EDH-Transparencia, la promesa que aún no aterriza

 Ni el ejecutivo, ni el legislativo dan pasos concretos en la materia. El primero aún no rinde cuentas claras; el segundo no agiliza la aprobación de la propuesta de ley

07 de Marzo. Tomado de El Diario de Hoy

Antes y después de su llegada a Casa Presidencial, la administración Funes ha levantado insistentemente la bandera de la gestión honesta y sin secretismos. A ocho meses de gestión, poco es lo que se ha probado y apenas tres son los pasos concretos que ha dado en la materia: un Observatorio de la Obra Pública, una Oficina de Información y Respuesta (OIR) y un portal electrónico denominado Transparencia Fiscal.

A eso se le suma el nacimiento de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción hace cuatro meses, cuyo trabajo al momento se resume en planes.

El subsecretario Marco Rodríguez resaltó tres medidas que tienen en la agenda para ponerlas en marcha este año. La primera de ellas es establecer veinte OIR a nivel estatal, tal como la inaugurada en el FISDL hace varios días.

En segundo lugar, Rodríguez se propone una nueva forma de rendición de cuentas de parte de los funcionarios y no como tradicionalmente lo han hecho, presentar su informe de labores ante la Asamblea Legislativa.

"Esa es una práctica interesante, pero de lo que se trata no es un informe burocrático de 200 páginas ni tampoco uno que diga 'estas obras hemos hecho y qué geniales que somos', sino de un informe en el que se haga diálogo en un espacio cerrado con representantes de los sectores con los que trabajan, donde además de rendirlo, el funcionario explique porqué se tomaron las decisiones", explica Rodríguez.

El tercer paso importante que se propone es abrir un nuevo foro de discusión en torno a los anteproyectos de ley de transparencia y acceso a información pública que están en estudio en la Asamblea y construir un solo documento que incluya las reformas a la Ley de Ética Gubernamental.

La propuesta no ha sido bien recibida por el grupo promotor de uno de los anteproyectos, integrado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), el Instituto Iberoamericano del Derecho Constitucional, Asder, APES, Funde, UCA y El Faro.

También criticaron la "falta de voluntad política" de la Asamblea en agilizar la aprobación de una ley que obligue a rendir cuentas a los funcionarios públicos y a que no nieguen información pública.

De las medidas anunciadas, sólo una se ha "adelantado": la apertura de la OIR en el FISDL, con la que ofrecen canalizar el acceso a la información, hacer consultas, sugerencias, quejas, reclamos y denuncias, bajo la promesa de dar respuesta basándose en "criterios de transparencia, igualdad de oportunidades y eficiencia".

Héctor Silva, presidente del FISDL, dice que esta oficina que promete no ser burocrática es parte de la política de transparencia institucional que impulsan.

Preguntado sobre quién evaluará el trabajo de la oficina, Silva dice que los mismos usuarios del FISDL y especialmente los alcaldes son los que dirán si están siendo eficientes en el manejo de los recursos.

"El mecanismo nos obliga a dar respuesta, nos obliga a transparentar información, cuánto estamos invirtiendo, adónde geográficamente lo estamos invirtiendo... Esto obliga a que todas las formas de corrupción, de fraude, sean disminuidas; y el resultado final son más recursos para los pobres", afirma Silva.

Fuera de estos esfuerzos aislados, el gobierno aún no aterriza con una política clara que establezca de manera obligatoria los lineamientos de transparencia y como un eje transversal en las instituciones bajo su jurisdicción. Eso parece estar aún en proceso.

A inicios de diciembre, el subsecretario Rodríguez dijo que parte de los primeros esfuerzos que harían era la renovación de sitios web de las dependencias gubernamentales para mejorar el acceso a información pública.

Dicha renovación estaría enfocada a darle un rostro diferente, a fin de brindar "información estandarizada y sustancial".

Ese proceso incluiría la actualización del sitio dedicado a las compras estatales a través de procesos de licitación pública conocido como Comprasal.

A más de dos meses de anunciada, la renovación aún no llega. En un repaso por los distintos sitios web oficiales, se pudo apreciar que son contados los que ofrecen información distinta y adicional a la que tradicionalmente se da en dichos espacios.

Poca apertura

Perfiles o mensajes de los titulares de las instituciones, leyes y sobre todo actividades que encabezan los funcionarios es la información que aparece y nada más.

La mayoría de sitios electrónicos no brinda datos estadísticos actualizados. Quienes de alguna manera se salvan de esta debilidad son Hacienda y el BCR, que sí ofrecen información actualizada. El BCR inclusive destaca por proveer la información requerida más expedita.

Y, algunos pocos, incluyen dentro de sus sitios convocatorias y resoluciones de licitaciones, como es el caso de los ministerios de Educación, Salud Pública y Obras Públicas.

Otro dato innovador en algunas de estas páginas es que han incorporado un espacio llamado Transparencia Ciudadana, aunque allí sólo da la opción de participar en foros abiertos sobre temas específicos que agendan las instituciones, además de un correo institucional para denuncias, quejas o sugerencias.

Excepto la página de Hacienda, que al menos cuelga información sobre los ingresos corrientes y egresos del Estado, cerca de 20 páginas consultadas no incluyen manejo de presupuestos de manera clara y comprensible.

Esta semana, Rodríguez dijo que aunque se ha avanzado y "hay estándares de cumplimiento", el avance es desigual. "Lo que pasa es que pasar del discurso a implementar las cosas es difícil porque hay cosas que no existen y hay organizaciones que tienen archivos muy desordenados", admitió.

Lizette Kuri de Mendoza, presidenta del Tribunal de Ética Gubernamental, le recordó a los funcionarios públicos la importancia de que su gestión esté determinada por los principios rectores de la ética como la transparencia, responsabilidad, probidad, imparcialidad, equidad, justicia y supremacía del interés público.

Héctor Silva reconoce lo difícil de dirigir de manera ética una de las instituciones donde se canaliza mucho dinero y que en este año se perfilan unos $200 millones. "Tiene sus dificultades pero cada vez más la práctica nos está demostrando que hacerlo tiene grandes recompensas como la credibilidad, el apoyo al programa y el impacto".

Fusades reaccionó de manera positiva a este tipo de iniciativas gubernamentales, pero a la vez las calificó de insuficientes, porque no responden necesariamente a una política pública de transparencia que se ha prometido y que se requiere en toda nación democrática (ver nota aparte).

En esto coincide el director de Funde, Roberto Rubio, quien dijo esperar que los pocos esfuerzos que se han hecho "sean parte de una política pública". Argumentó que Funde cuenta con pocos recursos y que aún está construyendo su estructura, por lo cual aún no está realizando de lleno su labor de vigilar la obra pública.

Silva dijo el miércoles que como FISDL "nos vamos a someter a la auditoría social". Pero exceptuando al presidente del BCR y al director de Protección Civil, la mayoría de funcionarios se sigue resistiendo a una gestión transparente y de puertas abiertas.

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