La carta de McGovern: Funes debe investigar a jefe policial

Por Juan José Dalton. Publicado en ContraPunto.

La misiva contiene informaciones de graves implicaciones en contra de un comisionado de la PNC, pero también señalamientos en contra del anterior gobierno

SAN SALVADOR – El presidente Mauricio Funes recibió el pasado 8 de junio una carta que ha comenzado a causar revuelo a este pequeño país. Quizás el revuelo no se haya percibido mucho, ya que El Salvador pasa en conmoción permanente.

La carta referida se la envió a Funes el congresista estadounidense James McGovern, representante federal por el Estado de Massachusetts, y en la que le exigía abrir una investigación en contra del comisionado Godofredo Miranda, ex jefe de la División Antinarcóticos (DAN), del que sospecha está involucrado en narcoactividad, específicamente por sus presuntos nexos con la banda llamada “Los Perrones”, que operaban en el oriente de El Salvador.

La carta fue enviada a Funes el 8 de junio pasado, pero públicamente se supo de ella hasta el miércoles 23, cuando algunas de sus partes fueron publicadas en el diario local El Mundo, y al día siguiente, en La Prensa Gráfica.

Funes, al cierre de la presente edición, no ha manifestado una posición oficial respecto a la carta de McGovern. Sin embargo, su ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, declaró que el presidente le había ordenado investigar a Miranda, actualmente destacado como jefe policial en el departamento de Chalatenango.

Melgar, así como el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Ascencio, fue bastante escueto para referirse a las acciones que emprenderá el gobierno respecto a Miranda; únicamente aseguraron que Funes había ordenado la investigación en contra del comisionado Miranda, un alto oficial que ha estado en la mira de la ciudadanía desde 1999, cuando fue asesinada su sobrina Katia en un rancho familiar de playa, estando presente incluso él en la escena del crimen.

Entonces Godofredo era jefe de la División de Investigaciones Criminales (DIC), de la PNC. El proceso investigativo del crimen fue tan irregular, que pasaron 10 años y el asesinato de Katia quedó en la impunidad. Edwin Miranda, primo de Godofredo y padre de Katia, era el jefe del Batallón Presidencial y también estuvo en la escena del crimen, del cual se culpa a Carlos Miranda, abuelo de la menor, quien fue violada y posteriormente asesinada.

McGovern, vicepresidente de un comité del Congreso de Estados Unidos, detalla y pide a Funes que investiga al menos tres casos que de alguna forma están relacionados y que tienen nexos con Miranda: el asesinato de Katia Miranda, niña de nueve años atrozmente asesinada en abril de 1999 y en el que el comisionado supuestamente habría obstruido la investigación; el asesinato del sindicalista Gilberto Soto, de cuyo hecho podría estar detrás la banda de empresarios conocida como Los Perrones.

Por último, exige la investigación de la narcoactividad de Los Perrones y supuestas obstrucciones u omisiones que habría cometido Godofredo Miranda cuando era jefe de la DAN.

Otra situación trascendente y estremecedora que el congresista estadounidense asevera en su carta está referida a que él tuvo información de que el fiscal para el lavado de dinero y el narcotráfico, Rolando Monroy Sintigo, tenía en sus manos la investigación de varios delitos referidos al tema, pero que altos oficiales del anterior gobierno (de Antonio Saca) ordenaron interrumpirlas.

“Ahora usted tiene la oportunidad de demostrar la integridad de su gobierno al investigar y resolver estos hechos”, dice en la misiva el congresista, quien también le indica a Funes que él y varios de sus colegas le apoyarán en su lucha contra la impunidad, en interés de ambas naciones.

Medidas preventivas

El caso no es fácil y plantea varias aristas. Hasta el momento ninguna autoridad del gobierno ha podido explicar cómo una carta al presidente Funes de un congresista estadounidense, fue citada a medios de prensa 15 días después de haber sido enviada a su destinatario.

Asesores del mandatario consultados por ContraPunto al respecto indicaron que “no saben por qué llegó a los medios”. Se especula que la carta podría haber sido filtrada por sedes diplomáticas de cualquiera de las dos naciones. Lo que no se entiende es que el gobierno actual haya tratado de ocultarla cuando supuestamente es de su interés combatir el crimen organizado, la impunidad, así como depurar las instancias de seguridad, plagadas de irregularidades heredadas de los pasados gobiernos.

Pero existen otro tipo de problemas: la Fiscalía General es conducida interinamente por Ástor Escalante, un alto ex oficial en la rama de seguridad pública (Viceministro de Seguridad) del pasado gobierno de Antonio Saca, al que McGovern hace señalamientos graves en su carta.

Por otra parte, están también los procedimientos que tiene que aplicar la PNC, dado que la Fiscalía General no ha ordenado aún una investigación formal contra el comisionado Miranda.

El sub-director general de la PNC, comisionado Mauricio Ramírez, explicó que “sobre el posible involucramiento de algunos miembros de la institución y Los Perrones, ya se ha iniciado un procedimiento administrativo y también penal”. La Inspectoría de la Policía lleva de oficio el proceso desde que se hicieron públicos varios reportajes periodísticos alusivos al caso.

El comisionado Miranda “está en funciones”, es decir, no está detenido, pero existen medidas preventivas que se han aplicado, según dicta la legalidad, por ejemplo, acciones para evitar que el señalado o sospechoso no obstaculice la investigación.

“Hay una investigación de oficio, pero hay una legalidad que respetar”, manifestó Ramírez Landaverde, quien luego valoró que la carta de McGovern constituye un “hecho grave y de enorme preocupación”.