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2010/09/16

LPG-Editorial-El derecho a la información merece el máximo respeto

 El derecho a la información no es un derecho de los medios sino un derecho de la ciudadanía. Y la institucionalidad, en sus distintas esferas, está en el inexcusable deber de respetar y salvaguardar tal derecho, que es inherente a una auténtica vivencia democrática.

Escrito por Editorial.17 de Septiembre. Tomado de La Prensa Gráfica.

 

La confirmación del desatinado fallo de la Jueza de Menores contra LA PRENSA GRÁFICA por haber publicado las fotos de un asesinato in fraganti en plena calle cometido por un menor ha merecido distintas opiniones de rechazo; y lo que más se resalta es que, aparte del atropello flagrante a la lógica jurídica, dicho fallo reiterado vulnera un derecho ciudadano básico: el derecho a la información. Todo esto parte, en lo que al criterio judicial se refiere, de una tendencia extremista en la apreciación de los derechos básicos, como si fueran cápsulas incomunicadas. Esto es típico de mentalidades que tienen muy poca habilidad en la delicada función de aplicar la ley al caso concreto. Cada caso es un universo en sí, y la ley, que es norma genérica, no puede ser aplicada a todos los casos como un molde ciego. Una mentalidad jurídicamente educada sabe hacer los debidos ajustes, manteniendo incólume el imperio de la ley sin sacrificar la realidad.

Las personas tenemos derechos y deberes, y la sociedad también los tiene. Entre los derechos fundamentales de la sociedad está el de hallarse debidamente informada de lo que pasa en su dinámica constante. Y esto es aún más explícito y sensible en las sociedades que llevan adelante procesos democráticos, como la nuestra. La ley y la aplicación de la ley deben corresponder a todos estos dinamismos. La ley no es una deidad estática ni los que la aplican son sacerdotes o sacerdotisas intocables. Hay que distinguir entre independencia judicial y omnipotencia autodefensiva, en todos los niveles de la administración de justicia.

Por nuestra parte, y aunque reiteramos que el fallo aludido vulnera nuestras responsabilidades básicas y el derecho ciudadano a la debida información, somos respetuosos del sistema legal imperante, y dentro de él seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios en pro de la legalidad.

Ciudadanía e institucionalidad

Venimos de una larga tradición perversa en la que el poder estaba implantado en una institucionalidad a su medida, sin conexión real con los derechos ciudadanos. Esta forma de funcionamiento fue la que condujo al conflicto extremo en el que nos vimos envueltos los salvadoreños durante más de una década. La única vía para salir de ese conflicto era la democratización progresiva, que es en la que vamos avanzando. Pero, desde luego, los viejos vicios se resisten a desaparecer, y aprovechan cualquier oportunidad para reenquistarse.

En el orden judicial estamos viendo reaparecer de una forma peligrosa el viejo “espíritu de cuerpo”, que caracterizó al quehacer militar y policial anterior a la guerra. Es una perversión que hay que cortar lo más pronto posible, porque tiene una capacidad contaminante de alta negatividad. De lo que se trata, en verdad, es de fortalecer de veras la independencia judicial, y esto deben cuidarlo y honrarlo en especial los mismos juzgadores, con la altura, la inteligencia y la idoneidad de sus decisiones.

El derecho a la información no es un derecho de los medios sino un derecho de la ciudadanía. Y la institucionalidad, en sus distintas esferas, está en el inexcusable deber de respetar y salvaguardar tal derecho, que es inherente a una auténtica vivencia democrática. Siempre hay diversos intereses y derechos en juego cuando de aplicar la ley se trata, y en asegurar la integridad interactiva de todos ellos consiste la sabiduría judicial. En el caso que comentamos lo que hemos visto es justamente lo contrario, y hay que seguirlo exponiendo.

El derecho a la información merece el máximo respeto

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