Plazas fantasmas de Tórrez y Serconse llegan a ANDA

Escrito por Magdalena Flores &Edgardo Ayala. Publicado por Contrapunto.

Primero en el ISSS y ahora en ANDA se descubren plazas fantasmas, lo que evidenciaría que el esquema de trabajo de Torrez era ya un patrón, fomentado por el compadrazgo político del que gozaba el extinto dirigente

SAN SALVADOR - Un nuevo caso de corrupción en las contrataciones de seguridad privada en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA) deja entrever que el fallecido y ex dirigente de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Adolfo Tórrez, utilizaba mecanismos amañados para ganar las licitaciones y proporcionar el servicio de seguridad a entidades estatales.

En las últimas semanas han salido a flote las irregularidades cometidas por la empresa de seguridad dirigida por Tórrez, Servicios Conjuntos de Contratación (Serconse), en casos como el del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Tórrez firmó un contrato con las anteriores autoridades del ISSS por $3.3 millones en el que se estableció que él ofrecía 715 guardias de seguridad, pero al final resultó que solo se trataba de unos 485. Es decir, había alrededor de 230 plazas “fantasmas”, inexistentes.

Pues bien, parece que Tórrez y su empresa Serconse hizo de las suyas también en ANDA, según una investigación de ContraPunto. Implicaría que la estrategia de Tórrez de amañar licitaciones y ganar contratos para beneficiarse económicamente era un patrón.

En ANDA, Tórrez recurrió al mismo truco utilizado en el ISSS: el contrato número 18/2008, firmado el cinco de abril del 2008 –y del cual ContraPunto tiene una copia— establecía que Serconse proveería 567 agentes, por un monto de $1.9 millones, y una ampliación del contrato realizada posteriormente agregó más guardias para totalizar 604, con un costo total de $2 millones 44 mil 942.

Pero una auditoría realizada por las nuevas autoridades de la autónoma encontró que se trataba solo de 480 agentes. Faltaban 124 guardias.

El nuevo presidente de ANDA, Francisco José Gómez, confirmó el hallazgo hecho por este periódico. “Sí, hemos encontrado irregularidades”, dijo.

ANDA pagaba $385 mensuales por agente, de modo que si eran 124 los guardias “fantasmas”, al final, en los ocho meses que duró el contrato, de abril a diciembre del 2008, la institución pagó más de $300 mil extras.

El contrato inicial fue firmado por Tórrez y el entonces presidente de ANDA, César Funes, un líder arenero.

Tórrez murió el pasado 2 de junio en un aparente caso de suicidio. El fallecimiento se dio semanas después de que el periódico digital El Faro revelara el 20 de abril una conversación telefónica en la que Tórrez ofrecía a Roberto Silva, detenido en Estados Unidos acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero, liberarlo de los cargos que pesan sobre él en El Salvador a cambio de una cuantiosa cantidad de dinero.

La cherada

La relación de amistad y “compadrazgo” entre gente como Tórrez y funcionarios de gobierno era la propicia para amañar las licitaciones y jugarle la vuelta a la ley para al final quedarse con los contratos de seguridad privada.

De las más de 235 compañías de seguridad existentes en el mercado (un ejército de más de 20 mil agentes), probablemente Serconse, con Tórrez a la cabeza, era la mejor “conectada”. Pero no solo por Tórrez mismo.

Otros fundadores y directivos de la compañía tenían (o tienen todavía) fuertes vínculos con el entonces partido en el gobierno. Vínculos gestados a lo mejor desde los días de guerra civil, porque sucede que algunas de las compañías más fuertes del sector son dirigidas por ex militares.

Además de Tórrez, Serconse fue fundada el 29 de enero de 1996 por ex militares que vivieron lo grueso de la guerra civil. Gente como el General Gustavo Adolfo Perdomo, cuyo historial militar, algo oscuro, incluye la vinculación con la violación y asesinato de la enfermera francesa Madaleine Lagadec, ocurrido en 1989. Perdomo, dicen algunas fuentes, participó activamente de una estructura clandestina dentro de Arena en la reciente campaña electoral, conocida como Grupo Omega, que realizaba actividades de espionaje político.

El analista y recién nombrado embajador en Colombia, Ernesto Arrieta Peralta, escribió recientemente en un blog que las oficinas de Omega se encontraban en un conocido centro comercial del Paseo General Escalón, al poniente de San Salvador.

Perdomo también es fundador de otra compañía de seguridad, Seflot, pero esta no participa de licitaciones públicas, dijeron fuentes del gremio.

Otro fundador de Serconse fue el Coronel Julio César Grijalva, actual diputado por Arena en el Parlamento Centroamericano.

La alta tasa de criminalidad en El Salvador hizo que el sector de la seguridad privada creciera exponencialmente, y los militares, que saben de armas, se metieron al negocio. De acuerdo a un estudio del Consejo Nacional de la Seguridad Publica (CNSP) El Salvador gastó $2,010 millones en el 2006 para contrarrestar la violencia.

Las conexiones de Serconse, gracias a los vínculos partidarios de Tórrez –él era el director departamental de Arena en San Salvador—, eran prácticamente ilimitadas en círculos gubernamentales del pasado gobierno. Y es difícil pensar cómo una licitación no iba a ser “manoseada” si el presidente de una institución autónoma, para el caso César Funes en ANDA, era parte de la dirigencia del partido al que pertenecía también el principal directivo de la compañía ofertante, Tórrez. Un partido en el que, siempre se supo, reinaban los amiguismos y compadrazgos.

Funes es un muchacho que poco a poco fue ganándose puestos de confianza primero en la estructura de mando de Arena y después en el gobierno mismo, al fungir como presidente de ANDA, cargo que desempeñó de junio del 2006 a principios de julio del 2008.

En las elecciones pasadas, las que Arena perdió para dejar estrepitosamente el poder que mantuvo por 20 años, Funes fue uno de los que siempre estaba a la diestra del candidato presidencial, Rodrigo Ávila.

Sudar la camiseta

Ese manoseo de las licitaciones del estado en el rubro de seguridad privada era evidente incluso para allegados de Tórrez que estaban también dentro del negocio de la seguridad privada.

Por ejemplo, René Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (UNAPS), dijo que algunos contratos del Estado en este rubro iban a dar a aquellos vinculados con el partido en el gobierno. “Siempre hay preferencia por los que han sudado la camiseta”, dijo.

De hecho, en un comunicado publicado en un matutino el 26 de junio del presente año, UNAPS se mostró preocupada por los escándalos en el sector a raíz de lo sucedido con Serconse en el ISSS, y se lamentaba de la “monopolización” en la contratación de servicios de seguridad, una alusión velada a Serconse.

De un total de 2 mil 100 guardias de seguridad que laboraban en Serconse, mil 500 trabajaban en instituciones de Gobierno. Además del ISSS, había agentes en el Ministerio de Gobernación y en el de Obras Públicas (MOP). En esta última, Tórrez también metió mano: jamás depositó la fianza de $84,000 de garantía para respaldar al MOP ante cualquier incumplimiento del contrato por la contraparte.

Según Rodríguez, Serconse ganaba los contratos por esas dos vías: Tórrez había “sudado la camiseta” en Arena, pero también porque los precios que él ofertaba eran lo suficientemente bajos como para ganar las licitaciones. Influyeron “las dos cosas”, aclaró.

“Yo le decía, Chele (Tórrez), no ofertés tan bajo, vas a tronar”, narró. “Y cabal, mire lo que le pasó, tronó”, señaló.

“Yo nunca pudiera optar a un contrato de esos, porque nunca he trabajo fuertemente por un partido”, agregó Rodríguez, un ex oficial de la Fuerza Aérea de El Salvador. Serconse, según el contrato en cuestión de ANDA, recibía $385 por guardia, pero Rodríguez dijo que para salir con los costos y obtener alguna ganancia el precio a ofertar debería rondar o superar los $400.

“No es cierto que nos estemos enriqueciendo en este negocio. Aquí como me ves, si hoy no me paga mi cliente grande, ya me jodí”, dijo, en referencia a que era fin de mes, hay poco dinero en la cuenta de él, y una larga fila de sus empleados aguarda afuera de la oficina, esperando su paga.

Pero de todos modos a Tórrez no le importaba ofertar con precios bajos, pues luego lo compensaba, en un arreglo oscuro para manipular la licitación y obtener dinero por guardias “fantasmas” que no proveía, como muestran las irregularidades encontradas en el ISSS y ahora en ANDA.

Otras fuentes del gremio, que prefirieron mantenerse anónimos, explicaron a ContraPunto que las anomalías en las licitaciones se daban más que todo cuando se trataba de “contrataciones directas”, un mecanismo por medio del cual el Estado compraba servicios sin necesidad de publicar un anuncio en los medios locales llamando a las empresas a que compitieran, sino que invitaba a algunas que se consideran lo suficientemente robustas para dar el servicio.

“Como no es público, sino que es directo, allí es donde se manosea todo”, dijo la fuente. Y agregó: “Uno no sabe si hay más competidores, ni puede pedir una revisión de los documentos cuando uno está inconforme con el resultado de la licitación”.

Otras fuentes dijeron que Serconse, jugando limpio, nunca habría podido ganar una licitación, porque no cumplía con los requisitos definidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Serconse estaba en serios problemas financieros, además adeudaba al fisco más de un millón de dólares, y no pagaba lo correspondiente al seguro social ni al sistema de ahorro de pensiones de los trabajadores. ¿Cómo entonces ganaba los contratos?

Conseguía la documentación ilícitamente, por medio de sus “conectes” en instancias como el ISSS o, en el caso de las AFP´s, por medio de ejecutivos de rango medio en esas compañías. De modo que a la hora de presentar la documentación en una licitación, todo parecía en regla.

Por todos esos manoseos, al menos tres ejecutivos de compañías de seguridad entrevistados por ContraPunto dijeron que no participaron en licitaciones públicas. “Estaban amañadas”, fue el reclamo de los tres.

Jaime López, especialista en temas legales de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo que aunque Tórrez se hubiera ganado las licitaciones legalmente, “sí hay un conflicto de intereses, porque está a la vista que se beneficia a un activista directo del partido (entonces en el gobierno)”.

“Si hubieran más debates sobre cómo se formó las bases de competencia o si hubiera vigilancia sobre los contratos que se adjudican, seguramente otros competidores tendría oportunidad de reclamar y evitar que esas cosas se den”, sentenció López.

Según López, el mayor problema en términos de corrupción en las contrataciones “es la discrecionalidad en las bases de competencia y el hecho de que no existen mecanismos para cruzar la información, ni mucho menos para que la gente pueda vigilar”.

El clan de la felicidad

Ese manoseo en el otorgamiento de licitaciones no podía llevarse a cabo sin una estructura de corrupción dentro del ente del Estado contratante, como quedó evidenciado en el caso de corrupción en el que participó el ex presidente de ANDA, Carlos Perla (quien fue apresado gracias a la declaración de uno de sus lugartenientes, Mario Orellana).

En el otorgamiento de las licitaciones tienen que ver, entre otros, el jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), los jefes de las gerencias financieras y jurídicas, además del presidente del ente público.

En el caso de ANDA, todos ellos salieron volando con la llegada de las nuevas autoridades. “Toda esa gente ya no existe en la institución”, dijo el nuevo presidente de ANDA, José Francisco Gómez. “Falta de confianza”, añadió.

En el caso de las anomalías encontradas por ContraPunto en ANDA, el entonces jefe de la UACI era Ezequiel José Moreno Retana, quien fue sacado del cargo con la llegada de Gómez. Moreno es ahora el jefe de la UACI en la administración de Norman Quijano, el nuevo Alcalde de San Salvador. ContraPunto intentó en varias ocasiones entrevistarlo, pero no fue posible.

En cambio, César Funes, sí fue entrevistado telefónicamente. Negó que él haya sido partícipe de un contrato amañado para crear plazas fantasmas. “No, eso es mentira. Eso, como le insisto, habría que verlo con la gente que estaba en el momento... Cuando renovaron el contrato ya no estaba yo en ANDA”, aseguró.

Funes se refiere a que él no participó en la renovación del contrato original, dada en enero del 2009, por medio de la cual se agregaron otros 37 agentes para totalizar 604. Pero Funes no aclaró lo que encontró la auditoría: que las plazas fantasmas totalizaron 124, lo cual quiere decir que la mayoría de esas provienen del contrato que él firmó.

Funes agregó: “Yo lo que sí puedo asegurar es que de acuerdo a las solicitudes, los ‘memos’ firmados, a la verificación mensual que hace cada supervisor del contrato, el tiempo que yo estuve ahí, todos los vigilantes estaban en su posición”.

La fiesta se acabó (se espera)

El nuevo presidente de ANDA dijo que la ley LACAP establece las penas en el caso de acciones ilícitas cometidas en el otorgamiento de las licitaciones. Además, están analizando con los abogados si eso pudiera llevar a enfrentar cargos penales. “Lo estamos analizando”, dijo.

Agregó que en ANDA la corrupción no se acabó con haber llevado preso a Carlos Perla, arquitecto de una red de corrupción dentro de la institución. Se concesionaron muchos servicios que en realidad era una privatización para beneficiar a amigos de los funcionarios de entonces. La querían hacer quebrar para privatizarla completamente, añadió.

“Todo eso ha sido por compadrazgos”, dijo. Y añadió: “En ANDA hubo fiesta”. Pero eso se acabó, dijo.