El período de la humanidad conocido apropiadamente como Renacimiento (siglos XV y XVI) trajo consigo una visión más humana de ver el arte, la vida y la sociedad. Entre esas nuevas visiones, de gran importancia fue el enfoque sobre la separación de la Iglesia y el Estado.
Escrito por Carlos H. Rivas. 26 de Agosto. Tomado de La Prensa Gráfica.
Relacionada esta con la extensión de la libertad de culto, se ha convertido en un concepto legal y político que determina que ambas instituciones se mantengan independientes, y con autonomía de sus ámbitos de acción. Y, como producto de aquel pensamiento gestado durante el Renacimiento, actualmente la gran mayoría de estados del mundo se definen como laicos. Caso, nuestro país.
Los artículos 25 y 26 de la Constitución pretenden confirmar para el Estado su carácter laico, y los sucesivos gobiernos así lo han manifestado. Pero, ¿hasta qué punto ello es una realidad en nuestro actual sistema político y social?
De hecho, entre ambos artículos de la Constitución existe una contradicción, ya señalada por juristas, pues si el primero “garantiza el libre ejercicio de todas las religiones”, el segundo “reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica”, mientras que “las demás iglesias podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su personalidad”.
Es decir que hay un alineamiento tácito (y aun explícito) en pro de la iglesia católica, que contradice el laicismo confesado y convierte al Estado en una institución con una religión oficial (el catolicismo) en detrimento de las otras iglesias, no solo evangélicas sino de diferentes denominaciones y origen (tales como el budismo y el islamismo). Lo cual hace del mismo un Estado confesional de facto, en el cual ambas entidades, según el jurista y catedrático de la Universidad de Leiden Paul Cliteur, “colaboran estrechamente en tareas de gobierno y mantenimiento del orden público. Se toleran otras iglesias pero no se financian”.
El reflejo de esa caracterización es a todas luces patente en nuestra realidad. Para la iglesia católica existe un trato preferencial y casi sumiso (son los “príncipes”), y no se mueve una hoja del gobierno sin el aval de la aquella institución religiosa. La entrega del canal 8 de televisión y la reciente polémica sobre la lectura de la Biblia en los centros escolares son ejemplo de ambas actitudes.
Es obvio, pues, que este concepto de “separación Iglesia-Estado” es un concepto tramposo, muchas veces argumentando que el catolicismo constituye una respuesta a los problemas de las sociedades por la capacidad mostrada por ella en lo organizativo y benéfico; cerrando así toda valoración objetiva de la capacidad y desarrollo mostrado, principalmente y por lo que a mi fe atañe, por las iglesias evangélicas en las últimas décadas; y desconociendo la verdad de una institución que ha presentado grandes grietas morales, como en el caso del sacerdote Marcial Maciel implicado en una serie de violaciones, para poner un caso, y el hecho de la llamada “santa” Inquisición, vertedero de injusticias y terror que asoló a la humanidad y, “bajo la mesa”, sigue actuando en la época contemporánea.
Nuestra preocupación es que, independientemente de los argumentos para mantener esta situación, la actitud de gobernantes y poderes del Estado ha contradicho el carácter laico que el mismo debería tener, y contravenido las libertades y necesidades de los ciudadanos e iglesias no católicas, que se ven privados de los privilegios otorgados a un sector de la sociedad.
El otorgamiento constitucional de la personaría jurídica a la iglesia católica así lo demuestra, y es, al final de cuentas, un atentado contra la inclusión y la igualdad de las y los salvadoreños.
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