Persisten dudas sobre varios artículos de la Ley de Proscripción de Pandillas aprobada por la Asamblea Legislativa, que aborda sólo la represión a falta de conocer la ley de rehabilitación que ha anunciado el gobierno.
Por Fernando de Dios. 03 de Septiembre. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR - La Asamblea Legislativa aprobó, la noche del miércoles, la llamada Ley de Proscripción de Pandillas, con la que se pretende combatir el flagelo de las llamadas “maras” y grupos ilegales armados, así como a quienes las financian, pero de inmediato quedaron en evidencia los huecos que la normativa trae de nacimiento.
Declarar ilegal un grupo o una asociación, dicen los expertos consultados por ContraPunto, es siempre un asunto delicado, puesto que se está apuntando hacia una garantía constitucional, como es el derecho de asociación y reunión, por lo que se deberá hilar muy fino en la aplicación de esta ley a la hora de señalar asociaciones delictivas.
“A mí me preocupa que (la ley) vaya a generar confusiones y que la Policía y la Fiscalía no tengan claro esto”, declaró la jueza de la Cámara de Menores, Doris Luz Rivas Galindo.
Acotó: “Porque lo que va a determinar (la pertenencia a pandillas) son las pruebas”. Y es este uno de los vacíos que ya habían sido advertidos con antelación.
Clara como el petróleo
Para la magistrada, aún no está claro en qué términos se va a poder demostrar que una persona pertenece a uno de estos grupos, ni siquiera qué características tienen, puesto que la ley no incluye tales precisiones.
“Cómo probar que dos o tres personas se ha asociado para delinquir y cómo caracterizar también a las pandillas”, son cuestiones que, en opinión de Rivas Galindo, no quedan delimitadas en el texto.
Y en ese sentido, apunta que se puede violar un concepto recogido en la Constitución por el que una persona no puede ser declarada culpable por lo que es, sino por lo que hace.
Con 78 votos favorables, todos los grupos parlamentarios dieron su apoyo a una ley que finalmente viene a incluir los elementos que el gobierno había planteado de una forma u otra, como los grupos de exterminio.
El texto declara ilegales a las pandillas y a grupos delictivos tales como la llamada Sombra Negra, además de establecer la ilegalidad de cualquier acto jurídico y la incautación por el Estado de los bienes y la inmovilización de los fondos que resulten de su actividad delictiva.
También aquellas personas u colectivos que apoyen, colaboren o financien a estos grupos pueden ser procesados, según la normativa.
Pero, de nuevo, la gran incógnita es cómo comprobar que alguien, por ser pandillero, está fuera de la ley.
En 2003, El gobierno de Francisco Flores, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) recurrió a fórmulas simplistas en la legislación antipandillas, creada ese año, como por ejemplo, incluir como evidencia la forma de vestirse o los tatuajes propios de las maras. Pero esas fórmulas dejaron al descubierto los vacíos de la normativa, y en 2004 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Uno de los alegatos de la CSJ, para declarar la inconstitucionalidad, fue que ninguna persona puede ser penalizada por su forma de ser, vestir, usar tatuajes, etc., sino por las acciones que cometan, como ya lo advirtió la jueza Rivas Galindo.
De modo que, si la Fiscalía quiere criminalizar a alguien, debe probar que esa persona ha cometido un delito, y allí está lo complicado con esta nueva ley: querer perseguir a un pandillero solo por el hecho de serlo. De algún modo tiene reminiscencias de las pasadas leyes antipandillas, algo así como malformaciones congénitas.
La ley trae algunos cambios, en relación a las normativas pasadas.
Uno de los cambios sustanciales respecto del proyecto original elaborado por el Ministerio de Seguridad y Justicia se encuentra en el artículo 9, que establece que los menores de 12 años serán objeto de aplicación de la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia (Lepina), en lugar de ser internados en dependencias del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).
Sobre la incautación de los bienes de aquellos vinculados a pandillas, el coordinador de Seguridad Pública y Justicia Penal de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Nelson Flores, señaló que eso podría ser lesivo para la imparcialidad de los jueces, pues la normativa establece que aquellos bienes incautados deberán asignarse al ministerio de Justicia y Seguridad (60%), a la Fiscalía General de la República (20%), y al Órgano Judicial (20%).
“Los jueces no pueden recibir ningún beneficio, porque ellos son árbitros en un proceso, para eso tienen un presupuesto” dijo Flores, quien infirió que entre los jueces “podría llegar a perderse la imparcialidad”.
Falta una pata del banco
Otras deficiencias de la normativa, analizada por los consultados, tienen que ver con que la ley sólo aborda una parte del problema, la represión, mientras que otros aspectos, como la prevención y la rehabilitación, que el gobierno siempre ha dicho que toma en cuenta, quedan en suspenso.
El abogado de Fespad advirtió que “la ley por sí sola no va a prevenir ni a combatir el delito” y que “si no fortalecemos a las instituciones para que puedan reprimir el delito de una forma más eficaz, por más leyes que se creen, sean buenas o malas, no van a funcionar”.
Una vez aprobada esta ley, según declaró hace unos días el viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos, el ministerio presentará una propuesta a la Asamblea para aprobar otra normativa centrada en la rehabilitación de las personas que pertenecen a los grupos declarados ilegales y quieran dejar de hacerlo.
Será una ley complementaria, tal y como anunció también el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar.
Los expertos consultados señalan que se deberían de haber planteado las dos leyes juntas, o en una sola ley, puesto que aprobar primero y por separado la parte represiva plantea incertidumbre para aquellas personas que están en proceso de rehabilitación, saliendo de las pandillas.
“No podemos echar a andar esta ley sin tener la otra parte para la reinserción de la gente”, afirmó Nelson Flores, que lamentó que no está habiendo una discusión pública sobre esa ley de rehabilitación, anunciada pero incógnita.
Al respecto, la jueza Rivas Galindo dijo: “Primero reprimimos y hasta después vemos si vamos a rehabilitar. Es un mensaje político, como que es estratégico. Pero la sociedad y la gente también necesita esas oportunidades”, afirmó Rivas Galindo.
Y no sólo las personas que están intentando salir necesitan esa ley para la rehabilitación, sino las organizaciones no gubernamentales que trabajan con ellos, que también se encuentran en una situación de incertidumbre.
Luis Romero, dirigente de la organización Homies Unidos, cuyos miembros son pandilleros retirados y reinsertados a la sociedad, dice que, tal como está aprobada la ley, “tendríamos que irnos a presentar a la policía porque somos parte del problema”.
En las actuales condiciones, agrega, “son alrededor de cuarenta o cincuenta organizaciones que tendríamos que cambiar algunas normativas dentro de nuestras organizaciones para poder trabajar con los jóvenes”.
Romero señaló que también los familiares de los pandilleros van a padecer las consecuencias de la ley, pues ese vínculo familiar de alguna manera los mantiene unidos, y eso los puede poner en la mira de la justicia.
El dirigente de Homies Unidos cree que el gobierno debería tener en cuenta la experiencia acumulada por las numerosas organizaciones que están trabajando en la rehabilitación de jóvenes pandilleros desde hace tiempo, para hacer una normativa mejor, que no se centre sólo en la represión.
Sin embargo, “la experiencia empírica de las organizaciones que estamos trabajando en esto no se está teniendo en cuenta”, lamentó Luis Romero.
Nueva ley antipandillas trae malformaciones congénitas - Noticias de El Salvador - ContraPunto
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