Hay que limpiar los centros penales

Editorial. Lunes 14 de Septiembre. Tomado de Diario Co Latino.

Desde hace más de un mes, las autoridades de Centros Penales, así como el Consejo de Seguridad, han sido blanco de las más duras críticas por el sostenido número de homicidios diarios y el incremento en las denuncias de las extorsiones.

Muchas de las críticas, por supuesto, incluyendo la cobertura mediática, tienen fines políticos, es decir, sembrar en el imaginario colectivo la idea de que el actual gobierno es incapaz de definir políticas que permitan no sólo evitar los crímenes, sino prevenirlos.

Obviamente, el actual gobierno está impulsando políticas que han comenzado a dar resultados, por lo menos, en cuanto a investigaciones de algunos crímenes. El caso del periodista Poveda y de la privación de libertad y posterior asesinato de dos profesionales, ocurrido en Santa Tecla, y la captura de los responsables de sendos crímenes en San Miguel, es evidencia de ellos. Por supuesto, que los críticos no van a reconocer esto, porque la agenda es otra.

Lo anterior se puede comprobar, por ejemplo, cuando la fracción legislativa del partido de derecha anuncia que pedirá al congreso un pronunciamiento para obligar a centros penales para que un reo, considerado de alta peligrosidad, sea devuelto al máximo centro penitenciario de seguridad conocido como “Zacatrás”.

El reo, según las investigaciones policiales, es el responsable intelectual del crimen de las dos profesionales de Santa Tecla, ordenado, supuestamente, desde el penal de Gotera.

Los que los areneros no reconocen es que, por un lado, mover al reo de Zacatecoluca a Gotera no fue una decisión unilateral del Director de Centros Penales, Douglas Moreno, pues esa es potestad del Consejo Criminológico (que no ha sido puesto por la actual administración, sino por la anterior), y la Ley Penitenciaria.

Tampoco reconocen los diputados areneros, que en 20 años de gobierno arenero se ha instaurado en los centros penales, una corrupción espantosa, en las que están involucrados desde personal de vigilancia hasta ejecutivos. Nos comentaba, recientemente, un familiar de un reo, que los vigilantes cobran a los pandilleros hasta $400 por introducir un celular. Esto es lo que ARENA creó, y que, ha dejado como herencia a las actuales autoridades.

Por supuesto que lo anterior tiene que ser combatido por las autoridades, y cuando esto suceda, será blanco nuevamente de los políticos de ARENA y por los medios que siguen la agenda de la derecha para desgastar al actual gobierno.