EDH-Sala quiere fijar "parámetros" jurídicos a la libre expresión

 09 de Agosto. Tomado de El Diario de Hoy.

El magistrado Néstor Castaneda, miembro de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, confirmó que el análisis del recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 191 del Código Penal se ha completado en un 90 por ciento y se busca establecer parámetros jurídicos.

A juicio de Castaneda, entrevistado por Jorge Hernández en el programa Frente a Frente de TCS, se busca armonizar el derecho a la libre expresión y el derecho a la intimidad y a la imagen.

"La tarea, obviamente, es armonizar esos derechos fundamentales, es decir, no hay derechos absolutos. El derecho a la libertad de expresión no puede fortalecerse pisoteando el derecho a la intimidad, ni viceversa", explicó, reconociendo que establecer ese equilibrio es "difícil".

Según Castaneda, los magistrados están tratando de lograr unanimidad para el fallo, "pero si no llegáramos a esa unanimidad, pues obviamente tendría que salir con cuatro votos, cuatro firmas, que es el quórum necesario para las inconstitucionalidades".

A su juicio, la Sala no tiene que limitarse sólo al tenor literal de los artículos en pugna, sino que tiene que hacer una interpretación y un análisis integral de otras normativas, de la realidad que está viviendo el país.

"Si hablamos de libertad de expresión, podemos ver que el ciudadano tiene derecho a estar informado, y la libertad de expresión no sólo es para un periodista, porque una persona, un ciudadano puede llegar ante una cámara, y pudiera en su expresión estar dañando la imagen de otra persona, pero ya eso el Código Penal lo tiene regulado, porque si esta persona que llegó ante la cámara o a una radio, o a través de la prensa escrita, y estableció una expresión que ofende o, o violenta el nombre de una persona, ésta puede ir a los tribunales perfectamente a demostrar que se ha dado la difamación", agregó.

"En lo personal creo que la libertad de expresión debe llevar ciertos requisitos: primero, que la información logre formar opinión pública, porque la misión del periodista debe ser informarle a la población, pero que sea una información veraz, que le sirva para formar opinión", explicó.

Castaneda reconoció que en los casos de corrupción de funcionarios públicos, muchas veces quienes logran descubrirlos son los periodistas investigativos y la ciudadanía gana con estar informada.

"La ciudadanía con sus impuestos paga los salarios de los funcionarios públicos, por lo tanto, tiene derecho a exigir transparencia en el actuar de ellos y muchas veces, los mecanismos de investigación a través de la Policía o la Fiscalía no logran muchas veces establecer esa claridad, y un periodista acucioso lo puede lograr".

"Por esa razón, el derecho a la libre expresión es muy importante", enfatizó.

En seguida, ve la otra cara de la moneda al decir que un ciudadano o un funcionario dañado por un periodista irresponsable puede recurrir a los tribunales a demandarlo, pero tiene que probarlo.

Castaneda dijo que la sentencia tiene que ser clara, para no dejar ambigüedades a los jueces y que éstos tengan parámetros para determinar si procede una demanda por difamación.

"Una sentencia mal estructurada o una sentencia compleja va a dar lugar a que cada juez haga su propia interpretación", reflexionó.

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