Magistrados baratos y ya sacados buscan Arena, PCN y PDC

A las puertas de acefalía en la Corte Suprema de Justicia, el bloque legislativo de derecha ha ideado una maniobra para que con solo 43 votos -en lugar de los 56 que ordena la Constitución- se pueda llenar las cinco plazas que quedarán vacantes el 1 de julio en el máximo tribunal del país.

Escrito por Sergio Arauz/Daniel Valencia.25 de junio de 2009. Publicado en El Faro.

Arena está trabajando una maniobra legislativa que permita que las cinco sillas que puedan quedar vacías en la Corte Suprema de Justicia a partir del 1 de julio, sean ocupadas por personas que no cuesten el apoyo mínimo de los 56 diputados que exige la Constitución de la República, sino que baste el endoso de 43 manos levantadas.

Ante el entrampamiento en la elección de los cinco magistrados propietarios -cuatro de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil-, los legisladores de Arena han estado cabildeando con sus colegas de los partidos PCN y PDC para que las plazas que queden vacías dentro de seis días, las ocupen magistrados de las otras salas, quienes a su vez serían sustituidos por los suplentes.

Los diputados de Arena, PCN y PDC venden el proyecto como una solución de emergencia, ante el peligro de acefalía en el máximo tribunal, que contribuyó al entrampamiento cuando ordenó al parlamento que suspendiera el trámite de elección de magistrados, al admitir un recurso contra la lista de candidatos que había hecho llegar a la Asamblea Legislativa el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

El anteproyecto de decreto es una especie de últimatum que Arena le ha mostrado al partido en el gobierno, el FMLN, ante la posición que asumió este en las últimas semanas, de negociar conjuntamente y no de manera separada la elección de los nuevos magistrados y del fiscal general, puesto que también está vacante desde hace dos meses.

Aunque la propuesta ya está redactada, según diputados de Arena, PCN y PDC, es susceptible de cambios. El texto fue redactado por un grupo de asesores jurídicos de la bancada de Arena y  supliría el vacío que dejarán el presidente de la Corte, Agustín García Calderón, otros tres magistrados de la Sala de lo Constitucional -Victoria de Avilés, ahora Ministra de Trabajo; Mauricio Clará y Julio Enrique Acosta, y uno de la Sala de lo Civil, Mauricio Velasco.

Los nombres del sustituto de García Calderón y el resto de propietarios de dicha sala aún no están definidos, pero ya hay nombres revoloteando en la mente de los legisladores de esos partidos: como posible presidenta de la Corte está en el  tapete la magistrada Rosa María Fortín, de la Sala de lo Penal. También está en borrador el nomobre de Néstor Castaneda, miembro de la Sala de lo Constitucional. Ulices de Dios Guzmán, de la Sala de lo Penal, y Miguel Ángel Cardoza, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, completan la lista.

Extrañamente, en la lista aparece otro nombre, el de la magistrada Mirna Perla, de la Sala de lo Civil, quien está vinculada a la izquierda política. Cuando se les consultó, los diputados de Arena y PDC que conocen del plan no lograron explicar el motivo por el cual han incluido a esta magistrada.

La Sala de lo Constitucional es el corazón de la Corte Suprema de Justicia, y su presidente es el presidente de todo el Órgano Judicial. Esta sala se encarga de conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo y dirimir los conflictos entre la Asamblea y el Ejecutivo.

Según la propuesta del bloque de derecha, la maniobra tendría efecto hasta cuando se resuelva la elección de los magistrados definitivos y todo vuelva a la normalidad.

El jefe de los diputados de Arena, Donato Vaquerano, asegura que el propósito de esta iniciativa no es burlarse los mecanismos de elección o pasar por alto al FMLN, sino anticiparse al posible problema de acefalía. “Tenemos hasta el 30 de este mes, vamos a convocar a una plenaria extraordinaria o dejamos abierta esta, pero algo tenemos que hacer para resolver que la Corte Suprema no quede en acefalía”, dijo este miércoles 24, horas antes de que la Asamblea convocara  a la sesión extraordinaria para el último día hábil que el parlamento tiene para resolver el asunto, que es el martes 30.

La Constitución establece que la elección de los magistrados se hace con el apoyo mínimo de 56 diputados. Dado que Arena tiene 32 escaños legislativos y el FMLN 35 de los 84 que componen el congreso, es imposible que se elija magistrados si uno de estos dos partidos no está de acuerdo.

En el FMLN, los cálculos que habían hecho no les dieron rétidos y han tenido que cambiar su discurso en cuestión de un par de meses. El legislador Roberto Lorenzana, sin embargo, le resta poder a la iniciativa de Arena, pues según él la bancada legislativa de derecha no está unificada. “Algo hemos escuchado, pero eso sería inconstitucional, nosotros aún no sabemos si está de acuerdo con esto Alfredo Cristiani”, dice, en referencia al presidente del partido Arena. El diputado de izquierda asegura que hay un equipo de su partido que aún mantienen canales de comunicación con otros liderazgos de Arena, pero prefiere guardarse los detalles.

Vacuna contra virus rojo

Rodolfo Parker, diputado y secretario general del PDC, y Roberto Angulo, jefe de bancada del PCN, defienden la jugada que están preparando, alegando que su intención se limita a preservar el funcionamiento de uno de los tres órganos fundamentales del Estado.

Cuando a Parker se le pregunta si la intención no burlará el requisito de los 56 votos, lo explica con el hecho de que en realidad ellos no van a hacer elección alguna. “No estamos eligiendo nuevos magistrados, estamos moviendo a magistrados que ya antes han sido electos con 56 votos”, dice.

Angulo agrega que no pretenden sustituir a los magistrados propietarios con los suplentes, sino que sería un último recurso que se extinguiría cuando finalmente el parlamento resuelva la elección de los magistrados propietarios, que hasta ahora está frenado por la decisión de la Sala de lo Constitucional de ordenar la suspensión del proceso legislativo.

En mayo pasado, la Corte Suprema admitió un amparo de Michelle Gallardo, entonces viceministra de Turismo y aspirante a magistrada, quien fue dejada fuera de la lista de precandidatos del Consejo Nacional de la Judicatura. Ella alegó que sus derechos fueron violentados por los miembros del CNJ. La Corte ordenó a la Asamblea Legislativa que suspendiera el nombramiento de los nuevos magistrados hasta que resuelva el caso demandado por Gallardo.

Con la admisión del amparo y la suspensión del acto reclamado, es decir la elección de magistrados en la Asamblea, la Sala más importante de la Corte Suprema trabó todo el proceso.

Pero más allá de eso, algunos de los magistrados salientes tienen un conflicto de intereses. Empezando por el mismo presidente de la Corte, Agustín García Calderón, quien aunque no firmó la resolución que ordenó a los diputados detener la designación, sí participó en el debate del caso. Aunque está por finalizar su mandato, García Calderón aspiraba a que la Asamblea Legislativa lo reelegiera para otros nueve años, pero el Consejo de la Judicatura no lo incluyó en su selección.

Igual sucedió con el magistrado Julio Enrique Acosta, quien también metió papeles ante el CNJ para que lo considerara como aspirante a un segundo mandato, pero no pasó el filtro del Consejo.

Con este panorama, si antes de este martes la Corte falla a favor de Gallardo, ellos podrían volver a ser opción a elegir para conformar la lista propuesta por la CNJ.

Por ley, los magistrados tienen un mandato de nueve años, y cada trienio la Asamblea Legislativa debe renovar una tercera parte de la Corte Suprema, compuesta por 15 magistrados. Cada tres años también, la Asamblea nombra al presidente de la Corte Suprema por los próximos tres años.

Un factor en el entrampamiento de la elección de magistrados fue la exigencia del FMLN por plantear un trueque con el partido Arena para repartirse cuotas en Corte Suprema y Fiscalía. Pero Arena terminó rechazando esa oferta porque leyó que la intención efemelenista era ganar en todo.
Y en este punto pesó el nombre de un ex máximo dirigente efemelenista, que terminó por hacer sonar las alarmas de Arena.

Otro factor ha sido que en Arena, después de la derrota en la presidencial del 15 de marzo, no ha habido interlocutor claro y, por el contrario, surgieron diversidad de facciones. Por ejemplo, en su momento un grupo de diputados areneros anunció que iban a respaldar la reelección del entonces fiscal general Félix Garrid Safie, mientras otros aclararon que no había decisión sobre eso. Otro ejemplo es el de hace dos semanas, cuando una parte de la bancada legislativa de Arena hizo una propuesta distinta al FMLN: dado que los tres nombres finalistas entre los aspirantes a fiscal general, ni uno tiene posibilidades matemáticas de lograr la elección, proponían que el ex coordinador general del FMLN Fabio Castillo se convirtiera en magistrado de la Corte Suprema, a cambio de que la jueza Gloria Lizama asumiera la Fiscalía General.

Según dicen tres diputados de la fracción de Arena que piden confidencialidad a cambio de relatar lo que conocen, detrás de este último proyecto está el ex presidente Antonio Saca y sus diputados fieles, liderados por Guilllermo Gallegos. Por eso, aseguran, el presidente de Arena, Alfredo Cristiani, dijo en público que no existían negociaciones alternas a las ordenadas por el Consejo Ejecutivo Nacional.

El grupo de Cristiani en la fracción arenera, acuerpado por el grupo de diputados fieles al también ex presidente Armando Calderón Sol, tienen orden explícita de no dejar pasar a Fabio Castillo. ¿La razón? “Hay un veto rotundo de parte de Alfredo Cristiani y ese no es punto de negociación”, resume uno de los legisladores.

Algunos magistrados cuyo mandato aún no expira aseguran que el movimiento de Michelle Gallardo respondió a las intenciones del grupo de Cristiani de frenar las aspiraciones de Fabio Castillo. Para algunos magistrados, el acuerdo de retener la lista del CNJ también fue en respuesta a un acuerdo previo entre PCN y FMLN, que querían subir a la Corte a David Cabezas, presidente del CNJ, a Fabio Castillo y a la concejal Nora Montoya, vinculada al PCN. Cuando Cabezas y otros dos consejales del CNJ se autonombraron como candidatos, Arena, PDC y organizaciones como Fusades y gremios de jueces rechazaron la decisión, y solo el PCN y el FMLN la defendieron.

Fue entonces cuando surgió la demanda de Gallardo, que la Corte aún no resuelve. Como tampoco resuelve una contrademanda en donde otros aspirantes a magistrados intentan desvanecer los alegatos de Gallardo. Por eso ahora la Asamblea ha convocado a una sesión extraordinaria para el último día del mes, esperando que la Corte se defina o que todos se pongan de acuerdo para repartirse los puestos en las instituciones. Ya sea con todos los partidos involucrados, o con el bloque de derecha creando una Corte transitoria.

La batalla por la Corte y la Fiscalía de paso ha puesto en evidencia la facilidad de cambio de discurso del FMLN, que desde el 1 de junio llegó por primera vez al Órgano Ejecutivo. En los últimos días de abril, el Frente negó que su intención fuera detener la elección del fiscal general para sumarla a una sola negociación con la de la Corte. “No hay ningún combo”, decía el todavía diputado y hoy ministro de Gobernación, Humberto Centeno. Hoy, sin embargo, el partido reconoce que el escenario los obligó a plantear  una negociación por cuotas.

“¿Por qué fue imposible hacerlo de la otra manera (elecciones por separado)? Arena no quiso, entonces nos toca negociar en esas condiciones y eso es lo que hemos pedido: que hablemos de las dos elecciones como una sola. Pongámonos de acuerdo con el fiscal y pongámonos de acuerdo con los magistrados”, dice el diputado Roberto Lorenzana.

La fracción de Arena, sin embargo, ya decidió resolver por separado ambas elecciones y le exige al FMLN que cumpla la que  fue su principal petición en la negociación del fiscal y que también la extienda para la Corte: elección independiente, libre de nombramientos partidarios y de consenso.

Contra la pared, el partido de izquierda no tiene argumentos con los cuales lavarse las manos después de haber jugado con tierra.  Por ejemplo, el 22 de mayo de 2009, en una reunión sostenida por el ex presidente Antonio Saca, el presidente electo Mauricio Funes, el presidente de Arena, Alfredo Cristiani, y el coordinador del FMLN, Medardo González, se acordó hacer unos nombramientos con olor a buenas intenciones: “Procurar la elección de profesionales independientes, imparciales, honestos en los cargos de magistrados de la honorable Corte Suprema de Justicia y de iscal general de la república”.

Contrario a este acuerdo, en el caso de la Corte, el FMLN insiste en que su principal carta de negociación para una posible presidencia del órgano judicial es Fabio Castillo, e insiste en Henry Campos como candidato a fiscal general, aun cuando ya se incorporó al gabinete del primer gobierno efemelenista, como viceministro de Justicia y Seguridad Pública.

“Con la misma vara que ellos nos han medido los estamos midiendo ahora. A nosotros sí nos dicen que Raúl Somoza Alfaro no es elegible por su perfil. ¿Y Henry Campos? ¿Pasa Henry Campos los filtros que ellos mismos han exigido en todo el proceso de selección? ¿Pasa Fabio Castillo esos filtros?”, cuestiona el coordinador de la bancada arenera, Donato Vaquerano.