Entrevista a Eduardo Espinoza, viceministro de políticas de salud.
Por Fernando de Dios / Tomás Andréu.01 de Agosto. Tomado de Contra Punto.
Fotografía Tomás Andréu
SAN SALVADOR- Al viceministro de Salud, Eduardo Espinoza, le ha llovido recio en las últimas semanas. Gremiales empresariales y medios de comunicación han criticado fuertemente sus aseveraciones de que los márgenes de ganancia en el sector de medicamentos son estratosféricos.
Pero Espinoza dice que los números están allí, en los estudios, para confirmar que él no es el exagerado, sino la industria, con semejantes márgenes de utilidades. Ganancias que sobrepasan las que obtienen los narcos, etc.
¿A qué atribuye la reacción que ha tenido el sector privado a sus declaraciones? ¿Está usted, como dicen, haciendo una campaña de difamación y calumnias contra ellos?
Primero, quizá hacer ver que nosotros no hemos hecho ninguna de las acusaciones que ahí nos imputan. ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada) lo que hace es victimizarse, haciendo ver que yo los he atacado diciendo que son narcotraficantes, que son mareros y todas esas cuestiones. Lo que hice fue comparar las tasas de ganancia que tienen los narcotraficantes con los márgenes agregados que la industria farmacéutica tiene en los medicamentos con respecto a los precios internacionales de referencia. Los márgenes (de ganancia) agregados que tienen los medicamentos son infinitamente superiores a las ganancias que tienen por ejemplo los vendedores de cocaína acá. Pero de eso a decir que ellos son narcotraficantes es una historia completamente diferente.
Tengo pruebas para demostrar que lo que he dicho es cierto. Según el reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (en referencia a la UNODC), el precio de venta del gramo de cocaína en Colombia es de $3,5 dólares, y en El Salvador es de $24 dólares. Lo que quiere decir que el margen acumulado (de ganancia) de la cocaína en El Salvador con respecto a Colombia es del 585 por ciento. Los márgenes agregados que tienen los medicamentos con respecto al precio internacional de referencia en promedio es del 5,200 por ciento, diez veces más que la cocaína. Yo lo que he hecho es comparar las diferencias, no he dicho que ellos son narcotraficantes.
Ellos quieren desviar el punto de discusión, que son los elevados márgenes añadidos a los precios de los medicamentos hacia una cuestión que no ha sucedido: que yo los acusé de narcotraficantes. Yo no he hecho eso. Yo lo que he hecho es poner en evidencia que ellos ganan más que en este caso los narcotraficantes.
(José Mario) Ancalmo (presidente de la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos, Inquifar) dijo que los 20 medicamentos más vendidos tenían mejores precios acá que en otros países centroamericanos. Pero él citó un eslabón de la cadena únicamente. Lo que él citó ahí fueron los precios a que los distribuidores locales venden a las cadenas de farmacia, no eran los precios de venta al consumidor final. Los precios de venta los tenemos nosotros de la encuesta de medicamentos que hemos hecho y no son esos que están ahí. Ahí todavía falta el margen añadido que le pone la farmacia acá, que muchas veces es donde más agregan al precio. No es cierto que en los 20 medicamentos más vendidos El Salvador tienen precios más bajos que en otros países, eso no es cierto, porque ese no es el precio de venta al consumidor, es precio del distribuidor local a la cadena de farmacias, todavía falta el margen que le va a añadir la farmacia, que es considerable. Y falta también el IVA, que es grande porque cuando ponen el IVA ya el medicamento tiene un precio altísimo.
Porcentualmente, no es el problema el IVA. O sea que quitando el IVA no se resuelve el problema del precio de los medicamentos.
Con todos estos millones en juego, ¿cree que es posible, como dice el campo pagado de la ASI, entablar una discusión honesta, transparente, cordial y respetuosa de la problemática de los medicamentos?
Pienso que podría hacerse una discusión en algunos puntos en que yo creo que coincidimos. Ellos ha externado en muchas entrevistas que no están de acuerdo con todas estas regalías, el sistema de viñetas, los bonos, los electrodomésticos, los viajes pagados a los congresos (de los médicos), el financiamiento mismo de todas estas cuestiones... paradójicamente todas estas cosas, como es de esperar, se van sumando al precio del medicamento y contribuyen a que esos márgenes añadidos sean más grandes.
Pero usted revisa las estructuras de costos de ellos y no aparece nada de eso ahí, aunque está incluido en el precio de los medicamentos, pero no aparece. Ellos reconocen que esto se suma al precio de los medicamentos y que uno de los puntos en que coincidimos es en que eso no debería de existir. Pero ellos ya podrían quitar eso. Porque ellos lo costean, son sus visitadores médicos los que llegan a las farmacias a recoger las viñetas y a entregarles en efectivo a los dispensadores en las farmacias el porcentaje que les corresponde de acuerdo al convenio que tienen, por tantas viñetas tanto (se obtiene en regalías). Eso ellos lo podrían suprimir de entrada y bajar el precio de los medicamentos.
En la ANEP veo contradicciones importantes. Ellos abogan por la libre competitividad, la libertad de mercado, etc., pero eso se contradice con la situación que uno ve en el mercado de medicamentos, porque allí obviamente hay prácticas anticompetitivas. Tengo un documento de la Superintendencia de Competencia en la que ellos (enseña el documento) denunciaban prácticas anticompetitivas que habían elaborado. Por ejemplo reconocían la amplitud de las diferencias de precios medios que hay entre las tres categorías de productos; medicamentos de marca originales, medicamentos genéricos de primera marca y medicamentos genéricos de segunda marca.
También (hay un) desarrollo insuficiente de economías de escala, existencia de barreras de entrada al mercado de medicamentos, imposibilidad de verificar importaciones paralelas de medicamentos. Esto es una cuestión muy importante, porque los medicamentos que están protegidos por patente, que son los medicamentos de alto costo, los medicamentos contra el cáncer, inmunosupresores y de última generación, que están protegidos por patentes, los distribuidores locales tienen contratos de exclusividad para la distribución de esos medicamentos con las transnacionales farmacéuticas. Entonces ¿qué sucede? Por ejemplo nosotros tenemos algunos de esos medicamentos en nuestro listado básico y sacamos a licitación para que nos suplan de esos medicamentos al Ministerio de Salud, pero esas licitaciones sistemáticamente son declaradas desiertas, porque nadie acude a licitar.
¿Qué es lo que sucede? Como tienen contrato de exclusividad, saben que tarde o temprano nosotros vamos a necesitar ese medicamento y lo vamos a tener que comprar aquí en plaza, con declaratoria de urgencia y a los precios del mercado que son los más altos del mundo y eso es dañino, porque si uno quiere comprar a Pfizer o a cualquier transnacional un medicamento que está protegido por patente, no nos lo venden. Tenemos que comprarle al distribuidor de acá. Entonces eso debería ser proscrito porque es una práctica anticompetitiva y atenta contra el libre mercado que ellos defienden.
En la práctica lo que hay es una barrera ahí que impide que otros puedan competir.
Normalmente un medicamento de marca, que está protegido por patente, cuando finaliza la patente y entran los genéricos sus precios bajan y se van al piso. Eso aquí no pasa, los medicamentos de marca siguen vendiéndose a los mismos precios como que estuvieran protegidos por patente. Y los genéricos se venden también un poquito más baratos que los otros. Uno lo menos que puede sospechar es que hay algún tipo de componenda para que todos ganen.
Esto además, ha generado en la población una cultura de que lo más caro es lo mejor. Aunque sea igual. Si nosotros tuviéramos un laboratorio de control de calidad, que pudiera supervisar la calidad de todos lo productos que están circulando en el mercado, no habría ningún inconveniente porque los genéricos tendrían la misma calidad que los de marca. Ahí los precios tenderían a la baja si nosotros logramos hacer entender a la gente que es falso eso de que cuanto más caro es mejor. Pero como no hay ningún control de calidad, los distribuidores de los medicamentos de marca insisten e insisten a los médicos que los medicamentos genéricos no tienen ninguna calidad o que son de muy baja calidad para mantener las ventas de sus medicamentos de marca.
¿Qué percepción tiene usted sobre el tema de los genéricos?
Ciertamente aquí se venden muchos genéricos más baratos que los medicamentos de marca y que son equivalentes. Algunos de ellos son de laboratorios avalados por ejemplo por la OMS (Organización Mundial de la Salud), pero también hay otros que son de dudosa procedencia. Pero uno no puede saber qué medicamento está usted tomando, si tiene la calidad que dice tener. Eso es válido tanto para los genéricos como los productos de marca original. Los médicos aquí tienen la costumbre de recetar los medicamentos de marca original porque confían en que el laboratorio de marca tiene cierto prestigio, y eso les da a ellos cierta seguridad de que el medicamento de marca le va a hacer al paciente el efecto que busca.
La verdad es que aquí no es posible saber la calidad de nada. Nosotros, como Ministerio de Salud, no tenemos capacidad de hacer control de calidad más que a los medicamentos que compramos. Y el control de calidad que hace el CSSP (Consejo Superior de Salud Pública) para registrar el medicamento es dudoso. Ellos le hacen el control de calidad a los medicamentos que el interesado lleva allí y no se sabe si ésos son los que realmente está vendiendo o no, porque nadie más vuelve nunca a ratificar la calidad de los medicamentos que se llevaron ahí. No se hace un muestreo al azar, por ejemplo de la producción que están teniendo, sino que ellos llegan ahí y dicen: quiero registrar este medicamento, aquí traigo los medicamentos para las pruebas. Pero usted no sabe si simplemente le quitaron la viñeta al medicamento de marca y le pusieron la de ellos, o si es realmente el medicamento que ellos están produciendo. No es posible saberlo.
"Ellos (ANEP y otras gremiales) no quieren ninguna regulación,
ni siquiera en las cuestiones que sustentan los mismos principios
que ellos defienden de la libertad de mercado", concluye el viceministro Espinoza.El mercado de medicamentos es un mercado imperfecto, y por eso debería ser regulado. No es una mercancía como cualquier otra mercancía. Usted no compra un medicamento como compra una camisa, que le mira las costuras, los botones… usted eso no lo hace con los medicamentos, hace lo que le dice el médico. Eso lo que demuestra es que hay una asimetría en la información y esa asimetría es también válida desde el productor del medicamento hacia el médico. Entonces es el productor del medicamento el que dice que esto sirve para tal cosa, que está contraindicado para esta otra... entonces la información del médico le llega del productor y él se la lleva al paciente. Hay una relación de poder del médico hacia el paciente en el que éste no está en posición de rebatir.
Entonces, aparte de todas las prácticas anticompetitivas y todas estas cuestiones, se requiere que el mercado de medicamentos sea regulado porque es un mercado imperfecto, independientemente de que la economía sea liberal. En Colombia está regulado, en Argentina, Chile, en los países europeos, Canadá, Estados Unidos.
Pero ellos (ANEP y otras gremiales) no quieren ninguna regulación, ni siquiera en las cuestiones que sustentan los mismos principios que ellos defienden de la libertad de mercado.
Si bien se ha desarrollado esa cultura de que lo más caro es lo mejor, también hay que ver que, por ejemplo, se tarda cinco días en pasar una consulta, también hay médicos que por cinco dólares le puede ver y le puede recetar él mismo lo que necesita.
De hecho hay médicos que no cobran la consulta. Se conforman con vender el medicamento, porque el margen que les queda de la venta del medicamento es tanto que ganan más que si cobraran la consulta.
Y en ese aspecto, ¿el Ministerio de Salud no tiene jurisdicción para intervenir, para acabar con esas prácticas?
No podemos, porque la Constitución asigna esa tarea al CSSP. Precisamente el CSSP y las Juntas de Vigilancia que tiene adscritas se crean con esa finalidad de vigilar el ejercicio profesional. Eso no lo hacen por estar con el registro de medicamentos, que nos toca a nosotros como Ministerio. Entonces ellos se han hecho cargo de una cuestión que no les toca, para dejar de hacer lo que sí les manda la Constitución. El ejercicio profesional no lo vigilan como lo deben vigilar. Estas cosas deberían ser penalizadas y darles seguimiento el CSSP. Pero usted va al CSSP y analiza la distribución de la planta física, metro cuadrado por metro cuadrado, hay mucho más espacio asignado para la cuestión de medicamentos que a la vigilancia del ejercicio profesional. Mira usted el diseño de su planta de personal ahí, hay muchos más recursos contratados para darle seguimiento a la cuestión de medicamentos que para darle seguimiento al ejercicio profesional.
Ve usted la agenda que considera en cada reunión el CSSP y hay muchos más puntos relacionados con medicamentos que con cualquier otro tópico que ellos deban considerar. Entonces no están haciendo lo que la Constitución les manda. Están enfrascados, concentrados y direccionando todos sus recursos a una cuestión que deberíamos hacer nosotros como Ministerio de Salud.
"En el tiempo que llevan han aprobado tres artículos, y el proyecto tiene 118, pues el cálculo da 19 años y medio", según los números de Espinoza.
Además ahí hay una serie de conflictos de intereses que es para nosotros el pecado original de este asunto. Desde la estructura misma de los representantes del gremio químico farmacéutico, hasta la junta de vigilancia químico farmacéutica que es la que resuelve en primera instancia, y los representantes del mismo gremio en el Consejo mismo de Salud Pública, que es la instancia que resuelve conflictos de la primera instancia, ellos monopolizan, porque ellos son los expertos en el tema, entonces lo que ellos dicen es como la palabra de Dios Padre allí. Allí los conflictos de interés están a la orden del día.
¿Qué conocimiento tiene sobre el avance del proyecto que está en discusión en la Asamblea Legislativa sobre la Ley de Medicamentos?
Esa era otra de las cosas que me decían, que por qué decía yo que iban a tardar 20 años, que era otra de las exageraciones, decía El Diario de Hoy. Pero si en el tiempo que llevan han aprobado tres artículos, y el proyecto tiene 118, pues el cálculo da 19 años y medio.
Sé que están discutiendo el cuarto artículo. Lo que supe es que el lunes pasado, el cuarto lo que tiene es una especie de glosario de términos y se pusieron de acuerdo en dos términos, pero todavía no acaban de discutir el cuarto y son 118, o sea que va para largo.
¿Qué hay de nuevo en los casos de enterramientos de medicamentos?
Nosotros hicimos eso del conocimiento de la Fiscalía. Ellos han estado interrogando al personal antiguo de los almacenes, pero todavía no hemos recibido ningún reporte ni de la auditoria que está haciendo la Corte de Cuentas ni de la investigación de la Fiscalía.
Pero ustedes aportaron pruebas...
Nosotros aportamos todas las pruebas que teníamos, que fueron los medicamentos que habíamos encontrado, los depósitos que habíamos encontrado en los alrededores de los almacenes. Notificamos también otros lugares donde nos habían dicho que había medicamentos enterrados y la Policía ha llegado allí con la Fiscalía, con la división medioambiental de la PNC. Han acordonado siempre la zona y no sabemos ni lo que han encontrado ni cómo han procesado lo que han encontrado. No nos han dado informes todavía, de cómo ellos están investigando.
¿Y ustedes no pueden ver qué encuentran y qué hacen con lo que encuentran?
No porque ponen su cordón ahí, dicen que están haciendo las investigaciones, que se va a contaminar la escena del crimen, y no podemos acceder, no.
¿Ustedes tienen documentos, contratos, que puedan evidenciar una compra hecha por el ministerio de Salud de medicamentos a punto de vencer que después fueran enterrados?
No. Nosotros lo que esperamos es que si ellos logran detectar números de lote de los medicamentos, nos los hagan llegar para poder darles seguimiento y cotejar esos lotes con nuestros datos, ver si fueron comprados por el ministerio y todo lo demás.
Es lo que nos pasó por ejemplo con unos medicamentos que encontramos en un predio baldío que eran del Ministerio de Salud y que tenían la banderita de ARENA. A nosotros nos avisaron de que lo estaban botando allí y nosotros fuimos al tiempo que avisamos a la PNC y alcanzamos a recuperar unos frascos, que los tenemos aquí. Y pudimos darle seguimiento a los números de lote y efectivamente todos habían sido comprados con fondos públicos.
¿Qué hacía ARENA con esos medicamentos?
Propaganda. Los repartían como que era el partido el que estaba regalando esos medicamentos, como parte de su trabajo electoral.
¿Y llegaron a saber quiénes eran los responsables?
No. Allí lo que encontramos fueron los frascos, que son de un laboratorio que se llama Carosa, que es propiedad de Carlos Roberto Saca. Esos botecitos eran elaborados especialmente para el Ministerio de Salud, ahí lo dice en el botecito: “propiedad del Ministerio de Salud”.
¿Y Carlos Roberto Saca es familiar del ex presidente Elías Antonio Saca?
No lo sé. Ellos dicen que no.
Pero eso ya es un indicio de investigación. En ese sentido, ¿qué papel están jugando tanto el Ministerio de Salud como la Fiscalía para llegar al fondo de este asunto?
Nosotros hicimos la denuncia, estuvimos presentes ahí, llegó la PNC con su división medioambiental, nosotros recolectamos algunos de estos botecitos para que no se perdiera evidencia. Pero la inmensa cantidad que había allí en enormes bolsas plásticas se fueron en custodia y se las llevó la PNC y se hizo la denuncia a la Fiscalía. Entonces en manos de ellos está la investigación ahorita.
Nosotros a lo más que llegamos fue a la identificación de estos lotes y también les pasamos la información de que los lotes números tales, tales y tales eran lotes que habían sido licitados y adquiridos acá en el Ministerio de Salud. Toda esa información se les pasó, pero ya la investigación jurídica y legal es una cuestión que les compete a ellos.
Hemos hablado con médicos que trabajan en el Hospital Rosales y nos han dicho que allí hay un desabastecimiento total de medicamentos y que hay enfermos que se pasan una semana en una silla, porque ni siquiera hay camas. En ese sentido, ¿tienen ustedes algún plan de acción para paliar esta situación?
Primero una cuestión. No es cierto que haya un desabastecimiento total de medicamentos. Tenemos un cierto nivel de desabastecimiento, eso lo reconocemos. Ese nivel de desabastecimiento tiene varias explicaciones. Uno es que el presupuesto no está aún a la altura de las necesidades.
Pero otra cosa es que, fíjese, desde que nosotros iniciamos un proceso de licitación de medicamentos hasta que adjudicamos la contratación a alguien, tardan de siete a ocho meses, por los tiempos que considera la ley LACAP. Es imposible, por más que nosotros acortemos distancias y nos esmeremos en tenerlo todo a punto, hacerlo en menos de ocho meses. Desde el momento que iniciamos un proceso para hacer una compra, en el mejor de los casos logramos una asignación de un contrato a una empresa en no menos de seis meses. Eso es lo más que hemos logrado reducir el tiempo de contratación. Pero después que pasan esos seis meses, que es lo que establece la ley LACAP, todos lo trámites burocráticos que hay que hacer, una cosa burocrática brutal, que usted ya tiene quien ha logrado la licitación y se lo comunica a la empresa, empieza otro calvario.
Porque las empresas que no ganaron la licitación, hay un periodo para que presenten un recurso de amparo. Entonces tenemos que nombrar un jurado que resuelva esos recursos de amparo para que certifique que es un proceso limpio. Pero una vez ya está el pedido y estamos esperando los medicamentos, esas empresas no tienen el medicamento, tienen que fabricarlo o importarlo. Y entonces empieza otro proceso, que es que te dicen, mire el medicamento tal, que eran cápsulas de 125 mg se lo tenemos que dar en un jarabe. En cualquier parte usted mandaría a la droga a ese proveedor, pero eso nosotros no lo podemos hacer porque serían otros ocho meses para hacer la licitación, y entonces tienes que modificar los contratos, que también lleva un tiempo, y recibir el jarabe.
Entonces, la ley LACAP considera a los medicamentos como otra mercancía cualquiera. Por ejemplo en Costa Rica tienen una ley especial para la compra de medicamentos, que tienen sus particularidades, de acuerdo a cómo se comporta el mercado y todas las trabas que hay que vencer. Por ejemplo fíjese que acá, todos los contratos de compra de medicamentos los tiene que firmar el Fiscal General de la República, y con todas las ocupaciones que tiene ese hombre, pues esos contratos duermen allí el sueño de los justos.
Entonces tiene usted que las compras que hicimos nosotros en enero de 2010 todavía faltan como 2 o 3 meses para adjudicarlas. Y además, en muchos casos todavía no hemos terminado de solventar los asuntos esos como lo de la cápsula por un jarabe, que se dan más de lo que se imagina.
Entonces cuando pasa tanto tiempo y el medicamento no viene y escasea, y nosotros tenemos que darle el antibiótico a la gente, los hospitales terminan comprando por declaratoria de urgencia, que es comprar los medicamentos a los precios del mercado en la plaza. Entonces tenemos que comprar a precios elevadísimos lo cual nos reduce la posibilidad de utilizar eficientemente el presupuesto.
Como consecuencia de esta situación de escasez, ocurre que se venden medicamentos en la calle. Hay médicos que aseguran que esa medicina es en su mayoría sacada por empleados, que los trabajadores de los almacenes, farmacias o administración saben cómo desaparecerla. ¿Qué están haciendo por atajar estas prácticas fraudulentas?
Sí, de hecho hay varias personas detenidas. Aquí mismo se perdieron unas cajas de Tamiflú, la vacuna contra la gripe H1N1, que las estaban vendiendo allá en el Mercado Central.
Pero nosotros no tenemos ni los recursos contratados ni la disponibilidad presupuestaria para contratarlos, para hacer una investigación de esta cuestión. Cuando se venden medicamentos en sitios ilegales, es la Fiscalía la que tienen que actuar de oficio, confiscar esos medicamentos y ver de dónde se han sustraído y quién lo ha hecho. De hecho ya se han dado casos y se han esclarecido por esas vías.
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