La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social presentó ante los medios de comunicación el Informe de Coyuntura Legal e Institucional del primer semestre del 2010, en el cual establece una serie de vacíos que limitan el desarrollo de El Salvador, como la inseguridad, la impunidad en la administración pública y la falta de transparencia de las instituciones entre otros.
Escrito por Jessica Guzmán.11 de Agosto. Tomado de Diario La Página.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Fusades, presentó ante los medios de comunicación el Informe de Coyuntura Legal e Institucional del primer semestre del 2010, en el cual establece una serie de vacíos que limitan el desarrollo de El Salvador.
Según el Departamento de Estudios Legales de Fusades la democracia no se ha estancado, a pesar que las instituciones no han rendido a los ciudadanos los resultados esperados. En este sentido la gremial señala la inseguridad ciudadana como uno de los problemas más apremiantes que vive la sociedad.
En este sentido Fusades enfatiza que las soluciones o los desafíos de El Salvador en materia de seguridad no se resuelven simplemente aprobando más leyes, por lo que hay que analizar integralmente la legislación existente, determinar qué es lo que no ha funcionado y reformar aquella que sea necesaria para tener mejores herramientas.
La institución señaló además que el entorno económico, social, político y legal del país no ha sido propicio para la creación de nuevas oportunidades, ya que se ha afectado el clima de negocios y se ha deteriorado la calidad de vida de los salvadoreños.
Uno de los puntos que destacó Fusades fue la inseguridad jurídica, la cual se manifiesta en una percepción de impunidad a varios niveles de la administración pública, en la falta de respeto a la normativa vigente y en la ausencia de consecuencias por su incumplimiento.
En este sentido el presidente de Fusades, Antonio Cabrales manifestó su malestar, ya que aseveró que se debe impartir justicia con equidad.
“No podemos seguir viviendo en un país donde no se imparte la justicia a todos por igual”, dijo Cabrales.
María Eugenia Brizuela de Ávila, presidenta de la Comisión de Estudios Legales de la institución hizo referencia a los insistentes problemas de eficiencia en justicia penal.
De Ávila hizo referencia al apartado del Informe sobre la Judicialización del delito, el cual establece que “… en nuestro país el 80% de los crímenes contra la vida no son castigados; menos del 20% de los homicidios va a juicio y solo el 3.8% de estos resulta condenado”.
El Informe señala también que la agenda legislativa ha buscado acomodar interese políticos partidarios a temas coyunturales, en lugar de impulsar medidas que fomenten una agenda de fortalecimiento institucional.
Otro de los vacíos que destaca el Informe es que no se han priorizado las reformas al sistema electoral y de partidos políticos; se ha estancado la discusión de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Fusades también señala que la transparencia, probidad y rendición de cuentas de los funcionarios deberían ser normas institucionales vigentes, más que dejarse a voluntas, ya que la transparencia no se ha visto como un eje transversal en todas las instituciones del Estado.
El documento establece también que hay una falta de visión compartida por todas las fuerzas nacionales que permita la formulación de políticas públicas efectivas en temas relevantes.
El estudio concluye con que todos estos desafíos necesitan un diálogo efectivo entre los distintos sectores, por lo que es necesario que se perfeccionen y amplíen los espacios existentes que busquen la unidad nacional para lograr una mejor calidad de vida y fortalecer la democracia en el país.
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