13 de Septiembre. Tomado de Diario Co Latino.
En primer lugar debemos reiterar lo que escribimos en nuestro editorial del viernes pasado, en el sentido de que, estamos convencidos de que la efectividad del paro no fue por la amenaza de los mareros y pandilleros, sino, por la decisión perversa de algunos empresarios del transporte colectivo, de que la medida se cumpliera al pie de la letra.
Es decir, si los empresarios hubiesen decidido sacar sus unidades, acompañando al pueblo que no se amilanó ni con las amenazas ni con el paro del transporte, pues, como pudo, salió de sus casas y llegaron hasta sus lugares de trabajo, el famoso paro no habría pasado de ser un rumor más.
Hoy, algunas gremiales que representan a algunos sectores empresariales se dan golpes de pecho, pero, no dicen que no hicieron nada por garantizar el transporte a sus trabajadores, pese a que fueron testigos de cómo millares tuvieron que caminar largos trayectos por cumplir sus labores o sus tareas.
La ciudadanía debe saber que, en tiempos de la guerrilla, cuando esta anunciaba paros al transporte, el gobierno de turno, al igual que los empresarios, hacía todo un esfuerzo conjunto para minimizar los efectos del paro, mientras, que en esta ocasión, se aprestaron a cerrar los negocios o fábricas, no sin antes garantizar que más de alguna cámara de televisión estuviera presente para que el impacto mediático del “terror” y el paro fueran más efectivos.
La ciudadanía debe saber que, muchos medios de comunicación, no solo contribuyeron a expandir rumores, en el formato noticia, sino que procuraron que las audiencias tuvieran la menor información de los esfuerzos que el gabinete de seguridad realizaba para hacer fracasar la amenaza de los grupos pandilleriles.
Las autoridades de seguridad pública han informado que hicieron del conocimiento a los empresarios del transporte público, desde el domingo por la noche, sobre los planes que se pondrían en marcha a partir del lunes pasado.
El Plan de la seguridad pública tenía cinco ejes, a saber: intervención para la seguridad del transporte público, intervención en Centros Penales, intervención en comunidades de alta persistencia de maras y pandillas, captura de cabecillas de mareros y pandilleros, y la movilización de vehículos del estado.
Según las autoridades de Seguridad, 5 mil policías más –luego de suspender licencias y permisos- y 2000 soldados más se incorporaron al plan de seguridad especial, que consistía en su presencia en terminales de buses, paradas o rutas de autobuses.
No obstante, pese a lo anterior, los empresarios prefirieron obedecer las amenazas de las pandillas. Mientras tanto, el partido ARENA, como muy bien lo dijo el Presidente Mauricio Funes, el jueves pasado, trataba de sacarle provecho político, sumándose así, a lo que este diario considera una verdadera conspiración.
Mi opinión muy personal es que el Ministerio del Interior, --ahora transformado en Gobernación--, demande judicialmente a los empresarios de transporte, para que en el juicio se decida si continúan administrando el servicio o renuncian a ello para dejarlo en manos del Estado.
ResponderEliminarHay que poner punto final a este tremendo dilema.