Todo indica que estamos librando batallas decisivas en función de la legalidad y de la seguridad. Nadie debe vacilar en esta lucha, que es determinante de lo que puede esperar nuestra sociedad en el presente y en el futuro.
Escrito por Editorial.09 de Septiembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
Ante la aprobación de la ley antipandillas y luego del hallazgo del entierro multimillonario de dinero vinculado al narcotráfico, el “poder” pandillero está poniendo a prueba tanto la efectividad de las instituciones como el aguante de la ciudadanía. Las amenazas al transporte causan graves estragos, que se traducen en más inseguridad y en pérdidas económicas significativas. La respuesta ciudadana así como la respuesta institucional deben ser una: hacerle frente al acoso de los grupos delincuenciales, porque el éxito de la intimidación sería fatal para la buena marcha del proceso nacional, en el momento en que justamente lo que se necesita es hacer valer la ley sobre las conductas antisociales y criminales.
Lo que viene estando en juego desde hace bastante tiempo en el país es la suerte del Estado de Derecho, y por lo mismo este es un momento en el que hay que desplegar todas las energías legales e institucionales para hacer prevalecer la racionalidad democrática frente a todas las amenazas que la acechan. Las instituciones en su conjunto, y en este caso las más directamente responsables de la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, deben actuar con aplomo y con eficiencia para que no persista la sensación de que el crimen puede más que la ley.
Todo indica que estamos librando batallas decisivas en función de la legalidad y de la seguridad. Nadie debe vacilar en esta lucha, que es determinante de lo que puede esperar nuestra sociedad en el presente y en el futuro. Si fallamos ahora, las consecuencias serán incalculables. Es hora de que empiece a imponerse el orden, que por tanto tiempo ha estado deteriorándose con efectos crecientemente desestabilizadores. Si dejamos que el crimen en cualquiera de sus expresiones mantenga secuestrada a la sociedad, no habrá salida hacia adelante.
La población es la víctima
De todos los males que se hacen presentes en la realidad, la población siempre acaba siendo la víctima. Y en lo que al accionar delincuencial se refiere, esto es aún más patente. Al final de cuentas, somos los ciudadanos los que pagamos las facturas de las acciones criminales y de la falta de una respuesta adecuada por parte de la institucionalidad. Es natural y comprensible, entonces, que haya en el ambiente un enorme malestar por la situación que se vive, y muy específicamente en lo que a la inseguridad del día a día se refiere.
Las “maras” se dan el lujo de imponer un trastorno que provoca incontables perjuicios en el ámbito del transporte público, ya tan golpeado por el azote de las extorsiones y por los asesinatos en cadena. Hasta hoy, nada ha sido capaz de parar esta ola destructiva e impune. La población está en emergencia y la autoridad está en jaque. Bajo ninguna circunstancia es posible admitir semejante estado de cosas, y la única respuesta satisfactoria sería imponer el imperio de la legalidad por encima de cualquier otra consideración.
Lo que ha estado pasando en estos días, que muestra la desfachatez absoluta con que actúan las estructuras delincuenciales establecidas en el ambiente, hace aún más apremiante la utilización efectiva del nuevo instrumento legal que es la normativa que proscribe las pandillas y penaliza la pertenencia a las mismas; pero eso no basta: hay que actuar de inmediato más a fondo contra el crimen organizado en todos sus niveles y manifestaciones, porque la lucha debe ser una y total o no llevará a nada realmente sustantivo.
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