José Ramiro Parada Díaz.11 de Septiembre. Tomado de Diario Co Latino.
Es innegable que en países como El Salvador, los recursos económicos son verdaderamente limitados; esta realidad es multicausal, falta de recursos naturales, la sobre población, la estrechez territorial, recursos mal administrados, entre otros; no obstante, para la prestación de servicios como carreteras, turismo, puertos, aeropuertos, transporte y otros se requiere de grandes inversiones, las cuales el Estado no siempre tiene la capacidad de realizarlas.
Esta realidad lleva a las autoridades nacionales a la necesidad de recurrir a terceros para dar satisfacción a estos servicios, lo que debe generar para un gobierno responsable, por lo menos las siguientes interrogantes: ¿ Cómo lograr que los bienes propiedad de todos los salvadoreños sean administrados y explotados eficientemente sin entrar en conflicto con los derechos del pueblo? ¿ Cómo podría el Estado ejercer control sobre los mismos, a fin de que se cumpla con el servicio público? Si precisamente estos bienes tienen en el servicio público su verdadera esencia, para eso están destinados.
Una alternativa sería la Concesión, figura que hoy por hoy está muy desprestigiada, pues ha sido utilizada como herramienta en beneficio extremo de muy pocos. Es importante tener claro de qué estamos hablando; es precisamente de la Concesión Administrativa y ésta según el maestro Cabanellas es “El otorgamiento administrativo, ante oferta privada o por ofrecimiento público, que se hace a particulares o empresas para la apropiación o aprovechamiento de bienes de dominio público; para construir obras de interés público, o para explotar servicios generales o locales. Las concesiones se dan por contratación directa o por licitación pública o subasta al mejor postor, la que debe ajustarse al pliego de condiciones”.
Con las malas experiencias tenidas con las privatizaciones de los servicios públicos de telefonía, distribución de la electricidad, etc., en lo relativo el coste del servicio, qué hacer para no caer en los mismos errores. Se podría revisar lo que al respecto hace la Unión Europea, que para realizar este tipo de actos administrativos; para proceder a concesionar, se debe dar una declaratoria estatal previa de bien público, del bien que se va a concesionar; la razón es dar garantía al Estado y por ende a la población en general, de que el bien una vez declarado como público, no puede ser vendido, ni trasferida su propiedad a terceros bajo ningún concepto.
Así se garantiza el patrimonio público; para la Unión Europea, es un proceso muy fácil de entender, ya que para ellos por derecho natural ese bien que se concesiona, nada más es susceptible de ser otorgada su administración y explotación, debiendo el concesionario recibir los beneficios que le garanticen su inversión, y una ganancia justa programada bajo la condición, de que no se desnaturalice la finalidad para la que fue otorgada; el Estado conserva el derecho de tomar nuevamente el control de ese bien público y administrarlo directamente o entregarlo a otro concesionario que esté en la disposición de prestar el servicio sin violentar los derechos a la población y cumpliendo a satisfacción las condiciones que el Estado le ha impuesto.
Esta aseveración es coincidente con las declaraciones de un oficial de inversiones de IFC representante de una empresa contratada por CEPA, cuando expresa que buscarán una propuesta que convenga a los intereses del país, pero, que también resulte atractiva para los operadores internacionales; él habla que es necesaria la seguridad jurídica para el inversionista; habría que agregarle que la seguridad jurídica debe ser para ambas partes, y lo anterior se confirma cuando mas adelante señala que al final, la concesión es un activo del país en donde un privado llega a invertir, por lo tanto es un negocio para los dos, la pregunta que surge es ¿Cómo garantizar tal situación? Con la declaratoria estatal de que los puertos y aeropuerto son un bien público.
Habría que poner la confianza en quienes se encuentran trabajando en el proyecto de ley que regula las concesiones en el país, a fin de que aprueben un instrumento legal que beneficie al Estado salvadoreño, y a los concesionarios, lo que en definitiva se convertirá en beneficios para la población en general y emitan una ley que produzca beneficios de corto, mediano y largo plazo, y de esa forma estaremos haciendo Patria..
La situación en el Puerto de La Unión dice de la necesidad urgente de buscar mecanismos que habiliten el funcionamiento más eficiente y oportuno del puerto, en condiciones en las cuales el Estado no tiene recursos para la inversión que amerita; la posibilidad sin duda es una Concesión Administrativa, en los términos aquí propuestos, que haga atractiva la inversión para los empresarios, pero con total garantía que los bienes públicos, propiedad del pueblo salvadoreño, van a estar garantizados en cuanto a su propiedad y sus rendimientos.
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