La carta de McGovern indica sospechas obvias sobre comisionado Miranda

Por Raúl Gutiérrez. Publicado en ContraPunto.

Entrevista a Leonel Gómez, analista y consultor de congresistas estadounidenses.

SAN SALVADOR. El presidente Mauricio Funes instruyó esta semana al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, a que se investigue al comisionado de la Policía Nacional Civil (PNC), Godofredo Miranda, por posibles vínculos con la banda de narcotraficantes los Perrones.

Uno de los hechos por los que se investigará al jefe policial es el “extravío” de un informe que las autoridades costarricenses enviaron a Miranda en 2005 sobre actividades criminales de esa banda en Centroamérica, que aparentemente también está implicada en el asesinato del sindicalista salvadoreño-estadounidense, Gilberto Soto en noviembre de 2004, en el departamento de Usulután.

Al comisionado Miranda, además, se le señala de haber contaminado la escena del crimen donde fue violada y asesinada su sobrina, Katya Miranda, en abril de 1999, en un rancho de playa, propiedad del tío del jefe policial, Carlos Miranda, quien guarda prisión en un atiborrado proceso por presunta participación en el crimen de su nieta, aunque no exactamente por el homicidio, hecho por el cual fue juzgado años atrás y liberado por falta de pruebas.

La orden presidencial para que se investigue a Miranda tiene su origen en una carta que el congresista demócrata por Massachussets, James McGovern, le envió a Funes el ocho de junio, en la que exhorta al gobernante a indagar por esos hechos al comisionado de la Policía.

Gómez, sociólogo y consultor de los congresistas estadounidenses demócratas Patrick Leahy y McGovern, aseguró a Contrapunto que si bien la carta es una muestra de confianza hacia Funes, también trae implícito una petición para que el Presidente demuestre su determinación para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Gómez también aseguró que para lograr el apoyo de Estados Unidos “se necesita mejorar la imagen de El Salvador, y que el tema del sistema de justicia es crucial para conseguir eso, ya que el departamento de Estado por años ha señalado que ese sistema es corrupto e ineficiente”.

Criticó, además, que todo esto sucede mientras “el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) no actúa de forma debida, ya que la inseguridad es un problema de Estado”.

Este caso, añade Gómez, evidencia una vez más los señalamientos sobre “la penetración que ha hecho el narcotráfico y el crimen organizado de las instituciones del estado”.

Gómez se mostró satisfecho por la orden de Funes para que se investigue a Miranda porque esta decisión es un precedente histórico, ya que nunca antes un presidente había tomado una decisión como esta.

Extractos de la conversación que Contrapunto sostuvo con Gómez, quien en 1991 trabajó con el ahora fallecido congresista demócrata Joe Moakley en la investigación de la masacre de seis sacerdotes jesuitas cometida por ejército salvadoreño en noviembre de 1989.

-A su juicio, ¿cuál es el significado de la carta del congresista McGovern?

Primero, la carta evidencia la confianza que McGovern deposita en el presidente Mauricio Funes y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar.

La misiva también indica que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a apoyar (equipo, asesoría y financieramente) a la PNC en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero al mismo tiempo pide al gobierno que demuestre su compromiso por combatir esos flagelos.

McGovern indica en la carta que hay sospechas obvias de vínculos entre Miranda y la banda de los Perrones y su posible responsabilidad en la contaminación de la escena del crimen de la niña Katya Miranda, y sobre la “pérdida” de un informe que los (autoridades) costarricenses le enviaron al comisionado sobre los Perrones.

Estos casos, como otros, no son difíciles de investigar y resolverlos.

La carta es parte de un esfuerzo político no tradicional. McGovern no podría haberla enviado sin el visto bueno del Ejecutivo (gobierno de Barack Obama). Este es un mensaje del más alto nivel.

-En su opinión ¿Cuáles son las implicaciones de la carta para el nuevo gobierno?

Es una carta amistosa que refleja el acogimiento con que Hillary Clinton recibió el discurso de asunción de Funes, y ella le manifestó al Presidente su disposición de apoyar al nuevo gobierno en el combate de esos flagelos (narcotráfico y crimen organizado).

Lo que la ciudadanía, y en este caso el congresista James McGovern, espera es que el discurso de Funes en cuanto a esos temas se materialice, ya que en el pasado los gobiernos de Arena han dicho lo mismo aunque jamás investigaron este tipo de hechos.

Ese mensaje diplomático no debe ser mal entendido como imposición o intentos de mangonear al nuevo gobierno, porque los estadounidenses están claros que se trata de un tema de interés común (lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado) y que estos males amenazan la seguridad nacional de ese país norteamericano.

Yo le tengo una gran fe al presidente Funes; yo creo que es un hombre íntegro y trabajador, aunque el problema de ser Presidente es que no solo se está ahí para dar posturas sino para dar resultados concretos de su gestión.

Si Funes no actúa pagará un precio político enorme porque él se declaró como un gobierno de cambio, y si ese cambio se retarda o no se hace nada…. la crisis de seguridad no puede esperar.

-¿Cuál es su valoración sobre la reacción del gobierno y la PNC sobre esta carta?

Yo voy a juzgar con base a resultados. El futuro del país depende de cómo se resuelvan estos problemas en los que se requiere de acciones tanto del gobierno de El Salvador como de Estados Unidos. Si nosotros no arreglamos el sistema judicial, se atenta contra el desarrollo de este país, porque no vendrá inversión extranjera y no se crearán empleos.

Ya es una costumbre que los crímenes no se resuelvan en este país. Sólo para mencionar algunos ejemplos: el de Monseñor Oscar Romero y las cuatro monjas estadounidenses asesinados en 1980, el de Rodolfo Viera, presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y sus dos asesores estadounidenses.

-¿Cuál es el peso político del congresista McGovern?

En el Congreso estadounidense, tanto McGovern como el senador demócrata Patrick Leahy son fuente de consulta obligada para temas en Centroamérica, porque son las dos personas que más saben de la región y están comprometidos e identificados con estos países. McGovern es parte del “Rules Committee”, que reglamenta las leyes.

Leahy, por su parte, es miembro del “Appropriations Committee” y es presidente del subcomité que decide toda la ayuda internacional de Estados Unidos. Ambos congresistas son considerados por su partido como expertos sobre Centroamérica. Son dos congresistas de mucho peso