Recursos humanos de Corte Suprema vendía plazas

Quien tuviera entre mil y 5 mil dólares podía acudir a la dirección de recursos humanos de la Corte Suprema de Justicia y pedir que le dieran empleo. La nueva administración del máximo tribunal descubrió una serie de anomalías que involucra a las anteriores autoridades, por las que ya se forzó la renuncia de la ex directora de personal.

Escrito por Sergio Arauz.Publicada el 03 de Septiembre. Tomado de El Faro.

Ana Ruth Macías, Directora de Recursos Humanos de la CSJ, participó el proceso de elección de los miembros propietarios y suplentes de la Comisión de Ética del Órgano Judicial. Junto a ella aparece el ex Presidente de la CSJ
“Metí a dos personas. La primera vez fui y hablé directamente con ella. Era astuta, no me dijo que para ella era el dinero, sino que para acelerar las cosas, que había burocracia y más personas que tenían que firmar. Fueron mil 500 dólares los que costó porque la plaza era de ordenanza”. De esa manera “Juan” resume cómo aprovechó la práctica de venta de puestos de trabajo que sabía que existía en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y que ya está bajo investigación de los nuevos magistrados del máximo tribunal que asumieron sus cargos en julio pasado.

La venta de puestos de trabajo era más que un rumor en los pasillos de la Corte durante la anterior administración, bajo la presidencia de Agustín García Calderón. Trabajadores y magistrados sabían de la entrada irregular de empleados contratados a discreción, aunque con la peculiaridad de que habían pagado por obtener su puesto. A tal punto de refinamiento llegó la práctica, que incluso había tarifas. Un cargo de ordenanza valía entre mil y mil 500 dólares, mientras que un puesto administrativo con salario de más de mil dólares mensuales podría costar hasta 5 mil dólares.

Aquel ordenanza que logró su ingreso en 2008, pagó los mil 500 dólares hasta después del primer día de trabajo en la Corte, ya cuando tenía todo asegurado. “Una vez estaba adentro, ya con carné y todo, la licenciada Macías me dio un número de cuenta en el cual hacer el depósito”, relata Juan, citando por su nombre a la que entonces era directora de recursos humanos, Ana Ruth Macías.

Algunos de los casos bajo investigación
Los primeros tres casos ya fueron vistos en Corte plena. La magistrada Mirna Perla pidió la evaluación de los acuerdos y pidió que se llamara a la directora de recursos humanos para que riendiera cuentas sobre los méritos que tenían estas personas para obtener las plazas.

Acuerdo 140
Fecha: 30 de marzo de 2009.
Nombramiento en propiedad a favor de Abdón Martínez Lacayo, colaborador jurídico IX
Salario: $2,500
Empezó a trabajar el 14 de abril
Única plaza de este tipo en ley de salarios. Todas las demás son Colaborador Jurídico VIII.
Contrato firmado por directora de Recursos Humanos, gerente general de Administración y Finanzas y presidente de la Corte Suprema

Acuerdo 141
Fecha: 30 de marzo de 2009
Cambio de cargo y aumento de salario. Sospechas de que un magistrado usó sus influencias para cambiarle la plaza y asignarle un leve aumento por ser amiga cercana.
Nombramiento en propiedad a favor de Virna Gámez Granados.
Estaba contratada como SecretariaVII y pasó a ser parte del Departamento de Protocolo y Relaciones Públicas
Salario: $1,584.03

Guillermo Barrios
Jefe de Unidad
Destacado en Cámara Tercera de lo Penal
Magistrados alegan que hace labores de colaborador jurídico sin título universitario. El salario es de más de 2 mil 38 dólares con 23 centavos. Está justificado como Jefe de Unidad 01. Su sueldo es solo 500 dólares más bajo que el de la magistrada de la Cámara. Los magistrados sospechan que sus privilegios vienen de la cercanía que tiene con la ex directora de Recursos Humanos.

Macías es aquella mujer a la que Juan describe como “astuta” en el inicio de su explicación. La funcionaria ocupó el cargo hasta agosto pasado, y lo dejó presionada por los nuevos magistrados, cuando estos descubrieron la corrupción en que supuestamente estaba involucrada. El mismo presidente de la Corte, Berlarmino Jaime, fue quien le pidió el puesto.

Fuentes que conocen de primera mano los hallazgos que ha hecho la nueva administración revelan que en su carta de renuncia, Macías destaca como legado suyo en la institución un “eficiente y moderno” sistema de contrataciones en el Órgano Judicial. La misiva, fechada 28 de agosto pasado y a la cual tuvo acceso El Faro, va dirigida al presidente del máximo tribunal y llegó al despacho de algunos magistrados a las 4 de la tarde del mismo día.

Lo que la carta dirigida a Jaime no incluye es una explicación sobre las irregularidades que le imputaron los mismos magistrados y por las cuales le pidieron la renuncia. Los ejecutivos de la Corte explicaron a El Faro que con su dimisión, Macías abrió la posibilidad para que las personas que pagaron por un puesto en la Corte se atrevan a denunciarla sin temer represalias.

Los magistrados aún no saben las dimensiones de las irregularidades que dejó como herencia la anterior administración, pero temen que la práctica de venta de plazas sea solo una muestra de una serie de anomalías o abusos, como los que Jaime ya había denunciado recién iniciado su mandato al explicar que los magistrados recibían un exceso de vales de combustible y cuatro automotores cada uno costeados por el Estado.

Uno de los nuevos magistrados, que pidió el anonimato porque dijo no estar autorizado para hablar del tema, dijo a El Faro que hubo necesidad de presionar a la ex funcionaria para que dejara el cargo. “El magistrado presidente le dijo que si no renunciaba por las buenas, iba a iniciar los trámites para destituirla por las malas... usted sabe, poner la denuncia en la Fiscalía y llamar a la policía”.

Ahora, sobre Ana Ruth Macías pesa una investigación interna que incluye la revisión de más de 400 contrataciones que realizó en los últimos años. Los magistrados aún no tienen claro en cuánto tiempo se llenaron esas plazas, que pertenecen a un lote de 600 que la Corte mantenía en calidad de reserva en caso de necesitar hacer contrataciones extraordinarias.

También pidieron una auditoría especial a la Corte de Cuentas, que envió la notificación de que empezaría a auditar el viernes 28 de agosto pasado, justo el último día de trabajo de la ex funcionaria.

Ante los rumores que encontraron al llegar a sus cargos, los nuevos magistrados optaron por recoger testimonios de empleados que pagaron para ser contratados. Dos aceptaron revelar cómo entraron. Después del testiminio jurado de estas dos personas, supieron que los rumores que llegaron a sus oídos al asumir sus cargos tenían fundamento. También fueron entendiendo el poder que tenía la directora de recursos humanos, sin cuya firma y sin la del ex presidente García Calderón no podía entrar nadie.

Juan tiene claro cómo funcionaba aquel mecanismo para garantizar que solo por dos vías pudiera ingresar alguien a trabajar a la Corte Suprema. Una era que se tuviera el respaldo de la recomendación de algún magistrado. La otra era por la vía de este mecanismo de venta de plazas. “Si es que ni una solicitud de empleo daba, para pedirla tenía que tener el visto bueno de un magistrado”, dice Juan.

Pero el poder de la directora de recursos humanos terminó el día cuando dejó su oficina de presidente del Órgano Judicial el magistrado Agustín García Calderón, dicen magistrados de la anterior gestión, que conocieron de las anomalías. En sus últimos días, dicen, cuando ya estaba fuera de la competencia por la reelección para otros nueve años, el entonces presidente empezó a ser presionado en Corte plena por la forma anómala en que la directora de recursos humanos contrataba personal.

El caso que provocó el primer debate formal en sesión de los magistrados de todas las salas de la Corte, fue por la contratación del hijo de un magistrado de la Corte de Cuentas. Fue jueves 30 abril cuando la magistrada Mirna Perla se quejó del fichaje del hijo de Abdón Martínez, magistrado por Arena en la contraloría de la república. Abdón Martínez Lacayo tiene una plaza como colaborador jurídico IX, que en términos de salario es lo máximo que hay en la Corte. Pero lo más peculiar fue que hasta su nombramiento, las plazas de colaborador jurídico llegaban hasta el número romano VIII. En el proyecto de presupuesto del Órgano Judicial para 2010, ese puesto aparece como plaza única.

Más allá del número romano, la diferencia entre un colaborador rango IX y otro rango VIII es el salario: el hijo del magistrado de la Corte de Cuentas gana 2 mil 500 dólares, 320 dólares más que lo que gana un colaborador grado VIII.

La contratación de Abdón Martínez Lacayo está aprobada en el acuerto 140 de Corte plena fechado  30 de marzo de 2009. El salario que devenga sale de la Unidad de Presupuesto 01 y tomó posesión del cargo el 14 de abril de este año. 15 días después, la magistrada Perla metió el debate al pleno.

El batallón cobra y el ex presidente

Cuando Berlamino Jaime asumió el cargo que durante los últimos nueve años había tenido Agustín García Calderón, anunció que una prioridad de su trabajo iba a ser combatir la corrupción. Ese discurso lo comparten otros magistrados, entre los nuevos y entre los que habían asumido sus puestos años antes.

Entre estos últimos está Mirna Perla, quien con ironía llama “batallón cobra” al grupo de empleados producto de las contrataciones irregulares de Macías. La magistrada, además, revela que las anomalías pasaban por contratar a parientes de los involucrados en una especie de red de corrupción.

“La hermana de ella no sé lo que hace... pero ingresa al batallón cobra, cobran pero no hacen nada...”, comenta, en referencia a la ex directora, quien tenía más de seis años en el cargo hasta el momento de su renuncia. Perla se queja, por ejemplo, de los aumentos salariales de quienes asegura son sobrina y hermana de Macías. La sobrina se llama Verónica y gana 2 mil 180 dólares. La hermana de Macías, Flor de María Macías, trabajaba hasta el lunes pasado en Medicina Legal y cobraba mil 950 dólares. Perla explicó que no sabe los criterios bajo los cuales fueron seleccionadas, pues mientras a ella le han negado contratación de personal técnico de apoyo, supo de aumentos salariales para las parientes de la ex directora de recursos humanos.

La magistrada, sin embargo, apunta sus baterías más arriba, hasta la silla presidencial de la anterior Corte. “Es una situación bien crítica, a mi juicio ha habido un manoseo de los recursos del Estado a través de la presidencia del licenciado Agustín García Calderón, que da pena, da pena. Como él era quién decidía qué se hace, qué no sé hace, cómo se hace...”

La magistrada Rosa María Fortín dice saber de esta versión sobre venta de plazas en la Corte, aunque asegura que ella no está informada de certezas. “Si son ciertas las cosas que se dicen, tienen su razón de ser, de que no hayan querido formalizar, ella estaba en una posición de mando y pues puede haber habido miedo. Es posible que al retirarse se formalicen algunas cosas. Si no son ciertas, no se van a formalizar”, dice.

El Faro habló con cinco magistrados que confirman las investigaciones y los hallazgos de irregularidades, especialmente en la venta de plazas. Sin embargo, solo Perla accedió a hablar frente a grabadora.

Para conseguir un puesto en la Corte Suprema, el aspirante o la aspirante tenía que ganar cuatro firmas en un expediente en recursos humanos. Las firmas del presidente, Agustín García Calderón;  del gerente general de administración y finanzas, Óscar Armando Morales; del jefe inmediato superior de la persona que sería contratada y de la directora de recursos humanos, aseguraban la contratación. Después, el trámite disponía que se pasara para firma al resto de magistrados.

La magistrada Perla asegura que en realidad era muy difícil que alguien entrara a trabajar a la Corte siguiendo un método normal. “Bueno usted viene, presenta solicitud en recursos humanos, lo que normalmente le decían es que si un magistrado lo recomienda, entonces le dan inmediatamente la plaza, lo cual es mentira. Los magistrados que no teníamos ese acercamiento con Agustín García Calderón porque no le avalamos sus arbitrariedades, entonces no nos contrataban gente. A mí se me fueron varios especialistas en materia laboral, en materia familia y no me han contratado todavía”, dice Perla.

El Faro llamó repetidas veces al ex presidente García Calderón para pedirle una entrevista, pero no respondió las llamadas ni las correspondió.

En la página en internet de la Corte Suprema hay una fotografía en la que aparece Macías en el momento en que instala el comité de ética correspondiente a la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de lo que manda la Ley de Ética Gubernamental. El Faro le llamó a su teléfono celular en cuatro ocasiones para entrevistarla sobre las acusaciones que le hacen y sobre su salida de la Corte, pero no contestó las llamadas.

Quien sí accedió a una entrevista telefónica fue el gerente de administración y finanzas, Óscar Armando Morales, quien se desentendió del asunto y volcó las responsabilidades sobre Macías, quien se fue porque la institución le perdió toda confianza: “Desde el momento en que ella no está en esta institución es porque le hemos perdido totalmente la confianza, desde que se despidió perdió totalmente la confianza”, dice Morales.

-Mire, pero usted también firmaba los trámites, ¿por qué no nos recibe en su oficina y hablamos? -le preguntó El Faro a Morales, vía telefónica.

-Acuérdese de que sobre mí hay más decisiones y sería meterme en problemas. Hay auditorías ya, la investigación se comienza tanto interna como de la Corte de Cuentas y hay  proceso que puede llegar a la Fiscalía. La que contrataba directamente era ella. No hay otro funcionario -respondió el funcionario.

-Me gustaría que me explicara esto en detalle personalmente -insistió El Faro.

-Para dar detalles y entrevistas formales debe llenarse un trámite con la oficina de comunicaciones. Además, el único vocero es Corte plena -reiteró.
Formalmente y por tradición, las contrataciones en la Corte Suprema tenían como primer paso por el visto bueno del presidente, explica Perla. “Hubo una circular en la que se decía que no se puede iniciar ninguna contratación si no tenía visto bueno del presidente de la Corte Suprema. El visto bueno era para iniciar el proceso de contratación, se veía que tuviera los requisitos básicos para el cargo, que sus exámenes físicos estuvieran bien, que el examen sicológico y las entrevistas... cuando eso estaba agotado, entonces se pasa el cuadro para la contratación. Luego viene un acuerdo de Corte que lleva las cuatro firmas (presidente de Corte, directora de recurso humanos, gerente de administración y finanzas y jefe inmediato superior de la persona a contratar). Pero los acuerdos pasan hasta dos meses después”, dice la magistrada.

Los acuerdos, después del primer trámite, debía llevar la firma de al menos ocho magistrados, para que fueran mayoría del total de 15. “Se pasaban los expedientes de oficina en oficina, nosotros firmábamos dando por sentado de que todo estaba en orden”, dice la magistrada.

-¿Y cómo es que en Corte plena no ha habido nunca un debate sobre esto?

-Sobre ella, no. Entiendo que mientras yo estaba en la reunión en Paraguay se pidió que se le llamara, pero nunca se le llamó. Estuve en Paraguay a principios de junio, todavía con la Corte anterior y con la conformación normal de la Corte. Pero eso fue el bloque de cinco que salieron el último de junio. Oí, yo no estaba, pero oí que habían mencionado que la iban a sentar, pero no la sentaron.

-¿En Corte plena?

-Entendí que la iban a llamar, pero no apareció nunca en la agenda.

-¿Y la razon de sentarla?

-Supuestamente sobre las irregularidades en la contratación de personal.
Terminó la gestión de García Calderón y los rumores comenzaron a crecer. No tardaron en enterarse de una información por la que las protestas a nivel de cuchicheos se expandieron por la Corte. Después del retiro de García Calderón descubrieron que la contratación de Guillermo Barrios como jefe de unidad en la Cámara Tercera de lo Penal le reportaba al empleado 2 mil 83.23 dólares de salario mensual, algo que algunos encontraron injustificado.

Esto lo avala la magistrada Perla. “No tiene méritos para ser jefe. ¡No tiene ningún título universitario”, protesta.

Renato Sifontes, presidente del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial, también se queja del salario de Barrios: “Es la pareja de Ana Ruth Macías y le ha puesto un buen salario. Gana como un juez casi. Nosotros le pedimos al presidente que hiciera una auditoría a la dirección de recursos humanos y ya supimos que la habían despedido”, dice el sindicalista.

Hasta el cierre de esta nota, los magistrados no habían debatido formalmente el asunto. Ya empezaron a recolectar en archivos las hojas de vida de familiares de magistrados o ex magistrados.

La investigación está abierta: hay casos de personas que pagaron por un puesto para el que no cumplen el perfil, personas que denuncian haber pagado por un puesto de trabajo para el que tenían méritos y personas que denuncian que hay familiares de magistrados que entraron por el único mérito de ser familiares de magistrados.