Mi contrato con el CNR

Escrito por Ivo Príamo Alvarenga. Miércoles, 17 junio 2009.Publicado en  LA PRENSA GRÁFICA .

En el sector privado se ha practicado siempre el llamado “retain fee”, cuya traducción sería más o menos “salario para estar a disposición”. Se utiliza cuando quien presta servicios no puede, o no quiere, estar de planta en la empresa y esta no los necesita a tiempo completo o no desea afrontar el alto costo que le representarían.

En el sector público, en situaciones como la planteada, se utiliza el contrato de asesor externo; como su nombre lo indica, consiste en adquirir los servicios de un profesional que no está destacado en la entidad, generalmente sin oficina, secretaria, transporte y cualquier otra prestación como no sea el salario. Su deber es dictaminar sobre los puntos que el jefe le presente o cumplir las tareas que le encomiende. El contrato es permitido por la ley y es compatible con otros cargos en el Estado que no requieran dedicación exclusiva. Es legal y moralmente aceptable si se prestan los servicios pactados entre empleador y empleado.

Aunque es menos común que en el sector privado, esta modalidad se usa mucho en el público. Cristiani ha recordado que el primer mandatario actual, Funes, tuvo un arreglo de ese tipo con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos cuando era dirigida por Victoria de Avilés, entre quienes hay una obvia comunión de ideas, pues el primero ha incluido a la segunda en su gabinete de gobierno. En el caso de los periodistas, la asesoría externa tiene el peligro de que se le confunda con la ominosa “menta”, la suma que alguien paga a un comunicador para que haga o busque noticias que lo favorezcan. Niego rotundamente que ese haya sido el caso del presidente Funes.

Cristiani ha dicho que en el caso del CNR, se debería hacer una investigación cuidadosa, pues lanzar nombres a la garduña puede dañar injustamente la reputación de las personas.

Yo soy una víctima. Se me ha mencionado como titular de una “plaza fantasma” en el CNR, sin tomar en cuenta o sin buscar las explicaciones que, a quien me las ha pedido, he dado.

A fines de 2004, yo deseaba transferirme a trabajar en oriente y me aboqué al director ejecutivo de la entidad registral para ofrecerle mis servicios en una plaza que pudiese estar disponible allá. Me contestó que sería más útil a la institución y acorde con mi experiencia y conocimientos una asesoría externa a su dependencia.

Tras convenir las que serían mis obligaciones, empecé a cumplirlas. Consistían fundamentalmente en darle mis opiniones sobre puntos que me planteaba en nuestras reuniones, además de continuar una amplia y profunda investigación sobre el derecho de propiedad “como base del sistema de libertades democráticas”, el cual a su terminación pasaría a ser propiedad del CNR para publicarlo. En una nota del 25 de noviembre, le propuse que otro trabajo de amplia envergadura podría ser la recopilación de la legislación en materia de registros, a lo cual no accedió.

El 7 de septiembre de 2005, le informé por escrito que había estudiado una extensa bibliografía y había comenzado a redactar el estudio, no de corrido conforme el índice que le anexé, sino saltando por párrafos de un capítulo a otro. El trabajo no pudo continuarse porque poco tiempo después, el director ejecutivo me pidió dar por terminado el contrato, a lo cual accedí sin vacilaciones.

Además de la documentación mencionada, tengo en mi poder los términos de referencia del contrato, a los cuales me apegué estrictamente.

Estas explicaciones están naturalmente sintetizadas. Pero su comprobación la pongo a disposición de quienes investiguen el caso.