Insistimos, por eso, en que la política debe racionalizarse en el país, de tal modo que todas las acciones, tanto públicas como privadas, se integren en un auténtico esfuerzo de nación, que tenga su agenda correspondiente.
Escrito por Editorial.23 de Septiembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
Desde hace tiempos venimos diciendo que uno de los grandes problemas orgánicos que enfrenta el Estado como estructura básica de la sociedad es el centralismo absorbente, que ha sido nuestra realidad desde siempre. La Administración central ha tomado al pie de la letra su nombre, y se halla concentrada en el área capitalina, donde prácticamente se define todo y se decide todo, dejando al resto del país como una periferia casi marginal. Esto choca contra todos los conceptos de un Estado moderno y funcional, en el que una descentralización suficiente y eficaz haga posible que la institucionalidad y el desarrollo sean realidad en todos los espacios nacionales.
La lógica de los grandes proyectos de desarrollo territorial –como el por ahora frustrado Puerto de La Unión y la Longitudinal del Norte con todas sus potencialidades de conectividad y despegue económico– es justamente esa: la de hacer evolucionar al país de un esquema en el que se da una especie de centro solar con satélites más o menos distantes, hacia un sistema de focos interactivos, que permita que los territorios sean áreas de real prosperidad y que los seres humanos puedan desenvolver ahí sus planes de vida en forma satisfactoria y evolutiva.
Ahora, la Presidencia de la República ha lanzado la iniciativa de los llamados Gabinetes Departamentales, para activar la gestión gubernamental en el territorio. Tal iniciativa va en la buena ruta, y ojalá que opere como debe ser: sin intencionalidad partidaria y en eficiente interacción con los centros gubernamentales. Que los gobernadores tomen el respectivo liderazgo es comprensible, y eso pondrá a examen la operatividad real de las gobernaciones. Este en realidad es sólo un primer paso de prueba hacia lo que verdaderamente necesitamos: la reforma administrativa del Estado, en concordancia con las exigencias básicas de la democracia.
La política debe racionalizarse
La actividad política nacional, tanto dentro como fuera de los ámbitos institucionales, ha estado siempre marcada por el signo de la improvisación, que se mueve por impulsos del momento, directamente vinculados con intereses de partido o de imagen. Esto ha impedido que tengamos proyecciones de largo alcance y aun de alcance medio. Todo se decide y se hace para ya, en un tiempo y dentro de una dinámica histórica nacional que exige visiones de futuro, y no sólo medidas de presente. El inmediatismo es uno de nuestros grandes males.
Insistimos, por eso, en que la política debe racionalizarse en el país, de tal modo que todas las acciones, tanto públicas como privadas, se integren en un auténtico esfuerzo de nación, que tenga su agenda correspondiente. Se habla de unidad nacional, pero no hay estrategia que apunte hacia ello. Y, entre tanto, el Estado continúa siendo una maquinaria básicamente obsoleta en un ambiente y en un mundo que demandan cada vez más creatividad y más efectividad, para hacer posible que nos volvamos competitivos de veras.
A esta iniciativa del Ejecutivo –la de los Gabinetes Departamentales– hay que darle el debido seguimiento, dentro de la institucionalidad y desde la opinión pública. Y, en paralelo, estar vigilantes sobre la suerte que puedan correr los grandes proyectos territoriales que ya están en el terreno y los que deberían seguir, que hasta hoy no aparecen aún en el horizonte. Porque la gestión territorial debe estar íntimamente vinculada con la gestión del desarrollo; de otra manera, se corre el riesgo de quedarse en el mero despliegue de la burocracia.
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