Por Armando Rivera Bolaños. Domingo 21 de Junio de 2009. Publicado en El Diario de Hoy.
Desde los años iniciales que estuvimos en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), pudimos darnos cuenta que uno de los problemas que iba a enfrentar la naciente Policía Nacional Civil (PNC), sería su escaso número de investigadores en el área de los homicidios, dado que con el desaparecimiento acelerado de la ex Policía Nacional, muchos de los experimentados investigadores que allí se desempeñaban pasaron a la situación de retiro y siempre consideramos que éste fue uno de los mayores errores cometidos, después del conflicto fratricida que padecimos.
Dentro del proceso de mejoramiento que tuvo la ANSP en los meses subsiguientes, contamos con la cooperación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través del Programa Internacional de Entrenamiento en Investigación Criminal, o ICITAP, por sus siglas en inglés, pero aquí de nuevo tuvimos escollos inesperados como fue la negativa de uno de los primeros directores generales de la PNC de mandarnos agentes para los cursos de ICITAP, que obligó a las autoridades académicas a dirigirse primero al entonces ministro de Seguridad Hugo Barrera, y por último, al mismo Presidente Calderón Sol, a fin de que se resolviera la tozudez de aquel jefe policial.
Cuando al comisionado Tobar Prieto lo ascendieron a dirigir la PNC, alentamos la confianza de que por su experiencia, ayudaría a la formación de investigadores policiales, pero todo hace indicar que se falló en este aspecto, ya que no podemos olvidar que la investigación criminal es la columna vertebral de cualquier policía en el mundo y la ANSP cuenta con el material, equipo y recursos como para realizar una buena formación de más investigadores en el ámbito criminal, tan urgente para el país que en estos momentos tiene un promedio de doce homicidios diarios.
Estar achacando esos hechos sólo a rencillas entre las pandillas, me parece una postura cómoda e irresponsable, pues eso contribuye a que las puertas de la impunidad se abran de par en par, en perjuicio de la paz social y la seguridad ciudadana. No se hacen indagaciones de ninguna índole, se etiquetan todos los crímenes con el rótulo "por averiguar" y nadie hace nada al respecto, acarreando y aumentando la desconfianza de la sociedad en la capacidad policial para detener el flagelo criminal que nos asfixia y extermina.
Pero al otro lado tenemos el papel deficitario de la Fiscalía General de la República (FGR). Y lo decimos, porque a diario, los que somos litigantes, nos damos cuenta que algunos "fiscalitos" dejan mucho qué desear hasta en la forma de redactar sus requerimientos, o de plantear sus recursos, cuando los defensores les ganan el caso.
Además de eso, tenemos que ciertas oficinas de la FGR no cuentan con suficiente personal ni con los recursos necesarios, como pudimos observar en Sensuntepeque, donde solamente hay tres fiscales en la Unidad de Delitos contra la Vida, para todo el departamento de Cabañas. Y lo mismo sucede en otros departamentos de nuestro país.
Y este problema debe ser un asunto prioritario que debe encarar y resolver, o por lo menos minimizar, quien sea elegido como Fiscal General de la República, el cual debe incluir recomendables para su personal no sólo para que dejen de amedrentar testigos, sino que se pongan a trabajar por y para la sociedad. No basta que se combatan las pandillas, o se hagan requisas carcelarias, la solución central de la delincuencia va a residir en tener más investigadores y mejores fiscales. Por allí comencemos.
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