La denominada Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia no es más que una copia de las recomendaciones de la referida comisión » Los creadores de la referida política, que se decanta por la "prevención", no tomaron en cuenta propuestas que brindaron sectores como la Cámara de Comercio.Nunca en la historia de El Salvador se había registrado un hecho con tanta barbarie y crueldad como la quema del microbús de la Ruta 47 con 30 pasajeros dentro, y en el que murieron 17 personas y otras 13 sufrieron graves quemaduras. La inteligencia policial no funcionó.
09 de Agosto. Tomado de El Diario de Hoy
Los actuales planes de seguridad pública y la denominada Política Nacional de Justicia, Seguridad y Convivencia tienen sus bases en iniciativas que se implementaron durante el gobierno anterior y, paradójicamente, fueron cuestionadas en su oportunidad por los actuales responsables de la Seguridad Pública en el país.
Muchas de las recomendaciones hechas por la difunta Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, que impulsan la prevención por sobre el combate frontal del delito, han sido retomadas por el actual gabinete de Seguridad para la elaboración de su Política Nacional de Seguridad que regirá en los próximos cuatro años y que hace énfasis en la prevención del delito y reinserción de delincuentes.
En el contenido del proyecto, al que tuvo acceso El Diario de Hoy, se prioriza la prevención de la delincuencia y la rehabilitación de los hampones más que impulsar medidas contundentes e inmediatas en contra de la criminalidad que ha sobrepasado niveles delictivos nunca antes vistos en la historia del país, como la quema del microbús de la Ruta 47 con 30 pasajeros dentro y en el que murieron 17 personas y resultaron 13 quemados, la noche del 20 de junio pasado en Mejicanos.
Las mismas autoridades reconocen que en el documento se integraron las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social. Este órgano consultivo fue creado a finales de 2006 por el entonces presidente Elías Antonio Saca en un intento por mejorar la seguridad pública del país.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, aceptó que "muchos de esos aspectos han sido retomados de la comisión que se formó en el gobierno anterior".
Tras ocho meses, la comisión entregó 75 recomendaciones no sólo para la seguridad sino también para la justicia penal, la rehabilitación penitenciaria y la coordinación interinstitucional, además de que, en su momento, propuso el desarme general de la población, pero nada dijo de desarmar a la delincuencia.
La referida comisión, que tuvo apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobrepasó sus facultades al asegurar que "sin temor a equivocarse, El Salvador era uno de los países más violentos no sólo de América Latina sino del mundo", estigmatizando al país y sin consultar los datos veraces.
A principios de febrero pasado, el Presidente Mauricio Funes y su gabinete de Seguridad iniciaron una serie de consultas con todos los sectores del país para presentar su futura Política Nacional de Seguridad para los próximos cuatro años y se suponía también que para recibir propuestas e insumos que enriquecerían el proyecto.
De nada sirvió ese tipo de consultas si ninguna de las propuestas o recomendaciones que ahí se vertieron de parte de los sectores invitados tuvo eco en los encargados de la elaboración del programa gubernamental, coincidieron algunos sectores. De hecho, el documento había sido terminado en enero de 2010 y luego fue consultado con todos los sectores.
Melgar sostuvo lo contrario y aseguró que "muchas propuestas han sido retomadas, sobretodo aquellas que tienen viabilidad y otras no", como la idea de construir un penal en la isla Martín Pérez, por ser "muy costosa".
Las coincidencias existentes entre los dos documentos se centran en fortalecer la investigación técnica científica del delito, la prevención social de la delincuencia a través del fomento de los valores positivos de convivencia, mejoras en el sistema carcelario y la promoción de leyes relativas a la seguridad pública.
Además se contempla el control estricto de las armas de fuego, la creación de un sistema unificado de información sobre violencia y delincuencia y los observatorios de la violencia en los 20 municipios con los más altos índices delictivos. Además, propone una política de reinserción social de los pandilleros, lo que en el gobierno Saca se llamó Mano Amiga.
La creación de los Consejos Municipales de Prevención de la Violencia, que ya está impulsando el actual gobierno con diversos alcaldes, no es más que una idea surgida en el seno de la Comisión de Paz Social.
elsalvador.com :.: JUSTICIA Y SEGURIDAD retoma medidas del Gobierno anterior
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