Escrito por Eduardo Torres. 20 de Marzo. Tomado de El Diario de Hoy.
Tras la gran conmoción causada por el asesinato del joven estudiante del Inframen, Carlos Francisco Garay, captado en una impresionante secuencia fotográfica, subió de tono el debate sobre la legislación existente para normar la conducta de los menores y las penas por sus acciones delictivas.
También se discute la validez o no de haber publicado el nombre y las fotografías del menor captadas cuando, "en flagrancia", cometía el hecho; incluso, mientras agonizaba el joven Garay, corría el perpetrador con la camisa de la víctima en una mano y la cuchilla en la otra. Y subió de tono el debate porque al momento de los hechos el aumento de las penas a los menores era el principal tema tratado en la Asamblea Legislativa, pero vamos por partes.
Sólo aquel que no cometió errores de juventud puede lanzar la primera piedra contra el trato diferenciado que se debe dar a los menores de edad y estoy seguro que quienes la podrían tirar apoyan el trato diferenciado por razón de la edad. Pero una cosa son las travesuras de preadolescentes o de adolescentes, y otra las monstruosidades que nuestra sociedad ha venido presenciando, la última de ellas el asesinato de "Chico" Garay a plena luz del día y en medio del tráfico de una congestionada zona de la ciudad capital.
Y ahora resulta que a quien hay que investigar es al medio de comunicación que, precisamente en su papel de "medio", captó los hechos, los procesó y los publicó, como le corresponde hacer en su tarea de informar.
A grandes males, grandes remedios, reza la sabiduría popular. Casi todo en la vida es de carácter evolutivo y así como cambian las sociedades deberán cambiar también las leyes -–la Ley Rico en los Estados Unidos, por ejemplo--, más cuando la esencia de ciertas leyes es de carácter hiper-garantista, en favor de quienes delinquen. Ello habrá sido la razón para que el diputado Mario Valiente dijera esta semana en la comisión legislativa que él no oye hablar a las ONG, funcionarios, padrinos de funcionarios, etcétera, en favor de los derechos de las víctimas. Pero sí oye hablar, y mucho, a favor de los derechos de los victimarios. De no haber captado a distancia el fotoperiodista el terrible drama del asesinato, "Chico" hubiese sido un número estadístico más, y no se tendría una prueba tan contundente contra su victimario.
No habríamos sabido de su sueño, compartido por su madre, de llegar a convertirse en chef de un hotel; tampoco que le ponía sazón a los tamales y los pastelitos que para ganarse la vida, vende su madre. Tampoco habríamos escuchado en el debate público tantos conceptos y figuras determinantes como el de la sana crítica que tienen los jueces para la aplicación de la justicia.
Más preciso aún la alarma social que causó la secuencia fotográfica y que la Ley Penal Juvenil obliga a los funcionarios proteger la identidad de los menores no así a la sociedad en su conjunto ni particularmente a los medios de comunicación. Es a delitos graves perpetrados por menores a los que debe subirse la pena, no así a las faltas o a delitos no graves.
En el caso de "Chico", además de su familia, víctimas hemos sido todos los que nos conmocionamos por la espantosa frialdad con que fue perpetrado su asesinato. Ojalá reflexionemos todos sobre el país que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos.
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