Joaquin Samayoa.03 de Septiembre. Tomado de El Diario de Hoy.
La alternancia en el Poder Ejecutivo, aunque temida por muchos, siempre se vio como algo necesario para consolidar nuestro régimen democrático. Una vez consumada, ha sido valorada muy positivamente dentro y fuera de El Salvador. Gracias a la sensatez y a la firmeza del presidente Funes, no ha habido mayores sobresaltos. El FMLN todavía aspira a obtener gradualmente un control absoluto de todos los poderes del Estado, a imagen y semejanza del socialismo bolivariano, pero la débil institucionalidad democrática que hemos podido construir en los últimos 20 años ha sido suficientemente fuerte para resistirse al asalto.
De lo que nadie habló nunca fue de alternancia en el Poder Judicial, por la simple y sencilla razón de que siempre se ha dado por sentada la apoliticidad de su máximo organismo de dirección. A partir de los acuerdos de paz, la Corte Suprema de Justicia ha albergado una sana diversidad de inclinaciones ideológicas y doctrinas jurídicas. Los pilares de nuestro régimen de gobierno, consagrados de forma explícita e inequívoca en la Carta Magna, siempre se habían sentido adecuadamente protegidos en virtud de las posiciones eminentemente conservadoras adoptadas prudentemente por casi todos los magistrados que han sido llamados a integrar la Sala de lo Constitucional.
Sin embargo, cuando llegó la hora, hace poco más de un año, de sustituir a varios magistrados del supremo tribunal, entre ellos a su presidente y a varios integrantes de la Sala de lo Constitucional, la desconfianza se apoderó de los principales partidos de oposición. En aquellos momentos era real y parecía inminente el peligro de que el FMLN lograra negociar con los elementos más oportunistas de una derecha política derrotada y confundida, hasta lograr los votos necesarios para integrar una nueva Sala de lo Constitucional sumisa al partido de izquierda y dispuesta a legitimar, como ocurrió en Venezuela y Nicaragua, la realización amañada de consultas populares cuyos resultados servirían para terminar con la democracia representativa, la separación de poderes y todas las libertades que la Constitución vigente nos garantiza.
La desconfianza complicó y retardó la elección de los nuevos magistrados hasta que las cúpulas de los principales partidos políticos, con la inusual y cuestionable intervención facilitadora del presidente Funes, lograron producir el humo blanco de una solución que a casi todos los salvadoreños nos pareció salomónica. En la nueva Sala de lo Constitucional se les dio cabida a dos o tres juristas un poco izquierdosos pero que gozaban de mucho prestigio profesional y cuyas convicciones democráticas no daban lugar a muchas dudas. Hasta ahí todo muy bien. Los salvadoreños nos congratulamos por haber sido capaces de solventar uno de los escollos más difíciles de la corta historia de nuestras instituciones democráticas.
No sospechábamos cómo iba a complicarse esa alternancia a la que nadie se refería en esos términos. No era el caso que se estaba pasando el Poder Judicial de un partido a otro. Era la transición de una CSJ conservadora a una dispuesta a asumir responsablemente el desafío de los cambios necesarios para revertir el creciente deterioro de la legitimidad de nuestro sistema político. Era el cambio de una Corte que archivaba sin resolver las demandas complicadas a una resuelta a evacuar en el más corto plazo posible las sentencias pendientes. El cambio de una Corte dócil a los poderes formales y fácticos a una Corte con carácter y pensamiento propio. El paso de una Corte que se recetó prebendas a una más comprometida con la transparencia y el buen gobierno.
Las tensiones propias de semejante transición constituyen el trasfondo de la enconada polémica que se ha suscitado en torno a las dos últimas sentencias de inconstitucionalidad dictadas por la nueva Sala de lo Constitucional. En esa polémica se han amelcochado argumentos de conveniencia política, prejuicios, temores y argumentos jurídicos de muy diversa calidad lógica.
Desde algunas trincheras, la batalla se libra con claros pero inconfesos propósitos políticos. Se busca desprestigiar a los magistrados que están votando de manera inconveniente. Se busca sentar las bases para desbaratar ya, o al final de su período de tres años, la Sala de lo Constitucional, por miedo a que suceda lo que se temía que podía suceder antes de que estos magistrados fueran electos.
¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí está ya el lobo! La diferencia con el pastor del cuento es que ese humilde personaje sabía que no era cierto lo que decía. Estaba nada más probando la eficacia de su red de protección. Lástima que, cuando la necesitó, ya nadie le hizo caso. Por pasarse de vivo le comieron a sus ovejas. Los personajes de nuestra vida real, en cambio, están alucinando; están viendo al lobo, grande, peludo, con torva mirada y afilados colmillos. Ojalá no les pase a ellos, y de remate a todos los salvadoreños, lo mismo que le pasó al pastor.
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