y generar riqueza es caer en marañas de regulaciones, exigencias, instancias, permisos, trámites y cambiantes leyes y disposiciones

Editorial. Martes 8 de Septiembre. Tomado de El Diario de Hoy.

El fallido intento de aprobar la regimentación económica del país vía "ordenamiento territorial" debe dejar una clara lección: los diputados están en el deber de analizar, palabra por palabra, los proyectos de ley que se presenten a la Asamblea, indistintamente del partido que lo respalde. En el caso referido, la extrema izquierda se valió de un diputado del PCN para sorprender a la Legislatura con una propuesta que habría creado un ente monstruoso con poder para autorizar o vetar toda actividad productiva, con la consiguiente corruptela.
Se aprobaba la ley y no habría posibilidad de detenerla por veto Ejecutivo; la propiedad quedaba en "función social", las inversiones paralizadas, se crearían cabildos para otorgar permisos y, como una consecuencia, se iba a favorecer a los allegados y a perseguir al resto. De un plumazo se confiscaban terrenos.

El Consejo "de Ordenamiento Territorial" tenía la facultad de revertir calificaciones y derechos adquiridos. Si las instalaciones de una empresa ya no encajaban con la nueva función territorial, se le prohibía ampliarlas, renovarlas o transformarlas; sólo reparaciones quedaban autorizadas. Además si el Consejo consideraba que una urbanización no cumplía con su función social, podía ordenar reestructurarla o instalar tugurios en las zonas verdes.

El Consejo tendría poder para definir la clase de urbanización que podía llevarse a cabo en una zona urbana, pasando por encima del buen sentido, la experiencia y los riesgos que asume un desarrollador. En otra parte del proyecto, se dice que "la autoridad promoverá la participación de la empresa privada en los procesos de transformación y desarrollo urbano, garantizando subsidiariamente, que… se realicen de acuerdo con las previsiones de los planes y a las necesidades de la población". No son los inversionistas los que establecen los objetivos de un desarrollo y el mercado al que ofertan, sino los burócratas; los empresarios vendrían a ser los amanuenses del Consejo.

En otro de sus apartados la verborrea sin sentido brota a la superficie: "Ordenamiento simplificado de áreas de limitada dinámica urbanística y medidas de consolidación de sus núcleos de población".

El que no esté loco invertirá en otra parte

El proyecto contempla la participación ciudadana, vale decir la chusmocracia. En un inciso se dice que "Previo a la aprobación de los planes de ordenamiento territorial, éstos deberán de ser sometidos a por lo menos dos audiencias públicas a las que deben de ser convocadas todas las organizaciones ciudadanas y empresariales relacionadas con la temática en el ámbito territorial correspondiente. La primera audiencia se realizará para recibir propuestas y debe de celebrarse por lo menos 150 días hábiles antes de que el plan sea aprobado. La segunda audiencia pública se realizará para recibir observaciones al proyecto final del plan de ordenamiento y desarrollo territorial y debe de celebrarse por lo menos 25 días hábiles antes de su aprobación…" No hay reglas ni disposiciones fijas, sino que se van armando de acuerdo con las circunstancias. Los urbanizadores que no estén locos se irán a otra parte a invertir.

Lo peor que le puede suceder a un país necesitado de crear empleo y generar riqueza es caer en marañas de regulaciones, exigencias, instancias, permisos, trámites y cambiantes leyes y disposiciones, más cuando en cada nivel, a cada paso, hay discrecionalidad, se decide de acuerdo con las entendederas del burócrata enquistado en un punto. El camino será a través de palmas tendidas, favores solicitados y represalias al que no responde.