Después del accidentado proceso político que incluyó un veto, acuerdo entre ARENA y FMLN, el retroceso del PCN y una fuerte discusión legislativa, Funes anunció que sancionará un decreto, que aún no se ha aprobado y que mantendría 15 años de pena a menores.
Escrito por Estela Henríquez/Amílcar Mejía. 20 de Marzo. Tomado de La Prensa Grafica.
Ojo al proceso de ley
El decreto no es difuso como estaba. Es diferente al anterior, habla de situación agravantes y establece el tipo de delitos sobre los que se va aplicar.”
Mauricio Funes, presidente
Un nuevo decreto que reformará la Ley Penal Juvenil, pero siempre aumenta la pena máxima de cárcel a menores que cometan delitos graves, podría ser aprobado la próxima semana por la Asamblea Legislativa, y ahora sin el temor de que sea vetado por el presidente, Mauricio Funes, quien ayer anunció estar en la disposición de sancionarlo, a pesar que este permitirá los mismos 15 años de cárcel que vetó hace unas semanas atrás.
“El nuevo decreto no generaliza, no quedó como estaba antes. El decreto que ha sido aprobado es diferente al anterior porque habla de situaciones agravantes y del tipo de delitos sobre el cual se va aplicar”, dijo el presidente Mauricio Funes, al explicar que su decisión esta vez será mandar a publicar lo que la Asamblea ha decidido. Una decisión que, sin embargo, será realidad hasta la otra semana.
Los partidos políticos acordaron este jueves una nueva redacción del artículo 15 de la Ley Penal Juvenil y decidieron llevar el proyecto a consulta del presidente y su secretario jurídico en una reunión que sostuvieron en Casa Presidencial, donde también explicaron la decisión de reformar los artículos 17 y 18 de esta misma legislación. “Ya hemos platicado con los jueces y ellos son del sentir que así como está redactado el decreto es diferente al que decidí vetar. No violenta la Constitución ni los tratados internacionales. Por lo tanto, una vez me llegue, lo voy a sancionar”, dijo el mandatario.
Funes, que ayer dio por aprobado un decreto que aún es proyecto, también se refirió al fracaso de los partidos al intentar superar el veto. “Que se mandará el decreto al archivo no significa que nos tenemos que quedar con los brazo cruzados, algo hay que hacer”, dijo sin darse por enterado que el veto fue rescatado del archivo, porque de lo contrario la Asamblea no podría plantear otra reforma al mismo tema hasta dentro de seis meses.
Debe ser coherente
Para el diputado del FMLN, Benito Lara, el presidente tendría que vetar el nuevo decreto en los mismos términos para que tenga coherencia su argumento de que el incremento de penas a menores de edad es inconstitucional.
“Si el argumento del presidente es que el incremento de penas es inconstitucional, si es consecuente, estaremos enfrente de otro veto”, manifestó el diputado efemelenista.
Sobre su exclusión a la reunión con el secretario jurídico, Lara manifestó que el FMLN no considera que el resto de partidos les haya dado la espalda porque el primer decreto vetado no era iniciativa de ellos.
El también diputado del Frente Ricardo González dijo que de aprobarse esa reforma, esta irremediablemente terminará en la Corte Suprema de Justicia. González añadió que el argumento de que la nueva reforma propuesta establece los 15 años de condena como una excepcionalidad es falso, porque el 95% de condenas a menores son por los delitos de homicidio y extorsión.
Pero agregó el diputado que la nueva propuesta salva al Ejecutivo de exponerlo al desgaste frente a una resolución de la CSJ a favor del primer decreto vetado por la presidencia.
Causas del veto continúan
Aunque el presidente otorgó ayer su aval a la nueva propuesta, esta mantiene como eje central el punto atacado en el veto inicial.
Violación artículo 35
Se argumentó para vetar la reforma al artículo 15 que esta no cumple con el mandato del artículo 35 de la Constitución, sino más bien lo contraviene, pues “puede dar paso a un tratamiento más duro para los menores que para los adultos”.
Principio de igualdad
El veto a la reforma del artículo 15 de la Ley Juvenil señala que “la dosimetría de la pena planteada violenta el principio de igualdad (art 3 Cn.), porque se castigaría en la misma proporción de las penas de adultos a los delitos cometidos por jóvenes”.
Comparaciones
En el veto se plantea que el homicidio simple tiene una pena de 10 a 20 años de prisión para adultos y con la reforma un menor podría purgar 15 años, mientras un adulto podría cumplir menos. La nueva propuesta tiene el mismo esquema.
Los convenios
En el veto se establece que las Reglas de Pekín y las reglas para la Protección de Menores Privados de Libertad, suscritos por El Salvador, señalan que la prisión o el confinamiento “deben ser el último recurso y por el menor tiempo posible”.
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