Enrique S. Castro.10 de Septiembre. Tomado de Diario Co Latino.
Como señalamos en la primera parte, en el proyecto de construcción de 3.97 kilómetros de la calle Diego de Holguín, no sólo se cometieron graves hechos de corrupción en el anticipo de $7.695,887.15 entregados al asocio Copreca-Linares, sino también en la modificación del contrato en contra del interés público, en la ausencia de sanciones por atrasos relevantes en la ejecución, en el inadecuado manejo ambiental (invasión a la propiedad compartida en la finca El Espino por las alcaldías de San Salvador y Antiguo Cuscatlán) y en las anomalías en el proceso de Arbitraje y pago de laudo arbitral.
En la documentación presentada a la Fiscalía General de la República, por las actuales autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) se explica que el auditor interno de esta Secretaría de Estado únicamente pudo verificar legalmente $901.618.65 de los seis millones 780 mil 519.60 dólares recibidos por la empresa Copreca-Linares, sin determinarse que fue de la diferencia de cinco millones 878 mil 900.95 dólares.
No obstante, “los incumplimientos de la empresa y la falta de amortización”, es hasta 2008 que se inicia la auditoría interna. El 8 y 11 de diciembre de este mismo año, el gerente de Auditoría levantó acta de imposibilidad de poder realizarla debido a la negativa del asocio Copreca-Linares de proporcionar información contable. En un párrafo del informe se señala:
“No tuvimos a la vista registros contables (partidas de diario) que demuestren las erogaciones de los fondos efectuados en los meses previamente programados en dicho plan por un valor de $5.892,602.88 que corresponde al 77% del anticipo otorgado...”
En la parcial auditoría se detalla que en la mínima información provista por el asocio Copreca-Linares se incluyen montos duplicados por valor de $111.054.42. Asimismo, entre diciembre 2005 y febrero 2006 se identificaron gastos sin relación alguna con el proyecto del tramo de calle Diego de Holguín, a nombre del Polideportivo de Sonsonate con el Fondo de Inversión Social de Desarrollo Local (FISDL) por $10.222.71
El Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, explicó que los estados financieros de Copreca-Linares no guardan relación con los ingresos recibidos. El detalle es el siguiente: en 2005 Copreca reporta utilidades de $18.702.79; mientras tuvo un anticipo de 4.573,641.79; en Caja y bancos tenía $2.465,552.33 y activos fijos de $49.559.07; en este mismo año Linares tenía utilidades de $562.367,69; no se reporta anticipos; en Caja y bancos $469.520,83, y en activos fijos $4.082,551.10; en tanto, por obras en proceso se detallan ingresos por $1.822,890.56.
En el año 2006 aparece para Copreca utilidades por $279.620.75 y anticipos por $4.528,956.34; en Caja y bancos $140.672.25 y activos fijos $153.088.12; en este mismo año Linares reporta utilidades de 427.336.20; en Caja y bancos $562.325.58; activos fijos de $4.229,110.08 y $2.088,321.04 por obras en proceso.
En la denuncia presentada a la Fiscalía General de la República, se detalla que el dinero pagado por el MOP a la empresa Copreca S.A. de C.V. nunca estuvo reflejado en sus estados financieros. Al tiempo se confirma que en el periodo 2005-2008, en el contrato suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, esta Secretaría de Estado pagó 23 millones 106 mil 779.98 dólares incluyendo el laudo arbitral. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública canceló $11.941,150.69 . En total esta empresa recibió 35 millones 047 mil 930.67. No hay documentación que respalde una auditoría fiscal.
En concreto no existen evidencias que uno de los cheques del anticipo por $2.656,102.56 haya sido declarado por Copreca en el año de 2005, debido a que la factura emitida originalmente en diciembre de este mismo año, fue sustituida por una factura del 3 de enero de 2006, pero el pago lo hizo el MOP en diciembre de 2005. Del mismo modo, como resultado del Laudo ganado por el Asocio por un monto mayor a siete millones de dólares, el MOP canceló en abril de 2008 más de cinco millones. Se desconoce si se declararon ante el Ministerio de Hacienda, pero Copreca no presentó para 2008 estados financieros en el Centro Nacional de Registros.
Por otro lado, los avances del proyecto nunca fueron satisfactorios, si se compara con lo ofertado; sin embargo la información presentada por la supervisión, muestra que el contratista ejecutada exactamente lo que había programado, reflejando avances inexistentes. La Corte de Cuentas observa en el informe de auditoría con fecha 29 de julio de 2008, que el avance físico era del 39.11%, sin que el MOP impusiera la multa por $2.021,689.19. La observación expresa literalmente: “Comprobamos que el director de Inversión Vial, Gerente de Vías Urbanas, Administrador del Proyecto, no exigieron al Contratista el cumplimiento al plazo contractual”.
La corrupción y las múltiples anomalías no terminan con la millonaria cantidad cancelada por el gobierno por obras no terminadas, sino que el arbitraje entre el MOP y el asocio Copreca-Linares derivó en una condena a esta Secretaría de Estado por un valor de siete millones 046 mil 346.93 dólares. En este monto se incluyen más de cinco millones de dólares en costos sobre estimaciones de obras no realizadas.
A pesar de las graves irregularidades en todo el proceso, las empresas que conformaron el Asocio fueron contratadas por los gobiernos de Arena para “otra serie de obras”. En síntesis “las irregularidades” detectadas son diez: modificación del diseño conceptual, adjudicación al asocio Copreca-Linares del proyecto de construcción sin llenar los requisitos financieros y legales exigidos en las bases de licitación, incremento del anticipo del 20 al 30% sin justificación y sin solicitud de los ofertantes, ausencia de monitoreo y supervisión oportuna en el uso de los fondos del anticipo, a pesar de ser exigido en las bases de licitación.
No se sancionó a la empresa en el año 2006, cuando presentaba atrasos permanentes en su programa de trabajo, invasión y tala indiscriminada de árboles en la propiedad compartida por las alcaldías de San Salvador y Antiguo Cuscatlán, sin tramitar los permisos, modificación de la cláusula de renuncia al arbitraje en el contrato, a fin de allanar el camino a un arbitraje en menoscabo de los intereses del Estado, resolución de laudo arbitral en unos términos lesivos a los intereses del Estado, permitiendo el pago de obras que no se habían construido y que a la fecha tampoco han sido ejecutadas, fragilidad de los argumentos del MOP en el arbitraje e inconsistencia de las cifras que reflejan los estados financieros de las empresas miembros del Asocio.
La Fiscalía General de la República debe proceder con agilidad y honestidad, profundizando en las investigaciones para sancionar a los responsables de los graves hechos de corrupción cometidos en el proyecto de construcción de un tramo de la calle Diego de Holguín. Los documentos que comprueban las irregularidades cometidas en los años señalados, obran en poder de la Fiscalía, lo mismo de la Asamblea Legislativa.
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