El derecho a la información y las medidas ministeriales

Son múltiples las razones por las cuales las autoridades están en el deber --es un deber, no una opción-- de informar acerca de quiénes se capturan o se persiguen por delitos cometidos

Editorial de El Diario de Hoy. Lunes 6 de Julio de 2009.

La "presunción de inocencia" no es un derecho universal, sino una figura para garantizar a los individuos capturados en el curso de una investigación, así como a los indiciados en delitos, que se les aplicará el debido proceso. En ningún momento esto quiere decir que el público no tiene el pleno derecho de conocer su identidad, pues se trata de sujetos que son una amenaza para sus comunidades, sus vecindarios y hasta su propia familia. Cuando alguien es acusado de manera injusta, las autoridades y los medios se encargan de restablecer su buen nombre.

Son múltiples las razones por las cuales las autoridades están en el deber --es un deber, no una opción-- de informar acerca de quiénes se capturan o se persiguen por delitos cometidos o por amenazas. La primera y más importante razón es que en tal manera se advierte a la generalidad sobre la conducta y las fechorías perpetradas por alguien que se sitúa al margen de la ley; la segunda, que sólo así es que otras víctimas de esos criminales pueden reconocerlos y declarar en su contra. Y vamos a ilustrar con tres casos la importancia de dar toda la publicidad a las capturas o persecuciones:

Cuando hay una violación, como sucedió con el sujeto que aterrorizaba a Merliot, una víctima no siempre es suficiente para comprobar el delito, pero muchas sí lo son. Lo mismo ocurre con los que sufren extorsiones o los motoristas que son acosados y muertos por mareros.

Los que sufren estafas no siempre cuentan con los papeles para encausar a alguien, pero si un gran número de personas se presenta a declarar, el caso cambia. Ha cambiado con las víctimas de la "banda de Coatepeque", un belga y su familia, como con el caso de Madoff en Estados Unidos. En nuestro medio un abogado de "muy buena posición social" ha estafado a muchísima gente, incluidos diplomáticos extranjeros, sin que las víctimas se pongan de acuerdo para presentar una demanda penal en conjunto. Publicar la foto ayudaría a otros a no caer en la trampa.

La mordaza se debe suprimir de inmediato

En los Estados Unidos, los acusados de pederastia o "molestar" niños, son marcados por las autoridades, que informan a los vecinos sobre la conducta del que reside en su medio. Cuando "El Directo" escapó de la cárcel, todo Oriente fue presa del terror, pues las muy inteligentes disposiciones de la Ley del Menor Infractor prohibían publicar las fotos del prófugo.

En el caso de extorsiones, una acusación no progresa por las amenazas que se les hacen a las familias, pero cuando la comunidad entera puede identificar a sus verdugos, es posible apresarlos y condenarlos. Ese particular delito se está transformando en el mayor castigo de las comunidades y está llevando al cierre de pequeños negocios, talleres, rutas de transportistas y a la dispersión de familias.

Pero como el señor Ministro ha dispuesto la mordaza casi total, la gente en este país no sabrá lo que sucede a más de tres cuadras de donde vive. Todo para cuidar "los derechos humanos" de los criminales.

La censura, en cualquiera de sus formas, es la peor amenaza para la institucionalidad y para las libertades y derechos de los ciudadanos. No sabemos de un solo medio independiente de difusión que no rechace semejante atropello. El gobierno debe rectificar de inmediato, pues cuando fue periodista el Presidente atacó la censura.