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2010/08/04

LPG-Obispos, presidentes y libertad de culto

Escrito por Ricardo Trotti.05 de Agosto. Tomado de La Prensa Gráfica. 
Director del Instituto de Prensa de la SIP

La Iglesia católica, que casi solo estaba apareciendo en los titulares de prensa en relación con denuncias sobre abuso sexual, irrumpió con bríos renovados en la agenda política latinoamericana, entreverándose en varias decisiones presidenciales.

Con determinación y sin escapar muchas veces a la polémica, los obispos católicos se vieron involucrados en roles protagónicos. Desde la intervención del cardenal cubano Jaime Ortega ante el presidente Raúl Castro para que libere presos políticos, hasta las serias represalias que sufrió un cardenal venezolano por sus críticas recalcitrantes contra el régimen totalitario de Hugo Chávez.

O desde la discordancia de la Conferencia Episcopal chilena con Sebastián Piñera por no ofrecer clemencia a violadores de los derechos humanos, hasta la afinidad de prelados salvadoreños con Mauricio Funes, quien vetó un decreto legislativo que hacía de la Biblia una lectura obligatoria en las escuelas del país para combatir la violencia juvenil.

En su activa participación en la agenda política, los obispos no suelen tener el camino fácil. Con la manida figura de la “separación Iglesia-Estado”, los líderes y gobernantes suelen tratar de acallar sus críticas y opiniones acotando la libertad de culto, un principio constitucional que no solo avala el derecho a elegir y profesar un credo religioso, sino que garantiza que nadie –creyente, agnóstico, ateo o autoridad religiosa– sea perseguido o sufra represalias por expresar o enseñar sus creencias.

En Venezuela esta libertad, así como la de expresión, también está en entredicho. Chávez ha tomado revancha en contra de los obispos disponiendo esta semana no solo la interpelación en el Congreso del cardenal Jorge Urosa, sino también el pedido de revisión de la concesión de Vale TV, un medio de carácter cultural que la Iglesia maneja desde 1998, para ponerlo “a la orden del pueblo... no del cardenal”. ¿El pecado? Acusar a Chávez de violar la Constitución.

Urosa salió airoso del interrogatorio parlamentario. Reivindicó el derecho de los obispos a opinar sobre asuntos sociales, morales o políticos, sin necesidad de que se lo catalogue de “opositor”, “troglodita” o “indigno”. Similar actitud tomó el año pasado la Conferencia Episcopal de Argentina, cuando el gobierno acusó a los prelados de hacer propaganda política e incentivar la violencia, por denunciar la ineficacia oficial para detener el hambre y pobreza, en un país de amplios recursos naturales.

Más allá de que uno comparta o no la doctrina que imparten los religiosos, así sean obispos, pastores o rabinos, lo importante, en una sociedad abierta, plural y diversa, es acceder a esas opiniones, para comprender mejor o tener más enfoques sobre temas morales complejos y desafiantes, como la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo que se adoptó en Argentina, el renovado tema del aborto que brotó en Brasil o la distribución de la “píldora del día después” que patrocina el gobierno de Perú.

Más allá de las polémicas y los regaños políticos, y aun a riesgo de perder espacio o credibilidad por su posición conservadora, lo importante es que la Iglesia, así como toda denominación religiosa, siempre tenga un marco adecuado de libertad y tolerancia para sus opiniones y enseñanzas.

La libertad de culto así como la libertad de expresión son valores fundamentales que deben ser protegidos para evitar caer en el oscurantismo que muchos líderes predican.

Obispos, presidentes y libertad de culto

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