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2010/09/13

EDH-Disidencia del contrato social salvadoreño

 Ricardo Esmahan.14 de Septiembre. Tomado de El Diario de Hoy.

Está por entrar en vigor la denominada "Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal", una herramienta que reforzará las medidas de la política de seguridad, de la cual todos los salvadoreños esperamos buenos resultados.

Como he sostenido, este es un tema complejo y de suma importancia como para abordarlo de manera ideologizada o politizada. Si se quiere sinceramente aportar, debe abordarse el tema con responsabilidad, buscando unir esfuerzos en torno a fortalecer una política de nación. En ese marco, es necesario hacer una reflexión para aportar a la comprensión del fenómeno de las maras en su actuar delincuencial.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), con su tratado titulado El Contrato Social (1762), aportó una de las teorías básicas del derecho y el Estado. El postulado de Rousseau, que da nombre a esta teoría, emplea el lenguaje jurídico propio de las relaciones privadas entre los hombres, para comprender las bases de la convivencia de una sociedad moderna. Este pensador discurre acerca del vínculo que existe entre el Estado y los ciudadanos.

Rousseau sustenta que el vínculo no se da por la fuerza o la sumisión, sino, que los hombres y mujeres voluntariamente renuncian a un estado de natural inocencia para someterse a las reglas de la sociedad, a cambio de beneficios mayores inherentes al intercambio social. Este consentimiento voluntario se materializa a través de un contrato, "el contrato social" en este caso.

Como país, nos insertamos al concierto de naciones como Estado de Derecho y Democrático, en el cual los ciudadanos ciframos esperanzas de superar los problemas y limitantes para el desarrollo de nuestro pueblo. Nuestro contrato social se expresa en la Constitución, que consagra los derechos fundamentales de la persona humana.

La Constitución consagra en su Artículo 1, el objetivo fundamental que debe guiar al Estado salvadoreño, su responsabilidad para con el pueblo: "El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social".

Y en esa gran tarea de país no debemos desmayar, y los mandatarios y funcionarios de los órganos de gobierno deben asumir esa guía constitucional.

Por otra parte, el Artículo 2 de la Constitución sostiene: "Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos".

Este contrato social permite al pulgarcito de América ser reconocido como El Salvador, como un Estado soberano, como una República independiente, fundamental para la democracia y los mecanismos de ésta para prevalecer. Los disidentes de este gran acuerdo social se someten a los mecanismos legales, que incluso los lleva a perder un derecho valioso como es la libertad.

Sin embargo, organizaciones de hecho reniegan de ese contrato social que sostienen la convivencia civilizada de los salvadoreños. Los individuos organizados en maras irrespetan los derechos fundamentales de los salvadoreños. Irrespetan la vida, la integridad física y moral, la libertad, la seguridad, el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad y la posesión. Incluso estas organizaciones han llegado a amenazar, pretendiendo en vano disuadir al Presidente de la República cumplir la obligación del Estado de proteger y defender a los salvadoreños.

Una buena respuesta, una valiente respuesta, han tenido estos malos salvadoreños que no aceptan el pacto básico de convivencia de la sociedad, en pocos días serán proscriptas sus organizaciones.

*Columnista de El Diario de Hoy.. resmahan@hotmail.com

elsalvador.com :.: Disidencia del contrato social salvadoreño

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