09 de Agosto. Tomado de Diario Co Latino.
A veces es difícil, desde la distancia, entender las decisiones soberanas de los pueblos. Eso es lo que pensamos, desde aquí, en El Salvador, al conocer de la victoria electoral del ex ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, quien, desde el pasado sábado se convirtió en el nuevo presidente del pueblo colombiano.
Tanto Santos, en su calidad de exministro de Defensa, como Álvaro Uribe, tarde o temprano, tendrán que responder por los genocidios ocurridos en Colombia.
Justamente el 10 de julio del presente año, mientras el gobierno de Uribe presentaba ante la OEA una convocatoria urgente, de ese foro hemisférico, para denunciar a la República Bolivariana de Venezuela, por la supuesta presencia de más de un millar de guerrilleros en suelo bolivariano, también se conocía de la existencia de la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, en la que se encuentran unos dos mil cadáveres.
Se trata del pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más afectadas por el conflicto colombiano.
Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto del que se tenga noticia en este continente.
El secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia, Jairo Ramírez, quien acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar, cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena exclamó: “Lo que vimos fue escalofriante, infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy”.
“El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región afirma eran líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”, agregó Ramírez.
La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones de los mandos medios, desmovilizados de las estructuras paramilitares y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz, que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes.
El jefe paramilitar John Jairo Rentería, alias Betún, reveló ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus hombres enterraron al menos a 800 personas en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo.
«Había que desmembrar a la gente, todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva”, habría dicho el paramilitar, según información difundida por las redes sociales en internet. Esa Audiencia Pública se realizó el mismo día (22-07-2010) en que el gobierno colombiano, sospechosamente, solicitó una reunión con carácter de urgencia a la OEA para denunciar la presencia, en Venezuela, de miembros de las FARC y el ELN.
Sin lugar a dudas, la denuncia del gobierno de Uribe no era otra cosa más que una jugada malévola que buscaba distraer la atención mundial de lo que la Audiencia revelaría ese día, sobre las masacres y los falsos positivos de Uribe Vélez, hechos que son considerados delitos de lesa humanidad.
Ojalá y este caso, como ya se ha anunciado, sea llevado ante la Corte Penal Internacional, para que Uribe, y seguramente el actual presidente colombiano, sean llevados a la justicia.
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