En tal sentido, los fallos tanto de la Jueza de Menores como de la Cámara de Menores contra LA PRENSA GRÁFICA y en particular contra su Presidente son un ejemplo de cómo no se debe juzgar y de cómo puede extraviarse la capacidad juzgadora en función de otros propósitos, ajenos al auténtico desempeño judicial.
Escrito por Editorial.20 de Septiembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
En una etapa de tantas confusiones como la que estamos viviendo, es más vital que nunca contar con un sistema judicial que no sólo haga valer de manera inteligente y responsable el imperio de la legalidad, sino que contribuya a afianzar la confianza en la vigencia del régimen de libertades y en el desenvolvimiento normal y pacífico del proceso de democratización. Desafortunadamente, el sistema judicial no escapa a las confusiones, y más bien parece que algunas distorsiones que pudieran llegar a ser malignas para todo el sistema nacional están ganando terreno.
En tal sentido, los fallos tanto de la Jueza de Menores como de la Cámara de Menores contra LA PRENSA GRÁFICA y en particular contra su Presidente son un ejemplo de cómo no se debe juzgar y de cómo puede extraviarse la capacidad juzgadora en función de otros propósitos, ajenos al auténtico desempeño judicial. En este caso, hay señales realmente alarmantes: la primera es la condena directa al Presidente de LPG, como si se tratara no de juzgar un hecho específico sino de poner en la picota al liderazgo periodístico del país; y esto se reafirma con los argumentos totalmente gratuitos que contiene la sentencia de la Cámara, en la que hay juicios de valor absolutamente subjetivos e impertinentes sobre la función periodística en general. ¿Quiénes están, pues, en el banquillo de los acusados: los presuntos delincuentes o los ciudadanos que ejercen una función perfectamente legítima y legal? Estos son signos de abuso flagrante de las facultades que la ley les asigna a los juzgadores.
Hay que ordenar de inmediato la casa, porque si el Órgano Judicial va a volverse una especie de plataforma reformista en la que pueda decirse y hacerse lo que se le antoje a cada juzgador, vamos en la ruta más peligrosa para la estabilidad nacional.
Cada quien en lo suyo
La democracia no puede funcionar como se debe si no hay un estricto respeto de las atribuciones, funciones y responsabilidades de cada quien. Democráticamente hablando, es la ley la ordenadora en el tablero de las conductas, tanto públicas como privadas. En el caso de la libertad de expresión, el marco está dado por el artículo 6 de la Constitución de la República; y, en lo referente a los medios, el artículo 191 del Código Penal salvaguarda explícitamente la crítica periodística, con el fin de darle seguridad al ejercicio de la libre expresión. Todo esto parte del hecho de que la función de informar y de formar opinión es básica para mantener la salud cotidiana de la democracia, aquí y en todas partes.
Es aberrante que las resoluciones judiciales, independientemente del nivel que tengan los tribunales que las dicten, sirvan para verter opiniones personales, dar consejos institucionales y proponer acciones ajenas a la función jurisdiccional. Todo esto es contrario a una sana y respetuosa práctica dentro de los límites que la misma ley establece.
La institucionalidad, como lo hemos expuesto tantas veces, debe ser respetuosa de sí misma, para poder ganarse el debido y suficiente respeto ciudadano. Hay que evitar consistentemente la subjetividad que deriva en arbitrariedad. El mejor servicio que puede hacérsele al régimen de libertades y a la consolidación progresiva de la democracia en el país consiste en sujetar las respectivas conductas a lo que la ley establece; y lo peor que puede ocurrir es la manipulación de la ley para imponer criterios y desahogar pasiones.
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