Escrito por René Martínez Pineda.18 de Marzo. Tomado de Diario Co Latino.
(Coordinador General del M-PROUES)*
Partiendo de la moral revolucionaria (o de mi ingenuidad) la tercera tesis es: no se puede jugar a la insurrección en el lugar incorrecto; pervertir la movilización reivindicando injusticias; ni caer en la apología sin doctrina del inmediatismo, porque sus costos recaen en el pueblo y su conciencia social. Aunque parezca lo contrario –o se diga lo contrario, con conocimiento de causa o no- jugar a la insurrección en el lugar incorrecto no construye conciencia, sino que lleva al oportunismo o al mercenarismo, pues, su efecto disuade a los revolucionarios de la revolución, dejando las cosas en un punto muerto que favorece a las fuerzas reaccionarias -no importa que se pretenda lo opuesto- debido a que los avances democráticos son reversibles, y no por el enemigo que ha hecho todo lo posible por lograrlo, sino por nuestros errores.
En el marco de ese juego del que se aprovechan propios y extraños, cobra lógica, por un lado, el hecho de que los gremios estudiantiles no quieran reorganizar la histórica AGEUS –como representante oficial de los estudiantes- debido a que no quieren perder sus pequeños feudos de poder; y, por otro, el que unos se aprovechen del caos para ganar seguidores en sus ansias electorales en la universidad (como rector o decano) lo cual es tan perverso como inmoral.
Pero, “tomarse” la universidad (intervenirla gremialmente) al estilo de los cuerpos represivos de la dictadura militar, creyéndola un laboratorio para jugar al rebelde, no sólo es escoger el lugar incorrecto (dado el signo de la coyuntura) sino, también, poner en riesgo su exiguo patrimonio, además de ser un absurdo similar al que Lenin –hablando de los estudiantes- definió como el “infantilismo que se caracteriza por confundir lo democrático con lo anárquico, la lucha con la matonería, el discurso político con la agitación panfletaria y el liderazgo con la manipulación maquiavélica”, lo cual es usado por fuerzas oscuras para, desde la oposición o anonimato, desestabilizar a los gobiernos progresistas y, por ello, lejos de promover la democracia fomenta el regreso a la dictadura.
Ese es el efecto oculto o instintivo de “la toma” de la universidad por parte de los aspirantes y gremios que malogran su liderazgo, al no distinguir quiénes son sus bases: desestabilizar al gobierno y degradar la institucionalidad construida por la comunidad universitaria, empujándolos al uso de la fuerza, en el peor caso, o a la incompetencia unánime, en el mejor, al no saber cómo y cuándo resolver el conflicto… o no tener el valor de hacerlo.
Cuarta tesis: la democracia no es igualitarismo, sino ofrecer un trato equitativo que valore el esfuerzo y actitud individual, pues éstos son la base de la justicia y la masa crítica del ciudadano solidario y pensante que demanda un país distinto. La democracia, ciertamente, parte de la premisa de que todos tengan las mismas posibilidades, pero en el caso de que no cubran la demanda –por problemas estructurales o cuestiones de idoneidad- la prioridad la tienen, en el nivel universitario, los méritos y esfuerzo sostenido (en los niveles previos, el Estado está obligado a brindar educación universal).
Eso es lo que le exigimos al gobierno en cuanto a sus funcionarios; es lo que exigimos cuando se trata de evaluar al personal en los trabajos; es lo que exigimos en la otorgación de becas y calificaciones; lo que exigimos cuando se trata de promover liderazgos.
En Cuba, para ingresar a la Facultad de Química de la Universidad de la Habana, hay que hacer examen de admisión, siendo 9 la nota mínima para ganar un cupo. Ahora bien, la responsabilidad de formar y motivar al alumno en sus hábitos de estudio (aparte de ser una estrategia para evitar que sea presa fácil de la delincuencia) para que, en un número creciente y significativo, apruebe el examen de admisión, recae en el Ministerio de Educación, no en la universidad, y aunque ambas instancias forman parte de un mismo sistema educativo, las responsabilidades y problemas de una no son los de la otra.
Personalmente –deshaciendo el daño de los gobiernos represivos- espero que el Ministerio de Educación asuma su papel formativo con rigor académico bajo el liderazgo de Sánchez Cerén, con lo cual el número de aspirantes que aprueben el examen de ingreso será cada vez mayor, y eso deberá ser acompañado de un aumento en el presupuesto de la institución. La universidad debe ser una motivación difundida en los niveles previos, y esa motivación saca al joven de la pandilla y lo organiza en grupos de estudio y de debate político.
Quinta tesis: los gremios tienen como prioridad la promoción de los intereses de sus bases y la defensa combativa de su espacio, pues, tal prioridad llevada a la práctica es el motor de la conciencia que lleva a la organización soberana con conocimiento de causa. Más allá de la justeza o no de la exigencia de que ingresen a la universidad personas que han reprobado en dos ocasiones los exámenes (situación distinta a la de afirmar que se trata de estudiantes no aceptados por su estrato económico) es obvio que el precio institucional de “la toma” es muy alto, rozando el límite de lo irracional.
Así, sacrificar la institución y las bases para luchar por otras ajenas, es poner la carreta al frente de los bueyes, es un fétido absurdo gremial.
Sexta tesis: las luchas reivindicativas deben ser racionales, tanto en lo que se exige como en los métodos de lucha, pues de ello depende el apoyo y atención pública. Pero, en este país, la cultura política no alcanza para reconocer que lo público no debe malgastarse. En el caso de “la toma” de la universidad, hay que calcular cuánto costará ingresar a los estudiantes que no aprobaron el examen.
Haciendo números gruesos tenemos que, en dinero, esos nuevos alumnos costarían más de un millón y medio de dólares en pérdidas institucionales; en tiempo de clases no recibidas por los estudiantes afectados, costarían más de un millón de horas clases, partiendo del modesto supuesto de que cada alumno ha inscrito dos materias y no ha recibido diez clases. Sin duda, eso los convertiría en los alumnos más caros de Latinoamérica, alumnos que en los ingresos previos bajo similares presiones, han tenido más de un 75% de reprobación y/o deserción.
La pregunta es: ¿Vale la pena tal desgaste? Nadie niega que estudiar es un derecho, pero, plantearlo en abstracto (sin atarlo al deber de estudiar esforzadamente, y al de cuidar los recursos) puede llevar a un despilfarro que no se puede dar el lujo de cometer el sector público. En lo privado, se pagan mensualidades lujuriosas por estudiar; en lo público, se paga con mística y racionalidad.
*renemartezpi@yahoo.com
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