Hasta hace unas semanas, la sensación era que la Sala de lo Constitucional se había ocupado mayormente de ordenar la casa, desviando su atención de cuestiones de clara incidencia en nuestra joven democracia.
Escrito por Juan Héctor Vidal.23 de Agosto. Tomado de La Prensa Gráfica.
El perjuicio de esa desviación, en circunstancias en que la nueva Sala encontró una mora judicial que, según se dice, se fue acumulando irresponsablemente a lo largo de los años; ha adquirido matices especiales al constatarse que, en muchos casos, la interpretación de la ley se hizo a conveniencia de determinados intereses. Esto, para no insistir en sentencias que fueron ignoradas como en los casos de la irregularidad con que fueron designados por la Asamblea Legislativa algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral y la Ley de Integración Monetaria, en un claro desacato del entonces presidente de la República, al ignorar la provisión del bimonetarismo.
El primer remezón se dio hace solo unas semanas cuando la Sala declaró inconstitucional el monopolio de los partidos para la elección de diputados. Como es sabido, las reacciones de los afectados no se hicieron esperar, con insinuaciones extremas de algunos diputados de que podrían actuar contra los que yo he dado en llamar los “cuatro apóstoles”, seguida del despropósito de nombrar una comisión especial para que interprete una sentencia que no admite ningún cuestionamiento. Esperando turno está la definición sobre la penalización de la crítica periodística –que en lo personal me preocupa, siempre pensando en el daño que se le puede causar a nuestro proceso democrático– y la decisión de declarar o no constitucional la transferencia de recursos presupuestarios sin aprobación legislativa.
Al momento de escribir esta columna, un matutino daba por sentada una resolución que prohíbe continuar con una práctica que viene –según algunos entendidos– desde la segunda administración arenera. Se cae en el cinismo, cuando los mismos auspiciadores de la iniciativa original ahora la cuestionan, a pesar de que mientras estuvieron en el poder probablemente la utilizaron para desviar cifras multimillonarias de las cuales los contribuyentes nunca tuvimos una noción, hasta que un medio destapó la jugada del anterior gobierno de trasladar a CAPRES la friolera de casi $220 millones.
El presidente Funes ya se encontró con ese esquema y lo defiende bajo dos argumentos: primero, porque le resta flexibilidad al manejo presupuestario particularmente ante las frecuentes emergencias que sufre el país y que demandan agilidad en el manejo de fondos, todo agravado por las exigencias de la LACAP; segundo, porque pasar por el filtro de la Asamblea significa arriesgarse al chantaje de parte de quienes actúan siempre en función de sus particulares intereses y no de los del país, particularmente ahora que la atomización de partidos hace más difícil la negociación.
Pienso que esos argumentos son válidos, pero debo expresar mi preocupación porque un gobierno que ha prometido cambio pueda comprometer el objetivo de la transparencia que él ha ofrecido y que eventualmente puede verse involucrado en manejos presupuestarios cuestionables, como los que en el pasado enturbiaron la gestión gubernamental y le crearon al país la imagen de corrupto en el plano internacional.
Como una solución “salomónica” sugiero: Adaptar las disposiciones presupuestarias para que el Consejo de Ministros pueda aprobar transferencias cuando las circunstancias lo demanden. Estas operaciones deben ser oportunamente auditadas por la Corte de Cuentas, para que periódicamente el ministro de Hacienda las haga del conocimiento de la Asamblea y se proceda a una aprobación ex post por mayoría simple, debiendo estipularse montos, origen, destino de los fondos y otros requisitos indispensables para una gestión presupuestaria cristalina. Una idea menos elaborada la planteamos hace unas semanas a otro medio.
Se trataría de una reforma a un ordenamiento secundario, adaptable al art. 131 Cn. Probablemente esta no es la mejor solución pero es preferible al chantaje y la falta de transparencia.
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