Douglas Moreno, director de Centros Penales, había descartado esta hipótesis hace tres días.
Escrito por Tania Membreño.11 de Septiembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
El subdirector de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Augusto Cotto, confirmó que la orden de promover un paro de transporte colectivo y el cierre de negocios mediante amenazas a la población salió de un centro penal.
“Este accionar (amenazas) fue promovido por miembros de pandillas en penales, fue una combinación de acciones desde adentro de los centros penales y los pandilleros que están fuera”, señaló Cotto.
El jefe policial aseguró que las investigaciones revelan que los líderes de dos pandillas rivales se unieron en un pacto para lanzar las amenazas en contra del sector del transporte colectivo de pasajeros, lo que provocó el cierre temprano de establecimientos comerciales.
Cotto prefirió no dar detalles sobre las investigaciones para no entorpecerlas. “Nuestra investigación va a identificar a los miembros de pandillas, dentro y fuera de penales, que planearon esta situación”, dijo.
Contradicción
La declaración de Cotto contradice lo señalado el miércoles anterior por el director de Centros Penales, Douglas Moreno, cuando desvinculó los hechos de rebeldía protagonizados por reclusos en diferentes penitenciarías del país con las amenazas lanzadas por los pandilleros a escala nacional.
Desde el pasado lunes, los reclusos de al menos seis centros penales se declararon en rebeldía al oponerse al ingreso a las celdas. Las autoridades decretaron estado de emergencia y no permitieron el ingreso de las visitas a los reos.
El miércoles, 30 reos resultaron lesionados al interior de la cárcel de Ciudad Barrios cuando esta fue intervenida por la PNC y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Las autoridades policiales la consideran como la cárcel desde donde se ordena el mayor número de delitos como extorsiones y homicidios.
Moreno reveló en ese momento que la acción de intervenir el penal se tomó luego de obtener información que los reos aumentarían su presión con más actos de violencia.
El presidente de la República, Mauricio Funes, aseguró el jueves por la noche, tras sancionar la Ley de Proscripción de Pandillas, que no había dudas de la participación de pandilleros recluidos en las cárceles en la promoción de un ambiente de inestabilidad, mediante la organización de revueltas en las penitenciarías.
A partir de eso, el Gobierno ha dispuesto endurecer las medidas de control en los centros penales, como aumentar las áreas de bloqueo de señal de teléfonos celulares y la restricción a los reclusos a recibir visitas íntimas y de familiares.
Además, se tiene conocimiento que se prohibirá el ingreso de comida de fuera y tampoco se permitirá que los reclusos reciban ropa y dinero.
Durante esos tres días, las autoridades desplegaron 5,000 policías más y otros 2,000 soldados en las calles.
A pesar de ese despliegue, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador estimó que el comercio sufrió pérdidas por más de $40 millones en tres días.
Según un boletín generado por la Cámara de Comercio, la actividad comercial en las principales ciudades registró el martes una caída de las ventas entre el 50% y el 60%, mientras que en los días posteriores se agudizó hasta llegar a un 70%.
Durante esas 72 horas, la Policía capturó un total de 81 pandilleros acusados de promover una campaña de miedo en la población.
Ayer, la Policía presentó a los 31 pandilleros detenidos en las últimas 24 horas.
Los otros 50 capturados ya se encuentran en los respectivos tribunales, donde serán procesados por delitos de daños agravados, homicidio en grado de tentativa, amenazas, portación y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros.
Entre los detenidos el jueves anterior estaba Candelaria Pacas, de 69 años de edad, abuela de un pandillero de Soyapango, quien fue sorprendida por la Policía cuando amenazaba a comerciantes del mercado de Soyapango con asesinarlas si sus negocios seguían abiertos.
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