LPG-El tema de la telefonía en ruta tortuosa

Varias lecciones van quedando de lo ocurrido: en primer término, la falta de una verdadera coherencia interinstitucional a la hora de tomar decisiones. Si se hubiera comenzado por donde se está terminando, de seguro habría habido resultados más satisfactorios de entrada.

Escrito por Editorial.08 de Marzo. Tomado de La prensa Grafica.

Hace poco, la Asamblea Legislativa acordó, con pleno apoyo partidario, eliminar el llamado cargo de acceso en la telefonía fija, conocido comúnmente como cuota básica. Esta decisión, que se logró con dispensa de trámites, como si fuera una medida de extrema urgencia, fue duramente criticada y vetada por el Ejecutivo. Se dio así una situación original: la Presidencia de la República entraba en contradicción con el partido de gobierno, luego de que éste hubiera logrado acuerdo con los partidos de oposición. El veto presidencial conmovió a la derecha legislativa, no así al partido de gobierno. Y, luego de muchos ires y venires, decires y contradecires, la misma derecha legislativa aprobó la pasada semana una discreta reducción en el cargo de acceso, a la vez que se le dieron 6 meses a la SIGET para implementar un mecanismo de costos reales en función de definir precios justos.

Varias lecciones van quedando de lo ocurrido: en primer término, la falta de una verdadera coherencia interinstitucional a la hora de tomar decisiones. Si se hubiera comenzado por donde se está terminando, de seguro habría habido resultados más satisfactorios de entrada. El primer decreto legislativo, el apoyado por todos los partidos, fue una especie de rayo en cielo sereno, que desató el debate sobre algo que a estas alturas ha quedado claro para todos: la necesidad de ordenar el sistema de los cobros telefónicos. Eso ha sido bueno en sí, como detonador, aunque es malo como método.

También es sano que la Asamblea vaya asumiendo sus propias iniciativas, para salir del complejo de subordinación en el que ha estado por tanto tiempo; pero esto requiere superar también otro síndrome bien arraigado: el de improvisación.

La visión interinstitucional

Una de las fallas verdaderamente básicas de nuestro sistema político tradicional es el enclaustramiento de las instituciones. Esto no ha sido casual, sino derivado de la absorbente preeminencia presidencialista que ha caracterizado nuestra vida política desde siempre. Es como si la voluntad y la voz del Presidente fueran los únicos lazos de unión entre las instituciones. Esto no es compatible, desde luego, con un ejercicio auténticamente democrático, y por ello, al avanzar en la democratización, aquel esquema tiende a ser cada vez más disfuncional y el imperativo de interacciones que se den por la naturaleza misma de las funciones y de las tareas va tomando cada vez mayor fuerza.

Esto lo vemos con toda claridad en ámbitos tan urgidos de eficiencia como es el que tiene que ver con la seguridad y la justicia. Lo lógico sería, dadas las exigencias del fenómeno real, no sólo que hubiera un tratamiento debido y suficientemente articulado entre instituciones como la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil y el Órgano Judicial, sino que el plan de trabajo que abarque toda la temática hubiese surgido del consenso científico y estratégico de todos esos actores institucionales. Pero esto último ni siquiera se plantea.

En términos generales, aquí no se trata de que entre las instituciones haya consultas específicas o comunicaciones casuales, sino de que se dé, de manera orgánica, un esfuerzo interactivo, que permita integrar visiones, ordenar acciones y aprovechar recursos.

El tema de la telefonía en ruta tortuosa