Y así como sería muy inconveniente abrir camino a las candidaturas independientes tampoco se vale que los partidos se sigan encastillando en exclusivo beneficio de sus dirigencias, que son por hoy las que controlan todo.
Escrito por Editorial.02 de Agosto. Tomado de La Prensa Gráfica.
En su sesión de la pasada semana, la Asamblea Legislativa aprobó, por amplia mayoría, una reforma constitucional que bloquea la posibilidad de candidaturas independientes a cargos de elección popular; esta reforma tendría que aprobarse en una segunda legislatura, por mayoría calificada, pero el número de votos de la aprobación que acaba de producirse augura que la reforma pasará. El tema coyunturalmente se complica porque hay contradicción con una sentencia de la Sala de lo Constitucional dada el mismo día; y eso quiere decir que se abre una nueva disputa al más alto nivel, con visos de ser muy intensa.
Se han oído ya voces muy críticas de la reiteración que ha hecho la Asamblea en este caso del mecanismo de dispensa de trámites, siendo que lo decidido es una cuestión fundamental. En realidad, un tema como éste tendría que haberse debatido de manera seria y razonada, y no sólo en los niveles políticos sino en los distintos ámbitos sociales.
Pero hay algo de más fondo: tratar sin perspectiva histórica y sólo con criterio jurídico un punto como las candidaturas independientes es poner en riesgo el proceso y el sistema, ya que nuestros partidos políticos están aún en vías de institucionalizarse, lo cual es fundamental para la democracia. Abrir en este momento la llave de las candidaturas independientes significaría jugar con fuego, pues lo más probable es que tal posibilidad llevara a alborotar ambiciones sin control, en vez de enriquecer responsablemente el catálogo de opciones. Lo más grave de esto vendría a ser que una vez autorizado ya no habría vuelta atrás, pese a las consecuencias negativas previsibles. Por consiguiente, en la actual etapa de la evolución del proceso democrático sería temerario exponer dicho proceso a semejante contingencia.
Pero sí debe haber otras reformas
Dicho lo anterior, también hay que decir que los partidos políticos no deberían seguir viendo cualquier mejoría ordenadora del sistema como una amenaza, pues hay que insistir en que el sistema no les pertenece, sino que está hecho para que ellos cumplan la función instrumental que les corresponde. Y así como sería muy inconveniente abrir camino a las candidaturas independientes tampoco se vale que los partidos se sigan encastillando en exclusivo beneficio de sus dirigencias, que son por hoy las que controlan todo.
En esa línea, tendría que apresurarse de veras la aprobación y puesta en práctica de una ley de partidos políticos que responda a los requerimientos de los tiempos y de la realidad. Desde la sociedad civil se deberían gestar las presiones responsables para que eso ocurra, ya que en este punto los partidos son juez y parte: ellos son realmente los que deciden lo que va a regirlos. Aunque es claro que seguir sin un régimen legal adecuado no es un beneficio sino una dañina licencia para pervertirse en vez de perfeccionarse.
Por otra parte, hay que revisar a fondo el mecanismo de representación. En lo referente a diputados, hay que ir pensando en superar el esquema de lista departamental para encaminarse hacia lo que sería mucho más democrático: la elección distrital personalizada. Y, en el orden municipal, desde hace tiempo debería tenerse representación proporcional. En otras palabras, campo para hacer reformas sensatas hay de sobra, y a ellas habría que dedicar las energías que se desperdician tan fácilmente en conflictos evitables.
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