La entidad visitó hoy la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales donde desestimó los argumentos del veto presidencial al incremento de las penas a menores
Escrito por Lorena Baires. 18 de Marzo. Tomado de La Pagina.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) consideró que los argumentos del Presidente de la República, Mauricio Funes, para vetar el decreto legislativo donde se incrementó la pena máxima para los menores que delinquen no son válidos y la medida es constitucional.
Los técnicos de esta institución argumentaron hoy a los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que castigar a un menor con una pena de hasta 15 años, no riñe con el régimen especial legal que ve estos casos.
Claudia Umaña, directora del departamento de Estudios Legales de FUSADES, aseguró que el incremento de las penas no violenta ningún tratado internacional donde El Salvador sea firmante, ya que en ninguno de ellos se establece un techo de edad para el juzgamiento.
“Es una falacia el argumento del veto. El decreto no viola los tratados internacionales, que le preserva el derecho a cada nación para que diseñe su propia política. Este veto cita razón de inconstitucionalidad, pero no porque se cambie el régimen”.
“Deben buscar el equilibrio de todos los derechos de los salvadoreños, no sólo se deben ver los derechos de los victimarios. En todo caso puede ser inconveniente (el veto), pero no es inconstitucional. Esta reforma tampoco es la única solución, es sólo una parte de lla misma”, declaró Umaña..
FUSADES sostiene que “no se deben confundir las ideas, ni utilizar el veto por razones de inconveniencia alegando inconstitucionalidades. La valoración de la conveniencia o no de la reforma es algo debatible. Esta reforma no es la única solución, pero es parte de la misma y por algo se debe empezar”.
Acotan que es necesario revisar la Ley Penal Juvenil (LPJ) integralmente para, por ejemplo, hacer una distinción
El veto no contiene las justificaciones jurídicas de inconstitucionalidad. No se deben confundir las ideas, ni utilizar el veto por razones de inconveniencia alegando inconstitucionalidades. La valoración de la conveniencia o no de la reforma es algo debatible. Esta reforma no es la única solución , pero es parte de la misma, y por algo se debe empezar.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) insistió en que la comisión debería dictaminar a favor de que se castigue a los adultos que están utilizando menores para cometer delitos, ya que la legislación que castiga a los menores es menos severa.
“Tenemos que llegar a donde está el cáncer del problema y estirparlo con valentía. Vamos a buscar el consenso para que se castigue a los cabecillas, a los que se valen de los menores para cometer ilícitos”, insistió el diputado pecenista, Rodolfo Parker.
La presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Aída Santos de Escobar, se inclinó a favor de esta propuesta que ha abanderado el PDC, a la vez que señaló que incrementar las penas para menores complica las condiciones de los centros de retención.
“Es preocupante cuando vemos cifras de que el 47% de los jóvenes en centros de menores se convirtieron en adultos. Entonces, con esta medida se estaría complicando las condiciones de los centros de menores. Y a esto se agrega que ni el fiscal sabe a quién procesó como menor, y a quién como adulto… es grave”, detalló De Escobar.
El legislador de ARENA, Roberto d’Aubuisson, opina que se le está restando importancia al tema cada vez que se sacan a luz las cifras de los menores que delinquen y, sobre todo, cuando se comparan con la cantidad de adultos que cometen delitos.
“Estamos restando la atención debida a toda esta estadística que están presentando por los delitos acumulados. Pero del año 2000 para acá hay 12 mil delitos cometidos por menores, eso no es una cantidad despreciable”, apuntó d’Aubuisson.
FUSADES agrega que se debe buscar una reforma integral a la Ley Penal Juvenil (LPJ), donde se evalúen las medidas punitivas y el tipo de atención que reciben los que habitan dentro de los centro de internamiento.
Por ejemplo, aseguran que Instituto Salvadoreño para la Niñez y la Adolescencia (ISNA) invierte a diario $10.40 por cada uno de los menores, cuando la demanda real les presiona a invertir $26.60.
Los diputados de esta comisión se mantienen reunidos para definir su superaran el veto del presidente Funes.
Lo importante no es si es constitucional o no. El problema es serio y urgente y se debe tratar con vision, responsabilidad y certeza. El centro del asunto debe ser: creamos condiciones para mermar este problema en nuestros jovenes condenandoles a penas mas duras? Cual es el efecto que necesitamos: calmar nuestras animos de venganza por los abominables delitos que nuestros jovenes cometen o queremos tener un pais sano, culturalmente dinamico, pujante economicamente donde nuestros jovenes sean la verdadera maquina que mueva hacia adelante a nuestro pais en las decadas venideras?.
ResponderEliminarEsas son dos cuestiones principales que hay que formular cuando se habla de castigarles mas severamente.