Editorial deEl Faro. 29 de junio de 2009 -
El rapto y expulsión del presidente Manuel Zelaya a manos de militares ha revivido en Centroamérica un fantasma que creíamos ya exorcizado: el golpe de Estado.
Se puede discutir, y tomar posición clara, contra las intentonas de Zelaya por reformar la Constitución para quedarse en el poder, al mejor estilo de Chávez y Uribe. Se puede debatir sobre su gobierno, su incapacidad para resolver los problemas más urgentes como la violencia y la pobreza hondureña. Pero nada de ello justifica el pasmoso retroceso al pasado que han protagonizado una vez más unos militares centroamericanos.
Zelaya fue elegido por los hondureños presidente de la República hasta 2010, y si sus acciones amenazaban con atropellar la Constitución y el estado de derecho, para eso están las instituciones. Para servir de contrapeso y evitar los abusos de cualquier autoridad.
Pero si un país no está institucionalizado, ¿quién detiene a los militares que siguen siendo en Honduras unas fuerzas armadas con gran poder político?
Solo la comunidad internacional. Y para estos casos están la Carta Democrática de la OEA y las instituciones como el Sistema de Integración Centroamericana que deben inmediatamente pronunciarse contra un acto de este tipo.
Cuando conjuramos los conflictos armados en Centroamérica, en los años 90s, decidimos que nunca más resolveríamos las cosas por la vía armada, y fue una decisión asumida por todos los países de la región.
Lo sucedido en Honduras es gravísimo, porque marca el regreso de los militares a la vida política de un país y a la imposición de decisiones por la fuerza de los fusiles. Y eso hay que rechazarlo enérgicamente, para después discutir lo demás.
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