Escrito por Yolanda Magaña. Publicado en Diario El Mundo.
Si hay algo que cualquiera admira de un salvadoreño es la gran conciencia de lo que significa un favor.
¿Qué persona recién llegada a la política salvadoreña no se unta de la tradicional e interminable cadena de favores en el Estado? En los tres poderes del Estado, la ausencia de favours es un escenario tan inverosímil e inconcebible, independientemente de quién conduzca el poder Ejecutivo. Por eso, el atraso en la llegada de cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de un Fiscal General de la República es, en este país, normal. Aquí hay favores.
En toda institución los cargos se reparten entre amigos, conocidos, recomendados o acreedores de favores. Y no solo ocurre en la Asamblea Legislativa. Solo la Corte Suprema de Justicia tiene la potestad de designar a dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a un miembro en el Tribunal del Servicio Civil, a directivos en la Superintendencia de Electricidad y Comunicaciones (Siget) y en la Superintendencia del Sistema Financiero, al presidente de la Junta de Carrera Docente y del Tribunal de la Carrera Docente, a un miembro directivo del Tribunal de Etica y a los miembros presidentes de la Junta de la Carrera Docente de los 14 departamentos.
Y ningún cargo se da de manera fortuita. Lo dicen magistrados. Y ocurre hasta en los juzgados: “Aquí, hasta la contratación de un ordenanza es negociada”, me decía un empleado.
¿Y qué hay de las directivas del Registro Nacional de las Personas Naturales y el Fondo para la Vivienda Popular (Fonavipo)? Se constituyen por nombramientos de instancias como la Corporación de Municipalidades de El Salvador (Comures) y diferentes ministerios del Ejecutivo que negocian, de forma pública, cuotas partidarias. Este no es un problema de leyes.
Que se nos quite la manía de encontrar las soluciones en la legislación: que la honestidad de los funcionarios encargados de nombrar a los funcionarios idóneos, capaces y de real confianza no se dicta por decreto.
Aquí, hasta la confianza de los cargos está distorsionada. Resulta que los funcionarios confían en sus amigos o en sus familiares. Se trata de una confianza con raíces afectivas y no de una confianza profesional. Tras los cargos de confianza en el Estado salvadoreño, se esconden intereses que lejos de ser públicos tienen como motivación principal el más descarado intercambio de favores. Acaben con esta industria. Y éste no es un favor para nadie, es un deber.
Muy filudo y pulsudo el articulo. Que mas se puede escribir? nada...ella lo ha dicho todo.
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