Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.26 de Agosto.Tomado de Diario Co Latino.
El Presidente de la República, Mauricio Funes, se pronunció, el pasado 21 de agosto, a favor
de una ley que prohíba la minería de metales en forma definitiva.
En declaraciones posteriores al recibimiento de la propuesta de política pública para la juventud, el Presidente mostró voluntad de respaldar el proyecto de nueva ley de minería que impulsa la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desde finales de 2007.
Funes dijo a los medios de comunicación estar dispuesto a llevar dicha propuesta de ley a discusión con los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, con los que su gobierno logra consensos en otros temas.
Como reacción, representantes de la Mesa expresaron ayer, en conferencia de prensa, su satisfacción por las referidas declaraciones del Presidente, a las que calificaron como “un giro importante en el abordaje de la problemática minera por parte del actual gobierno”.
La Mesa recordó que Funes “se comprometió a no permitir los proyectos mineros, primero como candidato y después ya como Presidente, pero se negaba a impulsar una ley que los prohíba argumentando que sus palabras eran suficientes”.
“Por tanto, su reciente disposición de respaldar una legislación que prohíba definitivamente la exploración y explotación minera, es un aplaudible cambio de actitud”, plantea el posicionamiento de la Mesa.
Para tomar la palabra a Funes, la Mesa anunció que en los próximos días le entregará su proyecto de ley para que le dé iniciativa, a través de sus ministros de Medioambiente y de Economía.
Dicha propuesta de ley, que se encuentra en el seno de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Parlamento, prohíbe expresamente la minería metálica y regula más estrictamente la minería no metálica.
Según la Mesa, esta ley es necesaria para evitar nuevas demandas contra el Estado salvadoreño, como las de Pacific Rim y Commerce Group, compañías mineras que exigen al país millonarias indemnizaciones por negarles permisos de explotación.
Esta ley también terminaría la violencia minera, al obligar la retirada de las empresas; y daría más fuerza moral al gobierno salvadoreño para exigir a su homólogo guatemalteco cerrar la mina Cerro Blanco, que podría contaminar el Lago de Güija y el Río Lempa.
Ojalá el respaldo presidencial al proyecto de ley prohibitiva de la minería mueva a los diputados, que aún no pueden discutirla, porque el presidente de la comisión respectiva se niega a convocarla, tras varios meses de haber sido creada.
La postura del Presidente Funes también va a generar el respaldo de todas las instituciones y sectores sociales, políticos, económicos, académicos y religiosos del país, a dicha propuesta de ley para que la Asamblea Legislativa la apruebe lo más pronto posible.
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