El traspaso de remanentes de un área a otra del Ejecutivo deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Unos celebran porque hay más transparencia y otros protestan porque hay más burocracia. Pero lo cierto es que la partida secreta daba pie a manoseos políticos y a corrupción.
Por Fernando de Dios.27 de Agosto. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR –La resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar inconstitucionales los artículos de la Ley del Presupuesto que permiten el traslado a la presidencia de la República de fondos sobrantes de los ministerios, y que ya era tradición que el presidente de turno usara esos montos discrecionalmente, ha generado variadas reacciones en la clase política del país.
Esta atribución fue introducida en la Ley de Presupuestos en la presidencia de Francisco Flores (1999-2004), mediante la reforma de dos artículos de dicha normativa, y a partir de allí fue como dar un abultado cheque a los presidentes para gastar aquellos fondos sin ningún control.
Partida secreta, billetera gorda
La resolución que ahora da la Sala de lo Constitucional debió darse mucho antes, para la buena salud de la democracia, pues es harto sabido que, esos fondos de uso discrecional —conocidos como “partida secreta”— le sirvieron a los presidentes de turno para sobornar a toda clase de políticos y funcionarios, para que siguieran un guión escrito para favorecer oscuros intereses.
Cuando Elías Antonio Saca dejó de ser presidente de la República en 2009, trascendió que, gracias a esta atribución, había desviado a Casa Presidencial al menos 219 millones de dólares, desconociéndose cómo o en qué los usó.
En los corredores del poder se ha especulado que con ese dinero Saca financió, entre otras cosas, al movimiento Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), ahora convertido en un partido fortísimo en el Congreso, con 13 diputados, y si se materializa una alianza con los cinco diputados independientes del denominado Líderes por el Cambio, el bloque de GANA obtendrá 18 parlamentarios, los mismos que su archirival Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
La inconstitucionalidad de ese mecanismo lo habían buscado antes, en el 2004, varios dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que interpusieron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, pero no les dio la razón, quizá porque en ese entonces algunos miembros de la Sala de lo Constitucional se movían, salvo excepciones, en base a intereses no precisamente jurídicos.
Pero esta nueva Sala ha demostrado tener los pantalones bien puestos, con su fallo.
El ex vicepresidente de la República, Enrique Borgo Bustamante, interpuso el recurso de inconstitucionalidad el pasado mes de marzo, alegando que dos artículos de la Ley de Presupuestos que dan esa facultad al presidente, contradicen la transparencia debida que establece la Constitución de la República para el uso de los fondos públicos.
La CSJ ha dado la razón al demandante y ha establecido que, a partir de ahora, la Asamblea deberá conocer y aprobar los traslados de fondos que la Presidencia de la República quiera realizar, puesto que así lo establece la Carta Magna en su Artículo 131.
“En una sociedad democrática es deber del Estado garantizar la transparencia en la actuación de los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones oficiales” dice la sentencia.
Continúa afirmando que “la transparencia y la rendición de cuentas presupuestarias son necesarias para prevenir, combatir y erradicar toda manifestación o forma de corrupción en el manejo y destino de todos los fondos públicos”.
Y concluye declarando que “las denominadas “partidas secretas”, entendidas como aquellas que no están sujetas a control y rendición de cuentas, no tienen asidero constitucional”.
Chantaje y burocracia
El presidente de la República, Mauricio Funes, declaró a principios de la semana, ante la inminencia del fallo de la CSJ, que si se daba en el sentido que se ha dado, podría abrir la posibilidad de que él se viera sometido a “chantajes políticos” por los diputados para poder utilizar fondos sobrantes de algunos ministerios en áreas que su gobierno considera prioritarias.
Recogiendo ese guante y sin darse en absoluto por aludido, el diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN) Francisco Merino, apuntó directamente al partido que llevó a Funes al gobierno, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), por las repetidas disputas que en los casi 15 meses de gobierno de Funes han mantenido presidente y partido.
“El FMLN en muchas ocasiones ha tratado de ponerle trabas al presidente Funes”, dijo Merino, y añadió que “cuando se habla de chantaje yo entendería que se habla en esa dirección”.
“No hay una partida que el presidente maneja desde su gaveta en el escritorio
y de ahí comienza a repartir dinero a diestra y siniestra", afirmó Funes.
Ante lo que el vicepresidente de la Asamblea Legislativa y miembro de la Comisión Política del FMLN, Sigfrido Reyes, señaló que “en la Asamblea hay toda la voluntad y la disposición de cooperar con el Ejecutivo para cualquier solicitud de transferencias”.
Reyes dejó clara la sintonía de su partido con la opinión de los magistrados de la CSJ al asegurar que, de acuerdo al espíritu y la letra de la Constitución, “aprobar el presupuesto de la nación y sus reformas son competencia del Legislativo”.
El otro argumento argüido por los críticos de esta resolución de la CSJ es que el hecho de tener que acudir a la Asamblea cada vez que el ejecutivo quiera trasladar fondos de una cartera a otra conllevará una pérdida de tiempo y un incremento innecesario de la burocracia.
El ministro de Seguridad y Justicia, Manuel Melgar, dijo este jueves esta medida afectará a la efectividad del Ejecutivo, ya que será “una traba para poder responder a los requerimientos de los distintos órganos del gobierno”.
Además, Melgar, al igual que manifestó Funes hace días, aseguró que en el gobierno “no existe partida secreta”, sino una facultad del presidente para pasar fondos de un ministerio a otro a través del de Hacienda.
“No tiene sentido. Hacienda lo que hace es trasladar lo que dejó de gastar (el ministerio de) Justicia a la Policía para que compre vehículos, y así otros”, añadió.
En este sentido, ha habido quien, como el diputado Merino, también ha señalado que el Ejecutivo se va a encontrar con la engorrosa burocracia cuando el país enfrente una emergencia, “en un país como el nuestro que está constantemente sometido a situaciones de crisis”.
El diputado del FMLN Benito Lara señala que para tales casos el gobierno ya cuenta con instrumentos suficientes.
“Si es urgencia ya está claro que se declara estado de calamidad”, un instrumento que sí puede utilizar el Ejecutivo a discrecionalidad para el caso que, por ejemplo, se produzca un desastre natural.
Sin embargo, Lara también declaró a ContraPunto que será la Asamblea Legislativa la que deberá agilizar sus procedimientos “si las transferencias son importantes y necesarias para resolver los problemas de la población y va contribuir a la transparencia y a no dar espacio a la corrupción”.
Y no sólo la Asamblea, sino también el Ejecutivo, según Lara, podría revisar sus normativas en este sentido, como la ley Lacap, porque “aquí hay procedimientos que duran hasta un año y eso no puede ser”.
ContraPunto intentó contactar en repetidas ocasiones con Marcos Rodríguez, Subsecretario de Transparencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, o con el titular de esta, Hato Hasbún, para que valoraran qué tanto puede afectar esta sentencia a la capacidad de ejecución del gobierno y a la transparencia en el manejo de fondos públicos, pero no hubo respuesta de los funcionarios.
Llega a su fin un mecanismo promotor de la corrupción - Noticias de El Salvador - ContraPunto
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.