Escrito por Rolando Marín.10 de Marzo. Tomado de La Prensa Grafica.
La seguridad es un tema que une a todos los salvadoreños, puesto que en general la población percibe altos niveles de inseguridad, violencia, delincuencia y se siente amenazada en su diario vivir. No hay una sola persona que salga de su casa sin temor al riesgo de sufrir algún percance al movilizarse por sus actividades. En esta realidad el gobierno del presidente Funes no solo tiene una deuda pendiente por resolver, sino que enfrenta cada vez peores niveles delincuenciales, que siendo esto un grave problema nacional, no puede justificarse con el argumento de ser una situación heredada.
Para hablar con propiedad hay que partir del hecho que los delincuentes, miembros de pandillas, extorsionistas, criminales organizados, etc., no son unos angelitos que se deben tratar con delicadeza, pues se vuelve imperativo proteger a la ciudadanía. Sin embargo, está demostrado que el problema no se resuelve del todo solo con planes de “mano dura”, “súper mano dura” o “mano súper, súper,… dura”. Tampoco se resuelve –como se ha presentado– solo con el endurecimiento de las penas.
La situación es tan compleja que se han planteado medidas extraordinarias como la declaración del “régimen de excepción”, “toque de queda” o “pérdida de las garantías”, propias de una situación de emergencia ante los peligros de ataques a la soberanía nacional. Esta se agrava ante la dificultad de coordinación entre las instancias involucradas directa e indirectamente en el tema: PNC, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Educación, Gobernación, el sistema carcelario, Secretaría de Inclusión, las familias, las iglesias y los medios de comunicación. Cada una de ellas debe jugar un papel clave en las alternativas de solución.
Los especialistas han planteado que es un error querer resolver la grave situación de violencia que nos acecha, considerando al crimen organizado y a los miembros de pandillas como simples bandas delincuenciales. Se trata de organizaciones complejas, con vínculos más fuertes que la misma sangre y en alguna medida solo comparables superlativamente con las mafias de antaño.
La resolución de este problema debe pasar por romper algunos paradigmas. Por ejemplo, en un programa de reinserción sería impensable que al miembro de una mara se le pida que deje a su “clica”, porque eso equivaldría a que firme su sentencia de muerte. Además, hay que reconocer que los mecanismos a través de los cuales accionan las pandillas, en muchos casos, están vinculados con el narcotráfico y además constituyen un medio para “generar ingresos”, por lo que no basta con las penas que se les puedan imponer, sino que se deben encontrar mecanismos que sustituyan su ilegal “medio de producción”. Esta es una de las causas por las que siguen operando desde las cárceles, continuando con su “industria de generación de ingresos”. Las alternativas desarrolladas por el Padre Pepe en el Polígono Industrial son un ejemplo de este argumento.
Si de verdad se quiere solucionar el problema de fondo, se deben integrar intensamente los programas de seguridad, con los programas de prevención, reinserción y el ajuste del marco legal. Mientras estos programas continúen trabajando de forma separada, tendremos una solución a medias para el problema de la violencia. Esta integración implica no solo el trabajo conjunto, sino la visión compartida y la inversión necesaria. Nuestro país se merece este esfuerzo, del que dependerá la solución completa de la incertidumbre que nos aqueja.
Los ejes planteados en la estrategia de plan de seguridad presentado por el presidente Funes parecen recoger los principales elementos referidos del problema, pero falta por ver si no se queda únicamente en un mero anuncio mediático demagógico.
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