La Asamblea, haciendo eco del clamor ciudadano, decidió de manera impulsiva. El veto presidencial es ingenuo. La opinión de los jueces, abstracta. Y si esto pasa a la Corte Suprema de Justicia, se tendrá una decisión eminentemente jurídica.
Escrito por Editorial.02 de Marzo. Tomado de La Prensa Grafica.
La Asamblea Legislativa subió de 7 a 15 años el internamiento posible para menores delincuentes que tengan entre 16 y 18 años. Eso desató de inmediato una polémica que no es nueva: cómo hacer encajar los casos de los menores que delinquen dentro del esquema del control legal del delito. La discusión viene de lejos, y tiene en sus extremos dos posiciones contrapuestas: la garantista y la punitiva. Pero el tema se ha complicado porque aquí en la realidad ya no estamos hablando de niños y jóvenes que pueden delinquir ocasionalmente, sino de estructuras delictivas bien organizadas en las que están incorporados niños y jóvenes, que forman parte de toda una dinámica criminal, sistemática e inmisericorde.
Ante la decisión tomada por la Asamblea con amplio respaldo partidario se ha alzado el veto presidencial, que se basa principalmente en la opinión de los jueces directamente vinculados con el tema. Opiniones y contraopiniones van y vienen, en tanto no haya una definición final. Pero en todo esto lo que más sorprende es la superficialidad de los enfoques. La Asamblea, haciendo eco del clamor ciudadano, decidió de manera impulsiva. El veto presidencial es ingenuo. La opinión de los jueces, abstracta. Y si esto pasa a la Corte Suprema de Justicia, se tendrá una decisión eminentemente jurídica. Ahí enfrente, entre tanto, está la realidad, mucho más compleja que todo este juego.
Como decíamos en comentario anterior, el punto crítico no es la duración del internamiento, que siempre quedaría a criterio de los jueces, como es natural; el punto es la calidad y efectividad del internamiento, y en eso nadie quiere reparar.
Vamos a los desafíos reales
Aquí no se trata de proteger a niños, ni de enviar mensajes disuasivos, ni de acogerse a una normativa de avanzada. Todo eso hay que hacerlo, pero con un propósito más general. Aquí se trata de enfrentar un fenómeno muy concreto, que es producto de una realidad que se nos viene yendo de las manos desde hace tiempos: la realidad del crimen que no respeta edades ni se detiene ante nada. En tanto la institucionalidad parece estar reducida a juegos de salón, en las calles, en los caminos, en la intemperie de la cotidianidad, la criminalidad más fría y eficiente sigue imperando.
Lo que debe preocupar no es si se supera el veto o no se supera, porque ambas cosas dejarán prácticamente las cosas como están; lo que debería ser preocupación comprometida para todos es el qué hacer frente al desafío del crimen, en todas sus modalidades, que se van sofisticando y descarando cada vez más. Y, en el caso de los menores que ya están internados o que lo sean en el futuro, lo que habría que asegurar es que ese internamiento no sea una ficción contraproducente, sino una oportunidad regeneradora y rehabilitadora que funcione en serio.
La tarea por hacer en este campo es enorme, tanto en el ámbito preventivo como en la política represiva y reconstructiva de las conductas descarriadas. No podemos ni debemos cerrar los ojos o ponernos tapaojos ante una realidad que nos golpea a diario, y mantiene en alto riesgo lo más valioso que tenemos: la niñez y la juventud en marcha hacia el futuro.
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