Ineficiencia en contra del hampa

El descabezamiento de la unidad élite contra el crimen organizado, el traslado de cabecillas convictos de Zacatraz a presidios menos rigurosos y el desarme de la ciudadanía honrada son las acciones más percibidas del gabinete de seguridad

Martes 8 de Septiembre. Tomado de El Diario de Hoy.

El mismo Presidente Mauricio Funes ha reconocido que en el tema de seguridad hay problemas serios e, incluso, reconoce errores. Las encuestas de opinión, sin excepción, recogen la percepción de los salvadoreños: la criminalidad y la inseguridad han empeorado y parecieran estar ganando la batalla a las autoridades.
Y no sólo son los altos índices de homicidios sino las extorsiones, los robos y asaltos y, en las últimas semanas, los secuestros, delitos que en los últimos años prácticamente estaban erradicados.

El blanco de las críticas las tiene el gabinete de seguridad que no solamente no ha podido montar estrategias claras y contundentes para enfrentar el alto índice delincuencial, sino que han dado "señales" contradictorias como lo fue el ablandar el régimen carcelario, cuando es en esta área de donde se ordenan muchas extorsiones; el descabezamiento del cuerpo especializado contra el crimen organizado de la Policía Nacional Civil (PNC), o la desvinculación con el patronato de la empresa privada que colabora directamente para enfrentar la criminalidad.

Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, es el único que lee que las cifras de la criminalidad van disminuyendo porque están dando resultados los planes que se han echado a andar y que básicamente se resumen en el despliegue de más soldados y policías, la rotación en los mandos de la PNC y la descentralización de cuerpos élites de investigación.

El Procurador de Derechos Humanos, Óscar Luna, probablemente resume lo que ahora ocurre con seguridad: "Las políticas públicas del actual gobierno aún no dan resultados efectivos".

La carga de los homicidios

Hasta el 31 de agosto pasado se cometieron 732 homicidios más que en los ocho meses de 2008.

Pese a los llamados a la unidad nacional contra la criminalidad formulados por el mandatario, la ola de homicidios no cesa como tampoco los asaltos y crímenes en el transporte público, la gente no ve más policías y soldados en las calles como se había anunciado y las extorsiones crecen a diario.

Si bien el gobernante anunció, tras su primer mes en el cargo, 10 medidas que pretendían contrarrestar los altos niveles de delincuencia, hay quienes sostienen que ha pasado muy poco tiempo para ver los resultados, pero coinciden que "hasta hoy no tiene nada destacable" en el tema seguridad.

"No es que el Gobierno está haciendo mal las cosas, pero su falta de claridad y su tardanza en empezar a ejecutar medidas de mayor impacto, han contribuido a que lejos de contenerse o revertir la criminalidad, parece que está incrementando en algunas modalidades delictivas", dice el analista político Joaquín Samayoa.
En su discurso de toma de posesión, el mandatario dijo que "que no va dar tregua a las pandillas e iba arreciar el combate al crimen organizado y el narcotráfico con la inteligencia militar", pero cuando anunció un plan de seguridad 18 días después las medidas contra las maras brillaron por su ausencia.

Más bien en julio, Centros Penales ablandó medidas de seguridad en las prisiones y trasladó al cabecilla de la MS, El Sirra, de Máxima Seguridad al presidio de Gotera, junto a otros siete peligrosos convictos de secuestros y asesinatos. Sumado a eso, la Policía descabezó a su División Elite contra el Crimen Organizado (DECO) y quedó en el limbo la modernización del sistema de emergencias 911.

Estas medidas fueron calificadas por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) como "un mal mensaje" para la ciudadanía y señales de impunidad para el crimen organizado.

De hecho, el traslado de El Sirra coincidió con una ola de robo de autos en Santa Tecla y el sur de San Salvador, el teatro de operaciones de la mara de San José El Pino, que encabezaba El Sirra.

Samayoa comentó que no era oportuno hacer cambios en ese momento, porque el país se encuentra en emergencia delincuencial y no se puede "empezar a practicar una idea demasiado idealista de derechos humanos o de actitudes tolerantes".

En cuanto al cambio de jefatura de la DECO, Samayoa indicó que "si no había razones de peso para los cambios, era prudente no hacerlos en estos momentos", ya que hay una grave crisis delincuencial.

El diputado Antonio Almendáriz coincidió con Samayoa y dijo que los cambios no fueron correctos. "Si los que estaban hacían bien el trabajo, por qué cambiarlos. Lo más lógico hubiera sido que los hubieran ubicado en segundo mando. El país esta sufriendo el embate a la delincuencia, por qué cambiarlos?", cuestionó Almendáriz.

Inconstantes

Cuando a mediados de junio, el Presidente anunció el Plan Anticrisis, también incluyó 10 nuevas medidas para la seguridad pública. Entre ellas, dijo que se enfocarían esfuerzos unificados entre Policía y Ejército en seis de los 25 municipios más violentos, prometió incrementar la plantilla policial, dar más seguridad en los centros escolares, ampliar la veda de armas, impulsar los concejos en el tema de la prevención y más investigación en el tema de las extorsiones, entre otras medidas.

Funes anunció medidas como mejoras en las prestaciones laborales de los policías y el refuerzo de la planta policial en 25 municipios con mayor índice delictivo.

Las autoridades de seguridad han ejecutado varios lanzamientos de Grupos de Tarea Comunitaria (policías y soldados), en seis municipios de mayor peligrosidad.

Samayoa añadió que no está claro en qué va a consistir el involucramiento y el rol que tendrá la Fuerza Armada en comparación con otros años. "Cada vez que vemos que los soldados simplemente van caminado en fila india de un lado a otro, el delincuente los evade y delinque en otro lugar. Esos patrullajes verdaderamente no tienen mayor impacto", indicó Samayoa.

Pero el patrullaje conjunto no ha sido constante, porque, según se alegó en su momento, tropas fueron dedicadas a custodiar oficinas públicas.

El gobierno de Funes ha apostado por la colaboración de las comunidades y los gobiernos municipales, pero esta iniciativa no se ha desarrollado totalmente.

Samayoa argumenta que este sistema ya se aplicó en gestiones anteriores en menor escala y siempre ocurrió que algunos alcaldes tenían sus propias políticas y no se sumaron a las iniciativas de seguridad.

Para Samayoa, Funes no ha tenido ningún acierto en el tema seguridad. Tampoco ve nada destacable y duda mucho que lo actuado por el Gobierno tenga un gran impacto en reducir la criminalidad.