Plan de Funes contra la violencia genera esperanza

 Escrito por Raúl Gutiérrez. Publicado por Contrapunto.

Sin embargo, analistas sostienen que focalizar el crimen solo hará que este se vaya a otro lado

SAN SALVADOR- “Acá no hay medias tintas. Hay una decisión definitiva para terminar con la inseguridad y la violencia con políticas inteligentes y eficientes”, dijo el presidente Mauricio Funes al anunciar, hace unas semanas, el Plan Anticrisis el 18 de junio, que además de medidas de alivio a la economía familiar incluye diez disposiciones para afrontar la espiral de violencia que afecta al país.

Las afirmaciones del mandatario, en principio, no dejarían duda sobre la voluntad de su gobierno para combatir la delincuencia de forma frontal y decidida.

Sin embargo, los hechos criminales de los últimos días, como la masacre de cinco personas ocurrida la semana pasada en el municipio de Colón, La Libertad, parecieran ser una cruda realidad contra la que chocan los propósitos del Presidente.

Es obvio que no se puede juzgar a las nuevas autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) por los actuales índices de violencia y criminalidad heredados del gobierno del ex presidente Antonio Saca.

La gestión de Funes apenas lleva seis semanas y la problemática tiene acumulado un rezago histórico de varios años. Una explicación que se torna difícil de entender para la ciudadanía, que sigue soportando los 12 homicidios diarios que reporta la Policía Nacional Civil, PNC.

Durante el gobierno de Saca el número de asesinatos se disparó, pasando de 33 homicidios en 2004 a 61 por cada 100.000 habitantes en mayo de este año, lo que convirtió al país, tristemente, en uno de los más violentos de Latinoamérica y del mundo.

De acuerdo con la Coalición Centroamericana para la Prevención de Violencia Juvenil (CCPVJ), entre 1992 y marzo de este año, en El Salvador se cometieron 64,830 asesinatos, de los cuales la gran mayoría queda en la impunidad, según evidenció un estudio de 2007 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana (UCA) considera que “la mayoría de medidas anunciadas por Funes son pertinentes y positivas”, ya que los “abordajes y acciones” anunciados por el gobernante han sido propuestos desde hace años por diversos centros de investigación, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Ese enfoque “garantizaría mayor efectividad en el combate a la criminalidad y el delito, y propiciarían mayor seguridad ciudadana”, aseveró la investigadora de la UCA.

Como ejemplo Aguilar citó la “sistematización de las vedas de armas y propiciar las reformas legales necesarias que permiten la restricción de armas de fuego en manos de civiles”.

A su juicio, se deben facilitar medidas que permitan abrir “la participación de las autoridades locales y demás sectores en las municipalidades”, paradigmas que han dado buenos resultados en otros país, como Colombia, particularmente en la ciudades de Bogotá y Cali.

Entre las disposiciones que Funes implementará está una mayor presencia y operatividad de la Policía Nacional Civil (PNC) en los seis municipios de mayor índice delincuencial: San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Colón, Soyapango y Apopa, y la incorporación de elementos de la Fuerza Armada a tareas disuasivas bajo el mando de la PNC.

Sin embargo, el analista Joaquín Samayoa ha señalado que esos planes de focalizar el accionar policial en puntos geográficos específicos no dan el resultado esperado. Ya ha pasado en otras ciudades del mundo, dijo Samayoa en una entrevista televisiva, que si el Estado lleva mayor presencia y accionar policial a un zona geográfica, simplemente sucede que el crimen se desplaza a otras áreas con menos presión de la Policía.

Tampoco poner soldados que acompañen a la policía funciona mucho. Si bien la directora del Iudop respalda algunas decisiones de Funes, no dejó de criticar la utilización de efectivos de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, debido a que en su opinión, “no tiene la capacidad, experticia, ni el adiestramiento para ese tipo de labores”

Además “violenta el espíritu de los Acuerdos de Paz”, que separaron ambas tareas

-seguridad pública de la defensa de la soberanía nacional- a través de una reforma constitucional.

“No es pertinente ni adecuada” la participación de soldados en esas tareas, sostuvo Aguilar, quien recordó que durante todos los gobiernos de Arena (1989-2009) se implementó como medida temporal pero se mantuvo por casi 20 años, sin haber tenido “resultados concretos en la reducción de la criminalidad”.

Funes ha asegurado que no se trata de “violentar la doctrina de la seguridad pública que heredamos con los Acuerdos de Paz, sino de trabajar de la mano con la PNC”.

El plan de Funes desarrollará además una protección especial a las familias en las comunidades más desfavorecidas y con mayor índice delictivo, y se implementará el plan “Protección escolar”, dirigido a proteger escuelas, colegios e institutos que son blanco de la criminalidad.

Asimismo se prohibirá la portación de armas de fuego en los sitios más afectados por la violencia, así como el refuerzo a nivel nacional y, particularmente en las zonas más afectadas, de equipos antiextorsión.

Como buena noticia en medio de la ola de asesinatos, los 14 alcaldes del denominado gran San Salvador, aglutinados en el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS), acordaron el nueve de julio activar una veda de armas de fuego que entrará en vigor en cuatro semanas. La veda, que implica la prohibición de portación de armas en lugares públicos, incluirá el municipio de Colón (La Libertad), debido al alto índice de homicidios en esa localidad.

La aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Seguridad y Paz Social (que presentó un pliego de medidas al ex presidente Saca en 2007), para la conformación de los consejos municipales de prevención de la violencia y el refuerzo de los consejos criminológicos, son otras de las acciones que ejecutarán las autoridades.

“No nos va a temblar la mano para enfrentar la delincuencia y la violencia en general; actuaremos dentro de la ley, pero con el mayor de los rigores”, subrayó el mandatario durante la cadena nacional del mes pasado.

Y agregó: “El crimen organizado, el narcotráfico y los traidores a la patria que se han aliado a ellos, esos son nuestros enemigos. Y con el enemigo no vamos a negociar cuando cobra vidas inocentes, cuando siembra el terror en el seno del pueblo”.

De forma paralela, Funes anunció una serie de medidas que analistas han señalado como importantes para prevenir la violencia.

“Proteger fuentes de empleo y generar nuevas oportunidades de trabajo”, que incluye “la importación de fertilizantes e insumos agrícolas y distribución a precios de costo a los pequeños y medianos productores”, con lo que se espera beneficiar a 450 mil productores en 160 municipios en 2009.

Mientras, en 2010 el gobierno entregará dos uniformes, un par de zapatos y un paquete de útiles escolares a 1,4 millones de estudiantes de parvularia a tercer ciclo de centros escolares públicos.

En las últimas cuatro semanas, la mayoría de medios de difusión han reportado un incremento importante de los homicidios y otros delitos, pero tanto el director de la PNC, Carlos Ascencio como el titular del MJSP, Manuel Melgar, sostienen que es muy pronto para saber si en efecto se ha producido un aumento en el número de asesinatos a partir desde la llegada de las nuevas autoridades.

Si bien algunos analistas han señalado que podría tratarse de una campaña contra el gobierno de Funes, no puede ignorarse que los homicidios continúan sucediendo todos los días y que la PNC debe de redoblar esfuerzos para detener la ola de crímenes, que al final es el anhelo de la ciudadanía.

Durante la gestión Saca (2004-2009), los funcionarios de Seguridad Pública, la PNC y el mismo ex presidente se dedicaron a tratar de negar la gravedad de los hechos y se referirían a los asesinatos como simples estadísticas, ignorando que se trata de vidas humanas.

Esa práctica debería quedar en el pasado. No importa si se trata de cinco, seis o trece homicidios diarios, lo que le interesa a la población es que se actúe de forma contundente y firme contra quienes han secuestrado la seguridad de todos.

La ciudadanía, por su parte, debe tomar un papel más protagónico en la batalla contra la delincuencia, no sólo exigiendo a las autoridades el combate de la criminalidad sino también participando en iniciativas municipales o comunitarias que contribuyan a vencer ese flagelo.

Jairo Bautista, de 23 años; Elmer Rivera, de 21; María del Carmen Mejía, de 42 años; su hija, Sharon Mejía, de 17, y Alfredo, las cinco víctimas de la sexta masacre cometida en lo que va del año y la segunda en Colón, no deberían pasar a ser simples números fríos de una larga lista de asesinatos.