Ley de ordenamiento territorial es necesaria

Escrito por Licda. Norma Guevara de Ramirios. Lunes 07 de Septiembre. Tomado de Diario Co Latino.

Carecemos de reglas que obliguen a instituciones públicas y a los particulares a actuar con responsabilidad frente al interés colectivo de las presentes y de las futuras generaciones. El ordenamiento territorial requiere de una normativa nacional integrada que ponga orden a facultades dadas dispersamente a municipios y a ciertos ministerios. Hay pocas referencias válidas para una ley de ese tipo, pero muchas evidencias del daño de su ausencia; eso es lo que está en juego en la disputa entre quienes se benefician del desorden y quienes abogamos por el ordenamiento.

A lo largo de 3 años, la Comisión de Municipalismo  orientó esfuerzos hacia la creación de una Ley de Ordenamiento Territorial, partieron de visiones y de propuestas  diferentes, originadas en la que fuera Comisión de Desarrollo Local, del Viceministerio de Vivienda y otros; fueron capaces de advertir que muchas instituciones están vinculadas al tema, pero pocas cuentan con normativa, institución de aplicación técnica (el COAMS y la OPAMS hacen la excepción). Con base al diagnóstico de los problemas del desorden, y en consulta a diversos sectores sociales, comunidades, munícipes, instituciones estatales, gremiales empresariales, se desarrolló el proyecto de ley dictaminada que llegó por segunda vez al pleno legislativo, el 4 de septiembre pasado.

Por segunda vez, es retirado con el argumento de que hay que mejorarlo; pero esta vez, los medios de comunicación recogen opiniones que denigran el trabajo legislativo para bloquear la tan necesaria Ley de Ordenamiento Territorial; afirman en voz del diputado Rodolfo Parker, y de dirigentes empresariales como el Presidente de la Cámara de Comercio, el señor Daboub, que el proyecto contiene inconstitucionalidades y peligros para la propiedad privada, vaya pretexto para esconder el interés de seguir en el desorden que produce réditos económicos a pequeños grupos.

En verdad el proyecto de ley lo que contiene, es un marco jurídico, que obliga al Organo Ejecutivo y los municipios, a crear instancias integradas de ordenamiento en el nivel nacional y departamental; se manda a las entidades de ordenamiento  a ser rectoras en la planificación, el ordenamiento y el desarrollo territorial procurando  principios que aseguren la sustentabilidad. Esto lo que generaría es la creación de instancias que vigilan que las intervenciones  en el territorio  respondan a la realidad y a la necesidad, a normas técnicas y que el desarrollo de obras públicas o de proyectos privados sean vigilados bajo principios establecidos en la ley.

Por  supuesto que se supone que los ministerios o las alcaldías desarrollan obras de utilidad pública, y ambos tienen en la Constitución de la República y en el Código Municipal, facultades para declarar utilidad pública; esta figura no es nueva, así es como se interviene por el Estado, las propiedades privadas por donde debe pasar una carretera o donde se construya un puente, y si el ordenamiento clarifica las instancias que se integrarán para cuidar de la aplicación de la ley, la referencia al orden público, o del cumplimiento del principio constitucional según el cual se garantiza el derecho a la propiedad privada en función social, son lógicas, en absoluto se está creando instituciones o leyes confiscatorias como lo expresan perversamente los adversarios de la ley.

Para poner un ejemplo de cosas que dejarían de ocurrir al aprobar esta ley, baste darse cuenta que existen  miles de lotificaciones no autorizadas, entre 175, mil a 300 mil lotes ilegales, establecidos a la loca que demandan después inversión a las alcaldías; esto ocurre por falta de instancias facultadas para autorizar o denegar un proyecto de ese tipo; dónde se puede y donde no se puede autorizar desarrollos constructivos para vivienda es responsabilidad estatal difusa y los lotificadores, sólo se preocupan por vender los pedacitos de tierra, sin que existan calles, aguas negras, agua potable, electricidad o sin importar que un asentamiento humano en un lugar sea contraproducente para la protección de una cuenca, o de otro bien ambiental que debamos proteger para preservar la vida actual y futura.

Este proyecto, por el contrario de lo que alegan sus adversarios, armoniza e integra instancias estatales para que  las intervenciones públicas se realice con respeto a la autonomía municipal, al bien común, al provecho privado sin que éste lesione a otros. La ley establece incluso hasta el tipo de  disciplinas profesionales que deben poseer las personas que formarán parte de instancias técnicas de ordenamiento. Es pues, un buen marco, y debemos unirnos quienes estemos por el orden y la sustentabilidad, para que superemos este nuevo intento de bloqueo a una ley necesaria.