Que la institucionalidad cumpla con lo pendiente

Los entes institucionales decisorios deben tomar esto como una regla básica de funcionamiento, determinada por la misma dinámica de la democratización.

Escrito por Editorial. Lunes 07 Septiembre. Tomado de La Prensa Grafica.

Cuando el nuevo Gobierno se ve apremiado por la misma realidad a tomar decisiones inmediatas en muchos ámbitos del quehacer nacional, el que haya cuestiones pendientes, que debieron haber sido solventadas a tiempo y que no lo fueron, es un lastre que enreda aún más las cosas. Citamos cuatro casos de retraso injustificable: la elección tanto del titular de la Fiscalía General como del de la Procuraduría General, en el plano electivo, y la aprobación de la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y de la normativa para concesionar el Puerto de La Unión, en el plano puramente legislativo. Las elecciones aludidas debieron hacerse en los plazos establecidos por la ley; la aprobación de la legislación mencionada no tiene plazo, pero debió hacerse hace mucho.

Todos esos casos tienen un elemento común, que determina los correspondientes retrasos: el predominio de intereses de partido o de sector interesado sobre el interés nacional. En esos cuatro casos se dan, desde luego, muchas explicaciones para salir del paso, pero la verdad es que lo que ha fallado es la voluntad de servir al país. Y esto es lo que debe ser corregido de manera general, para que las decisiones se tomen conforme a la responsabilidad institucional, no según los movimientos bajo la mesa.

En lo que toca a la legislación para el ordenamiento territorial, que viene rodando desde hace tanto tiempo en diversos estudios al respecto y en la Asamblea Legislativa, se había anunciado formalmente que el pasado viernes se aprobaría la Ley, que no es perfecta ni mucho menos, pero que establece un marco perfectible. Al final, no se hizo. ¿Qué pasó? Excusas al estilo de siempre. ¿Hasta cuándo?

Ordenar el ejercicio público

Si algo es indispensable para que las cosas marchen de manera previsible, segura y conveniente, en cualquier actividad de la vida, es el orden de las decisiones y las acciones. En el país nunca se ha cuidado dicho orden, y especialmente en el ámbito público tal descuido no sólo es promotor de incoherencia, sino generador de desperdicio y de corrupción. Los niveles de insuficiencia crónica en la efectividad de las inversiones y los proyectos es una muestra vívida y constante de ello. Y esto se vuelve aún más dramático cuando se tiene la posibilidad, como es el caso, de trasladar remanentes financieros de proyectos no que no se realizan a la bolsa negra que alimenta cuentas no controladas.

El ordenamiento territorial es ya un componente insoslayable del desarrollo. Desde luego, el desorden en ese campo ha sido muy rentable; de ahí que las resistencias al orden sean tan fuertes y estén tan bien organizadas. Pero mantenerse en el desorden ya no es sostenible, porque si queremos un verdadero desarrollo territorial, que tanto se necesita, no puede seguir dándosele largas a una normativa que enmarque la estrategia de modernización en el terreno.

No hay ninguna razón valedera para mantenerse en el desorden cuando el orden es evidentemente una exigencia de la realidad. Los entes institucionales decisorios deben tomar esto como una regla básica de funcionamiento, determinada por la misma dinámica de la democratización. Ordenar bien es requisito de estabilidad.