Contra Punto-El lado oscuro del manejo de los fondos públicos **

 Escrito por Saúl Díaz Ortiz.16 de Marzo. Tomado de Contra Punto.

La sociedad civil podría solventar problemas de administración, asi como un mejor control y planificación en presupuestos

SAN SALVADOR

- De acuerdo al “Informe económico y presupuestario al mes de diciembre” de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto –UASP- de la Asamblea Legislativa, 9 de las 32 instituciones públicas presentadas en dicho informe ejecutaron menos del 50% de su presupuesto asignado en 2009, 10 más cumplieron menos del 80% (esta lista incluye al Ministerio de Educación) y solamente 2 instituciones ejecutaron la totalidad de su asignación presupuestaria.

Este “desfase” del presupuesto, como lo llama la UASP en su informe, representó casi US254 millones de dólares que se asignaron a estas instituciones pero no fueron ejecutados por las mismas.

Algunos de estos casos se pueden ver en el CNR, CORSATUR y en el Órgano Judicial con ejecuciones de 5.9%, 26.4% y 10.3%, respectivamente; sin embargo el que más llama la atención es el de la ahora tan importante rama de seguridad pública y justicia con apenas un 6.7% de ejecución presupuestaria.

La razón de esta baja ejecución puede ser una combinación de diversos elementos: 1) inadecuada planificación del presupuesto, 2) mala administración de fondos por parte de las instituciones, 3) malas decisiones políticas y 4) una inexistente transparencia del manejo de los fondos públicos.

El primer elemento, la inadecuada planificación del presupuesto, se puede observar en el actual Presupuesto General de la Nación el cual fue sobredimensionado en sus cantidades y ahora se encuentra desfinanciado en más de US$400 millones (lo que obliga a aumentar la deuda pública ya bastante grande), y además la situación no se ve prometedora debido a que hasta la fecha, los ingresos tributarios siguen en disminución.

Por otro lado, una correcta administración de fondos debería reflejarse en la utilización de sus recursos económicos de acuerdo al presupuesto asignado, es decir, la institución administradora tiene que poner todos sus esfuerzos para minimizar los márgenes de error en la ejecución de sus gastos, ni un centavo más ni un centavo menos en el mejor de los casos. Claros ejemplos de esto es el sobregasto de casi US$100,000 en la adquisición de productos promocionales de la extinta Secretaría de la Juventud (comprados a un precio 40 veces mayor que los promedio en el mercado, según un periódico digital nacional), y las 29 plazas fantasmas en el CNR (que costaban US$700,000 anuales) de personas allegadas o miembros del, en ese entonces, partido de gobierno.

De la misma manera como una incorrecta administración puede causar el despilfarro de fondos públicos, muy seguramente también ha causado sobrantes de dinero que jamás debieron existir y que lastimosamente no se sabe donde pudieron haber terminado.

Las malas decisiones políticas que conforman el tercer elemento, se reflejan en la creación y utilización de “métodos creativos” que solo buscan créditos políticos que al final cuestan muy caro al país y en especifico a la población. Esto se puede ver claramente reflejado en la creación en 2007 del Fideicomiso para inversión en Seguridad ciudadana, paz social y Educación –FOSEDU-, el cual se utilizaría como un sustituto mucho más caro que los prestamos rechazados por la Asamblea Legislativa de ese periodo porque no confiaba en el buen manejo de dichos préstamos.

El FOSEDU contemplaba vender títulos valores por US$350 millones de dólares entre los años 2007 y 2009, de los cuales destinaría US200 millones a educación y los restantes US150 millones a la seguridad pública. A la fecha, el FOSEDU que en su momento fue criticado por el hecho de vender títulos valores sin un respaldo palpable, solo ha colocado US$183 millones (de los cuales US144 millones han ido a educación y solo US$39 millones a seguridad pública), dejando pendientes US$ 167 millones de dólares de los cuales US$56 millones pertenecen a educación y US$111 millones a seguridad pública. Estos fondos pendientes de obtener no han permitido ejecutar distintos proyectos programados como: la modernización del sistema 911 de la PNC (monitoreo con cámaras en el Gran San Salvador, adquisición de un sistema informático moderno y la ubicación satelital de patrullas de la PNC) y la ampliación y construcción de centros penales.

La situación del FOSEDU, heredada por el gobierno actual, ha influido gravemente en la baja ejecución del presupuesto 2009 del ramo de seguridad pública y justicia, sin embargo este no es el caso de las demás instituciones con bajo nivel de ejecución.

El cuarto y último factor, el del casi inexistente nivel de transparencia, es a mi juicio, el más importante de todos. Es el más importante porque asegurando la transparencia de los fondos públicos se puede fácilmente identificar a los malos administradores que no se apegan al presupuesto asignado, teniendo la posibilidad de castigar a los que despilfarran y pedir explicaciones exhaustivas a los que no desembolsan e invierten todos sus fondos.

Con un buen nivel de transparencia, la sociedad civil podría exigir que además de solventar problemas de administración también se tenga un mejor control y planificación en los presupuestos para asignarle a cada institución lo estrictamente necesario para su funcionamiento, eliminando la posibilidad de despilfarros y sobrantes, y sobre todo eliminando el cometimiento de actos de corrupción.

También con un buen nivel de transparencia, la Asamblea Legislativa podría estar más tranquila con el manejo de créditos internacionales ya que tendría los ojos de todo un país velando por la buena utilización de estos fondos.

La solución a este problema radica en la discusión seria y pronta aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que tanto demanda la sociedad civil, además, como lo menciona uno de los tanques de pensamiento más importantes del país, también es necesario reformar la Ley de Presupuesto 2010 (y establecerlo como una norma para todos los presupuestos futuros) para que se remueva la facultad de la Presidencia de la República de hacer uso discrecional de todos los fondos no ejecutados por las distintas instituciones gubernamentales, los cuales, como ya se ha mencionado en este artículo puede llegar a ser mucho dinero.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es la luz que necesitamos para develar y eliminar el lado oscuro del manejo de los fondos públicos.

(**) Agradecimientos a Mónica Cerritos Ascencio por facilitarme información vital para la elaboración de este artículo

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