Esto deben tenerlo presente todos los que toman decisiones al respecto, comenzando por la Asamblea Legislativa, cuyo ejemplo en el buen sentido o en el mal sentido es determinante.
Escrito por Editorial.23 de Agosto. Tomado de La Prensa Gráfica.
El 20 del pasado mes tendrían que haber tomado posesión los 5 nuevos miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, y en vez de elegirlos a tiempo, la Asamblea adoptó olímpicamente la decisión, por reforma de ley, de prorrogar la estadía en el cargo de los concejales que concluyeron su período, para darle más tiempo a la elección que debería haberse hecho en el plazo legal. Hoy, cumplidos los 30 días, la Asamblea reincide en el vicio, y acuerda una prórroga por 60 días más. Esto ya está en el plano de lo inverosímil, porque no hay razón válida de ninguna índole para no haber cumplido en el término constitucional. El argumento es: “No lo hicimos”.
Hay evidentemente muchos intereses políticos en juego, y desde luego son intereses puramente personales o de grupo; y eso ya se vio, sin tapujos, cuando se había negociado el paso de algunos de los actuales miembros del CNJ a la Corte Suprema de Justicia, especialmente a cargos dentro de la Sala de lo Constitucional. Aquella “negociación” falló, porque hay cosas que ya no pueden hacerse como se venían haciendo, pero los intereses existen, y tratarán de salvaguardarse e imponerse a toda costa, para preservar trincheras de poder.
Como hemos sostenido en forma reiterada, si en algún ámbito de la realidad institucional hay que garantizar que el sistema funcione de manera eficaz, suficiente y transparente, es en el ámbito de la justicia, que necesita mucha más confianza ciudadana de la que hay hasta la fecha. Esto deben tenerlo presente todos los que toman decisiones al respecto, comenzando por la Asamblea Legislativa, cuyo ejemplo en el buen sentido o en el mal sentido es determinante. Elegir bien es fundamental; realizarlo a tiempo también lo es. La práctica de la arbitrariedad, aunque se le dé alguna vestidura legal, es un exceso abusivo injustificable.
El autorrespeto institucional
La democracia no sólo requiere principios y leyes, sino una práctica debidamente asegurada de los mismos; y esto sólo se alcanza cuando hay toda una estructura de sostén y de cumplimiento. Tal estructura es la institucionalidad en acción. Si la estructura tiene sótanos ocultos o pasadizos velados, no hay cómo saber en definitiva lo que pasa adentro. Para evitar eso están la transparencia y la rendición de cuentas. Si la estructura es fragmentaria y no es capaz de dar servicio en todo su espacio natural, que es el territorio y la nación en su conjunto, mucho del trabajo se desperdicia o se frustra. Para evitarlo están la integración funcional y la descentralización.
Contar con una buena estructura es fundamental; pero también lo es, en igual medida, asegurar la viabilidad de los mecanismos, el ordenamiento de la gestión y de sus acciones, la armonización estratégica del conjunto y la honradez y compromiso de las personas que están a cargo, en distintos niveles, del quehacer público. Nada de esto está suficientemente asegurado entre nosotros, y de ahí derivan buena parte de nuestros males.
Ponemos énfasis en el autorrespeto institucional porque es indispensable darle cuerpo a una verdadera cultura del servicio público. Es decir, hay que asumir éste como una tarea de alta responsabilidad hacia los demás, no como un autoservicio. Si tal giro se diera en los hechos, no nos cabe ninguna duda de que se produciría en el ambiente una erupción de confianza ciudadana en lo que es, en lo que significa y en lo que vale la institucionalidad. Lo estamos necesitando para superar todas nuestras deficiencias y carencias.
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